Los partidos del cuarto Estado

El mundo es como un circo de varias pistas con espectáculos independientes, como un área quirúrgica donde en cada quirófano se atiende a un paciente singular o como una gran zona de deporte que incluye campos diferentes en cada cual se juega un partido distinto pero donde el resultado de un partido influye determinantemente en los demás. Si me permiten el símil en España han coincidido tres largos partidos. En uno se resuelve la forma en la que Gran Bretaña se separa del cuerpo de la Unión Europea (UE) vía Brexit, en otro se cose un gobierno autonómico –el de Andalucía- consecuencia de unas elecciones anticipadas y la ausencia de un único vencedor para formar gobierno en solitario. En el otro se aborda el desafío secesionista catalán.

Los interesados en el partido del Brexit han establecido como objetivo prioritario el que no haya fisuras entre el resto del cuerpo de la UE en la negociación con el Reino Unido. Esto es, frente a los denodados esfuerzos del gobierno británico de impulsar negociaciones bilaterales aplicando el «divide y vencerás», el resto de la UE tiene claro que importa menos el acuerdo que mantener la cohesión europea para evitar una señal que favorezca futuros «exit». En la hoja de ruta está el hecho de que España se convierte en el cuarto Estado en importancia dentro de la UE y los supervisores de este partido quieren que España lidere Europa junto con Francia y Alemania.

En el campo donde se ha decidido el nuevo gobierno regional de Andalucía ha habido un juego a tres bandas en el que los equipos en liza han estado muy pendientes del partido que se juega en torno a Cataluña. Además piensan en la final del campeonato. El resultado, plasmado en sendos acuerdos PP-Cs y PP-VOX tiene en común preámbulos escritos pensando en el desafío secesionista. Así, si en el primero de los acuerdos se afirma que los andaluces han mostrado «un mandato claro para la defensa de la Unidad de España Constitucional frente al independentismo», en el segundo PP y VOX se comprometen «decididamente a guardar y proteger el orden constitucional y la unidad de España». En este segundo caso añaden la importancia de una de las virtudes de mantener la unidad cual es la de salvaguardar «la igualdad efectiva de derechos y obligaciones de todos los españoles independientemente del lugar en el que residan».

Precisamente y ya en el detalle de los acuerdos se pueden encontrar pistas precisas orientadas a cómo garantizar tales derechos. Por ejemplo, en el punto 62 del acuerdo PP-Cs se comprometen a promover la firma de convenios con otras regiones para que la tarjeta sanitaria pueda ser utilizada en todo el territorio nacional. En el mismo sentido va el punto 26 del acuerdo PP-VOX. Esta vía debería animar a estos y otros partidos a promover una Ley nacional de armonización sanitaria en la línea en la que Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes defendieron la armonización educativa en un acertado artículo publicado en 2011. En opinión de estos expertos en Derecho Administrativo, la Ley de Armonización es una herramienta que permite garantizar el acceso de todos los españoles a los derechos fundamentales sin ir en contra de lo dispuesto en la Constitución cuando atribuye explícitamente a las autonomías determinadas competencias como las de educación.

En la misma línea acertada de evitar la artimaña de la Generalidad catalana de usar las oficinas comerciales como auténticas embajadas diplomáticas van el Punto 40 del acuerdo PP-Cs y el 12 del acuerdo PP-VOX. En ambos se señala el camino de integrar las oficinas comerciales de la Junta de Andalucía dependientes de Extenda en la red de oficinas del Instituto de Comercio Exterior.

Sin embargo, el acuerdo PP-Cs ha dejado escapar una oportunidad extraordinaria para promover el inicio de una reforma en materia educativa que vaya en la misma línea de la sanitaria. Así, si bien resulta muy acertado potenciar la carrera profesional de los docentes, el reforzamiento autonomista de las competencias educativas mediante la creación de la Autoridad Pública del profesorado en Andalucía se plantea justo cuando resultan palmarios los abusos adoctrinadores que se cometen en no pocos centros educativos catalanes. Sin ir más lejos, el Defensor del Pueblo está desde hace unos meses analizando el informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña sobre la instrumentalización nacionalista del sistema educativo (https://www.aebcatalunya.org/images/informe-ensenanza.pdf).

