La CHS detecta 3.600 hectáreas de regadío ilegal y anuncia sanciones

La Junta de Gobierno aprueba aumentar las restricciones en la Cuenca del Segura al estar en «prealerta»

El campo murciano se llevó ayer un nuevo varapalo después de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, anunciara la localización de 3.600 hectáreas de regadíos ilegales, «que en principio no constan que estén inscritas en el registro». La CHS, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, celebró ayer su Junta de Gobierno, y minutos antes de reunir a los representantes del sector, Urrea adelantó que cuando se compruebe la «ilegalidad» de los terrenos, se aplicará la sanción correspondiente, «que implica una económica y la valoración del daño al dominio hidráulico público».

Al parecer, según las primeras estimaciones, la superficie en la que se puede regar en la cuenca del Segura abarca 262.000 hectáreas, por lo que las 3.600 no registradas únicamente suponen un 1,5 por ciento del total.

«La mayor parte de los regadíos está sujeta a la ley, y la CHS determinará aquellos que no lo estén cuanto antes». En este sentido, Urrea detalló que después de que se compruebe la cantidad de agua extraída de manera ilegal, se procederá a sancionar con 0,72 euros por metro cúbico extraído. «Se trata de una cantidad muy importante, ya que ninguna cuenca en el territorio nacional tiene una sanción de esta envergadura».

Restricciones de agua

Por otra parte, una vez acabada la Junta directiva, se anunció la aprobación del incremento de medidas de ahorro para el consumo de recursos en agricultura, «que suponen una disminución del 15 por ciento en los derechos para los regadíos anteriores a 1933, y del 24 por ciento para los posteriores».

Al parecer, el índice del Estado Global de la cuenca del Segura se mantiene en «prealerta» por sequía, debido a los últimos episodios de lluvias que ayudaron a que no empeorase la situación, encontrándose actualmente al 34 por ciento de su capacidad.

Esta decisión no convenció al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, quien se mostró contrario a mayores restricciones. «Esto retrasaría la recolección hortofrutícola de los agricultores por falta de calibre».

Pero al parecer, el titular de la Consejería fue de los pocos que se quedó al margen en la oposición a las restricciones. El presidente del Sindicato Central de Regantes (Scrats), Lucas Jiménez, se mostró partidario porque, a su juicio, «conviene ser precavido y garantizar que podamos empezar el año con ciertas garantías».

No obstante, Del Amor apuntó a que ahora es «el peor momento» tras seis meses desde la anterior reducción. «No tiene sentido que se le pida ahora a los agricultores que se ajusten el cinturón, cuando la CHS debe mimar el recurso de mejor manera ajustándose a la curva de desembalse aprobada a inicios del año hidrológico».

El vertido de Escombreras, en el punto de mira

El presidente de la CHS, Mario Urrea, señaló ayer que el organismo está a la espera de los resultados de las muestras del posible vertido de hidrocarburos en el polígono industrial del Valle de Escombreras, en Cartagena, para ordenar la apertura de un expediente sancionador. «Según los responsables, el vertido se debió a las lluvias y, al parecer, «a la insuficiencia de infraestructuras para poder laminar ese episodio».