El PP se abstiene en la supresión de los aforamientos y exige un debate nacional

Los populares entienden que la reforma del Estatuto de Autonomía es «un parche» que generará más desigualdades entre territorios

Suprimir la condición de aforados de los diputados regionales y los miembros del Consejo de Gobierno de la Región no soluciona los verdaderos problemas que padece Murcia, sino que generará más desigualdad entre territorios mientras no se aborde esta reforma en el ámbito nacional. Ese fue el argumentario defendido ayer por los miembros del Partido Popular en el Congreso de los Diputados tras abstenerse en la votación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia para eliminar los aforamientos.

Así, con 189 votos a favor, 149 abstenciones y un voto en contra, se dio un paso adelante en una reforma pionera en España aprobada por unanimidad en la Asamblea murciana el pasado mes de abril, tras ser exigida por Ciudadanos (Cs) como condición para apoyar la investidura de Fernando López Miras (PP) como presidente.

No obstante, a los ojos del PP, «despojar a los 55 aforados de la Región de Murcia no soluciona nada cuando en el resto de España hay más de 200.000». Así lo trasladó el diputado popular por la Región, Francisco Bernabé, tras recordar que quienes están aforados «no quedamos impunes de nada» y que desde su partido se han mostrado siempre a favor de reducir el número de personas que tienen dicha condición.

«Cabe recordar también que el PSOE, que hoy defiende dicha modificación, rechazó esta propuesta en la Comunidad Valenciana junto a sus socios de Gobierno (Compromís), hace tan solo dos meses. Y en mayo, en Andalucía anunciaron que su preferencia era que se abriera un debate nacional. Es necesario abordar este debate sin demagogia, con rigurosidad y sosiego».

Durante el turno de intervención de los ponentes escogidos por el Parlamento murciano para presentar dicha reforma estatutaria, el portavoz del Grupo Popular, Víctor Martínez, incidió en que su partido estaba «de acuerdo en el fondo, pero nunca en las formas». Lamentó que en lugar de hacer historia en el Congreso y llevar a cabo una reforma global de las competencias del Estatuto, como la revisión del sistema de financiación o la asunción de las competencias de Costas, «se demande una modificación ‘exprés’, que no da solución a los desafíos que necesita nuestra región».

En este sentido, ahondó en la idea de que la reforma podría agrandar más las desigualdades que hay entre autonomías. «¿Qué sentido tiene que Murcia pierda los aforamientos mientras que los líderes de Cataluña o Andalucía están más protegidos? Exigimos las mismas reglas del juego para todos».

A su juicio, es una «paradoja» que se pretenda igualar judicialmente a políticos y ciudadanos al tiempo que crecen más las desigualdades entre la clase política.

Por su parte, el representante de Cs, Miguel Sánchez, enumeró países que o no tienen aforados o cuentan con pocos políticos con esta condición. «¿No les parece que tenemos una inflación de aforados? Hay que meter la tijera, eliminar sonrisas y aplicar la igualdad ante los tribunales de justicia».

Desde el PSOE murciano, Joaquín López Pagán apuntó a la necesidad de suprimir esta condición después de que Murcia viviera la «mayor crisis institucional con la imputación del expresidente Pedro Antonio Sánchez en casos de corrupción», algo que fue reprochado por el PP al acusarle de protagonizar un «ejercicio vil y rastrero por condenar a una persona sobre la que los jueces no se han pronunciado».

La supresión de los aforamientos se defendió, por todos, como una de las claves de la regeneración democrática, pero fue exigida en su totalidad en España y «no de manera parcial».