Citan a declarar como investigado al ex gerente de la Mancomunidad del Guadalquivir

La investigación deriva de la denuncia de un trabajador respecto a una convocatoria «fantasma» de empleo

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río (Sevilla), Elena Alonso Acero, que investiga un presunto delito de prevaricación por la contratación de tres trabajadores en la Mancomunidad del Guadalquivir, ha citado a a declarar el próximo 16 de noviembre a Jorge Ribera Cancelo, ex gerente de este organismo y durante una quincena de años en el cargo, en calidad de investigado.

Igualmente, la jueza que investiga esta causa, en la que también se encuentra acusado al ex presidente de la Mancomunidad y el ex alcalde de La Puebla del Río Julio Álvarez González (PSOE), ha citado como testigos el mismo día al jefe del área técnica de servicio, un técnico del departamento jurídico y un técnico del departamento de personal de la Mancomunidad, según se recoge en una providencia, con fecha de 25 de octubre.

El pasado 29 de mayo el ex alcalde de La Puebla del Río Julio Álvarez González (PSOE) defendió ante la juez que no intervenía en las contrataciones y se limitaba a firmarlas confiando en el trabajo de su “equipo técnico”. Según su acta de comparecencia, recogida por Europa Press, a la hora de prestar declaración como investigado, Álvarez González habría aceptado responder las preguntas del juez instructor y de su defensa, pero no de la acusación particular.

La investigación deriva de una denuncia inicial de un trabajador respecto a una convocatoria “fantasma” de empleo de la Mancomunidad del Guadalquivir, que presta labores de recogida de residuos sólidos, recogida selectiva de residuos o limpieza viaria en 27 municipios, cuando la misma era dirigida por Julio Álvarez.

A partir de ahí, la propia Fiscalía solicitó que el ex presidente de la Mancomunidad y ex alcalde de La Puebla del Río declarase como investigado, merced a un informe de los servicios jurídicos de la Mancomunidad, del que “se desprende que al menos hubo tres contrataciones de trabajadores que se realizaron sin que conste que hubiera procedimiento de selección”.

En ese sentido, Julio Álvarez González defendió en su comparecencia que aunque es cierto que firmaba los contratos de trabajo porque tal extremo formaba parte de su responsabilidad como presidente de la Mancomunidad, no tenía “ningún tipo de intervención” en los procesos de contratación. Es más, aseguró desconocer “el procedimiento administrativo que debía seguirse para la contratación de los trabajadores”, pues “únicamente iba a la Mancomunidad para firmar la documentación”.

Y es que según su tesis, su “equipo técnico traía el trabajo hecho” y él “sólo firmaba, entendiendo que los procedimientos eran conformes a la legislación” y preguntando siempre si las contrataciones “venían con el visto bueno de los sindicatos”, cuyos representantes “tenían pleno conocimiento” de tales contrataciones.

Así, ha reconocido que conocía a dos de los trabajadores cuyas contrataciones se investigan, al ser ambos vecinos de su municipio, insistiendo en que al firmar los contratos, estaba “convencido de que se habían tramitado conforme a la legalidad”, dando “por bueno” el trabajo previo del “equipo de recursos humanos”.

Julio Álvarez González, recordémoslo, fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos, por gastar como alcalde de La Puebla 6.098 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos, con el teléfono móvil del Ayuntamiento de dicha localidad sevillana.