El tercer partido se sigue jugando en torno al desafío secesionista catalán y sobre su desarrollo hay que leer detenidamente las opiniones de un buen conocedor del mismo, el profesor e investigador del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina en una extensa entrevista que le ha hecho Manel Manchón. Para Molina, en octubre de 2017 se conocieron cuatro hechos determinantes, 1) la pretendida República catalana demostró que carecía de instituciones para el control efectivo del territorio, 2) que la mitad de los catalanes no independentistas han seguido haciéndose cada vez más y más visibles pese al acoso y a la ocupación totalitaria de los espacios públicos, 3) que las grandes empresas se marcharon de Cataluña y que ninguna (salvo Agbar) tiene pensado regresar a corto plazo y que 4) la comunidad internacional se posicionó unánimemente en favor de la unidad territorial de España siendo absolutamente menores las voces discrepantes. Precisamente, este último hecho tiene mucho que ver con el resultado del primero de los partidos en el que se juega el desenlace del Brexit. Lo que preocupa a la Comisión Europea, París o Berlín con respecto a España –afirma Molina– es que se implique en la gobernanza europea post-Brexit.

Molina afirma que el procés estaba casi condenado a llevar la «subasta» hasta el final y demostrar que el premio de la República estaba al final del camino. Precisamente por eso el proceso secesionista terminó en octubre de 2017 y ahora sólo queda pasar del duelo a la depresión y a la aceptación.

Sin embargo, no coincidimos con el profesor Molina en la manera en la que recomienda que se ha de transitar hasta el final del desafío y que en su opinión debe incluir nuevas concesiones al golpismo (el sustantivo es mío). Particularmente coincido con quienes opinan que el Estado debe controlar el gasto para asegurarte de que va a las competencias transferidas y no a crear opinión pública española e internacional. Lo mismo vale decir para financiar la red clientelar de los falsos EREs en Andalucía. El profesor Clemente Polo ha recordado que el gobierno de la Generalidad dispone de 38.000 millones de euros al año, incluyendo organismos autónomos y empresas públicas. Si el control del gasto sigue siendo tan ineficaz como hasta ahora irá aumentando el número de adeptos a la causa golpista.

A quienes apuntan que falta implicar al nacionalismo catalán en los asuntos generales de España hay que recordar que Aznar ofreció en dos ocasiones a Pujol entrar en el Gobierno. Lo rechazó. Sáenz de Santamaría también intentó atraerlos hacia la senda de la convivencia con un perfil bajo de aplicación del artículo 155 y dinero. Fracasó. Sánchez está intentando lo mismo. También fracasará.

Los medios de comunicación autonómicos catalanes están emitiendo mensajes a favor de la independencia las 24h del día y en la mayoría de centros educativos catalanes se da una visión de la Historia en la que se presenta a Cataluña como una antigua nación invadida y humillada por el resto de españoles. No es posible lograr llegar a un escenario como el del actual Quebec (con un independentismo muy minoritario) sin desactivar la propaganda y las estructuras sociales que perpetúan esta situación según lo establecido en el Programa 2000 (https://www.dolcacatalunya.com/2016/08/documento-prueba-jordi-pujol-diseno-pruses-1990/).

Creo que es desafortunado el enfoque autonomista educativo del acuerdo PP-Cs. Ese recorrido ya se ha hecho en Cataluña y en ese sentido es muy recomendable releer el libro del profesor Carlos R. Fernández, «Derechos lingüísticos y Derecho Internacional» (Editorial Dykinson, 1999). Un libro motivado por la Ley de normalización lingüística de 1998, aprobada dos años después del Pacto del Majestic Aznar-Pujol, que venía a transitar del bilingüismo al Monolingüismo facilitando que la lengua catalana se aupase a señal identitaria cuando no era la utilizada por buena parte de los catalanes. Jorge García-Contell en el portal Posmodernia ha recordado que el entonces gobierno de Aznar no interpuso recurso de inconstitucionalidad alguno. Tampoco dijo esta boca es mía el Defensor del Pueblo. El resultado es que hoy día el art 3 de la constitución que establece que todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua española y el derecho a usarla, se incumple descaradamente en Cataluña.

Llevan mucha razón quienes señalan que la no inmediata solución del desafío secesionista pasa por volver a principios pluralistas según estándares constitucionales e internacionales y por desenmascarar las mentiras y los tópicos en que se asienta el golpismo. Precisando aún más hay dos cosas que no pueden continuar. Una es el adoctrinamiento escolar unido a la exclusión del español en las escuelas. En esto resulta imprescindible el establecimiento de una prueba externa al final de la enseñanza obligatoria diseñada, pasada y corregida por profesores dependientes directamente del Ministerio. La otra cuestión inaplazable es el uso de los medios de comunicación públicos para crear una opinión pública monolítica en favor del secesionismo.

España es una Nación que, con sus claroscuros ha aportado mucho a la Humanidad. Una Nación de la que se espera mucho más, particularmente en Europa. Una Nación que ganará todos los partidos que tiene abiertos.