La Audiencia juzga desde este martes a Lopera por apropiación indebida en su gestión del Betis

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de este martes al expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida en su gestión del club, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes consultadas han indicado que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado el inicio del juicio contra Lopera y el resto de acusados para este martes, cuando tendrá lugar la presentación de las cuestiones previas, tras lo que el juicio se retomará el 5 de junio con la declaración del expresidente del Betis.

En total, la Audiencia Provincial ha fijado 24 sesiones para el juicio, pues también está fijado para los días 6, 8, 12, 13, 19, 20 y 22 de junio; 10, 11 y 13 de julio; 4, 5, 7, 11, 12, 14, 19 y 26 de septiembre, y 3, 10, 17 y 31 de octubre, cuanto está previsto que el juicio quede visto para sentencia.

El juicio contra Lopera y otros siete acusados será presidido por el magistrado Ángel Márquez.

Cabe recordar que la abogada de Lopera, Encarnación Molino, ha solicitado la libre absolución de su patrocinado porque “no ha existido disposición, apropiación ni apoderamiento de fondos” de la entidad “ni se ha producido enriquecimiento o beneficio alguno” para él y su entorno familiar.

En su escrito de conclusiones provisionales, la letrada pone de manifiesto que Lopera “no es responsable de ningún delito” porque, además, “no ha incumplido sus deberes de diligencia, ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico” del Betis, al que “no ha provocado perjuicio alguno”.

Frente a ello, la Fiscalía solicita para el ex presidente del Betis tres años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pide pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros. De forma alternativa, interesa condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal.

En su escrito de acusación, la fiscal, que solo acusa a cuatro de los ocho procesados, solicita que Lopera abone al Betis de forma conjunta y solidaria junto al también acusado Guillermo Molina Pérez 591.017,41 euros en concepto de indemnización, y subsidiariamente que se condene al pago de dicha cantidad a Tegasa.

Reclama que paguen 3.078.742,84 euros al Betis, cantidad de la que deben responder solidariamente como “cómplices” María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro. La Fiscalía pide también que se condene a Encadesa al pago de esta segunda cantidad de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a Farusa solidariamente por 450.759,08 y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente en 90.151,82 euros.

El Ministerio Público relata en su escrito que Lopera, como consejero delegado del Betis desde el 2 de septiembre de 1992, propuso en abril de 1993 al Consejo de Administración “a fin de procurar solvencia” al club “ante su deficitaria situación económica” que Tegasa gestionara los recursos de la entidad, “materializándose su consentimiento” en la suscripción en un contrato de “arrendamiento y prestación de servicios” entre el presidente del Betis, José León, y Tegasa, representada por su administrador único, el procesado Francisco Javier Páez.

Este contrato “tenía por objeto conseguir apoyo económico y financiero” para el Betis, dice la Fiscalía, que añade que Lopera “gestionaba” el Betis y Tegasa “con el asesoramiento” de Molina, “perito mercantil e íntimo colaborador, a quien había otorgado plenos poderes para actuar en nombre de Tegasa”, ejerciendo “como administrador de hecho de la misma, desempeñando el procesado y sobrino de Lopera Francisco Javier Páez un cargo puramente testimonial” hasta que fue sustituido en enero de 1996 por González Martínez, nombrada por Lopera administradora única de Tegasa “por ser de su confianza y socia” en la entidad Frigimueble desde 1975.

Conforme al contrato suscrito, Tegasa “se obligaba a atender pagos ordenados por el club, hasta el límite de 850 millones de pesetas, a cambio de ceder en arrendamiento el Real Betis sus instalaciones, derechos y servicios para gestión y cobro, con compromiso de respetar ‘el fin primordial del Real Betis: la práctica del fútbol en competición oficial’”, agregando que Tegasa “afrontó mayores gastos que los comprendidos en la pericial”.

La Fiscalía explica que “dichos mayores gastos resultan” de cuentas contables de Tegasa acreditan “mayores gastos de 336.884,280 pesetas, que sumados a 2.715.716,338 pesetas informados por la pericial, supone una aplicación por Tegasa de recursos económicos en beneficio de la actividad deportiva del Betis ascendentes a 3.052.600.618 pesetas --18.346.499,21 euros--”.

“Las cuentas anuales del Real Betis informaban a los accionistas en el informe de gestión, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de auditoría de la realización de los diversos contratos de prestación de servicios con Tegasa”, dice el Ministerio Público, que asevera que las cuentas se aprobaron en las juntas generales en todas las temporadas, no existen impugnaciones de los acuerdos o reclamaciones por impedimento u obstrucción del ejercicio del derecho de información a accionistas”.

En este punto, explica que en 1999 los resultados positivos de temporadas anteriores y la corriente, 98/99 --27,3 millones de euros-- “evidenciaron el cumplimiento de los objetivos y finalidad de los contratos suscritos”, señalando que Lopera firmaba contratos a partir de 1996 en representación del Betis en su calidad de consejero delegado, “a pesar de su vinculación personal y patrimonial con Tegasa y Farusa”. Añade que “por ello tenía el deber de ser el más celoso gestor de los intereses del club, aprovechó favorables circunstancias económicas para perpetuarse al frente, disponiendo y planificando arbitrariamente el futuro a corto y medio plazo del Betis para que siguiera bajo su gestión y tutela como si fuera otra sociedad más de su grupo familiar”.

Todo ello, “incumpliendo” deberes de diligencia y “extralimitándose en sus funciones, sin informar ni contar con la aquiescencia del consejo de administración, organizó la sucesión de Tegasa en la gestión de recursos y fondos del Betis, sustituyéndola por una sociedad creada para ello, Encaje del Deporte Sociedad Anónima (Encadesa)”, punto en el que precisa que, junto con González Martínez, “continuaron con la gestión a través de Tegasa y Encadesa, dando cobertura formal a ésta con contratos suscritos “entre ellos mismos, sin intervención ni autorización del consejo de administración del club”.

“La firma de los contratos es utilizada por Lopera, con colaboración de administradores de hecho y de derecho acusados Molina Pérez y González Martínez, para beneficiar económicamente a Tegasa y Encadesa en detrimento económico del club, con cesión a las mismas y a otras entidades de su grupo familiar de derechos o fondos del mismo carentes de justificación, conforme” a una serie de cláusulas que describe la Fiscalía y conforme a las que Tegasa “mantiene de facto la gestión de los derechos de imagen de los jugadores y técnicos del Betis”.

Así, el Ministerio Público señala que la gestión de derechos de imagen y la derivada de derechos de patrocinio “han generado unos beneficios a Tegasa de 591.017,41 euros hasta la finalización de relaciones en el 2008, no constando su liquidación al Betis”, agregando que, “como en la etapa anterior, Encadesa afrontaba s pagos y gastos propios del club de todo orden a cambio de asumir y obligarse frente al Betis al pago de una cantidad fija de 1.750 millones de pesetas”. La Fiscalía cifra en 3.078.742,84 euros los beneficios de Encadesa “no liquidados ni devueltos” al Betis.