«Todos los partidos deben apoyar la Ley de Accesibilidad Universal»

La presidenta de la Federación de Asociaciones de personas con discapacidad pide consenso

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy el Anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal que garantiza el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Carmen Gil, presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif/Cocemfe), valora positivamente la iniciativa, en la que las organizaciones de afectados han dedicado mucho esfuerzo. «Llevamos mucho tiempo trabajando en ella, porque es muy importante concienciar a la sociedad de la necesidad de cumplir la ley para que todos tengamos las mismas oportunidades. Además, no hay que olvidar que las organizaciones internacionales prevén que para el año 2020 deben garantizarse los principios de igualdad y no discriminación».

La nueva Ley

El objetivo de la Ley, a cuyo texto ha tenido acceso LA RAZÓN, es promover y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en « los entornos, procesos, bienes y servicios a través de todas las herramientas posibles, para que puedan ser utilizados de forma autónoma por cualquier persona». Su ámbito de aplicación se extiende a todo tipo de edificaciones, espacios públicos urbanizados y naturales, transportes e infraestructuras, telecomunicaciones, bienes y servicios a disposición del público, relación con las Administraciones públicas, patrimonio cultural y empleo. «La Ley es muy amplia y actúa en todos los sentidos, desde el transporte urbano, Renfe, interurbano, las edificaciones, el área turística... para que las personas con discapacidad puedan estar en los mismos lugares que el resto. No debe haber limitaciones y en muchas ocasiones nos las encontramos. A veces es difícil tomar un café en determinados lugares. Queremos consumir como el resto de ciudadano y las barreras arquitectónicas nos lo impiden».

Carmen Gil asegura que «hace mucho tiempo que se debían haber puesto encima de la mesa las actuaciones que ahora se plantean. Durante años los colectivos de personas con discapacidad nos hemos volcado en ello. Por eso ahora instamos a todos los partidos políticos a que la aprueben cuanto antes».

Entre las condiciones de accesibilidad en la edificación, la norma hace hincapié en que los ascensores de las viviendas deberán acceder a todas las plantas del edificio, incluidas las que no tengan ocupación o zonas comunitarias. También deberán disponer de mecanismos que permitan la apertura a distancia de la puerta de los edificios. Las viviendas de nueva construcción deberán garantizar el acceso con silla de ruedas desde la entrada de la casa a un dormitorio, la cocina y un área de higiene personal, en caso de que el proyecto no lo cumpla no podrán obtener las licencias correspondientes.

La Ley dispone que los ayuntamientos deberán desarrollar Planes Municipales de Accesibilidad para la adaptación gradual de los edificios y espacios públicos ya existentes para que sean utilizados «de modo no discriminatorio». En el desarrollo de la norma se establecerán los plazos para hacerlo.

Los edificios destinados a infraestructuras relaciones con el transporte por ferrocarril, aéreo, carretera, fluvial, urbano y suburbano deberán también adecuarse en los plazos que se establezcan, «siempre que sean susceptibles de ajustes razonables mediante adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada».

Así mismo se establece la necesidad de garantizar la capacidad de cualquier persona para llegar, en condiciones óptimas, a los lugares de residencia, trabajo, formación, asistencia sanitaria, interés social, cultural, ocio u otros destinos de interés particular, utilizando el medio de transporte elegido. «Todos debemos tener las mismas oportunidades y derechos». Carmen Gil asegura que con la nueva norma se beneficiará toda la sociedad, porque «permite la accesibilidad para todos los ciudadanos y sus circunstancias».

Plena integración en el mercado laboral

La nueva Ley establece el empleo como uno de sus ámbitos de actuación. Carmen Gil señala en este sentido que la situación laboral de las personas con algún tipo de discapacidad es muy complicada. «En este aspecto también hay que dar a conocer que las personas con discapacidad quieren un puesto de trabajo como el resto de la sociedad, porque la mayoría están perfectamente cualificados para optar a un empleo. Es necesario que la Administración exija el cumplimiento de todas las normas, para que nadie pueda ser discriminado. La normativa en materia de contratación establece que las empresas de más de 50 trabajadores deben contratar un 2 por ciento de su personal con algún tipo de discapacidad. En muchos casos no se está cumpliendo». La presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica asegura que sus organizaciones tiene una bolsa de trabajo con 9.500 personas en busca de empleo, que están perfectamente cualificados para desarrollar en igualdad de condiciones su labor. «Queremos que nos den la oportunidad de demostrar nuestra preparación». Carmen Gil reivindica un mayor apoyo de las grandes empresas y superficies y agradece el respaldo de los más pequeños. «Tenemos más facilidad para llegar a los pequeños empresarios, que han dado una respuesta muy favorable, pero hay que avanzar. Nuestro colectivo quiere ser uno más». Otro elemento a destacar de la Ley es la creación, como órgano consultivo y de participación, del Consejo Asesor Regional de accesibilidad universal de la Región de Murcia, cuya misión fundamental será velar por el cumplimiento de la norma en todos sus ámbitos. Estarán representados los departamentos del Gobierno y, en un 75 por ciento, las asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, así como los consumidores y usuarios.