Separados por montañas de basura... e incomunicados

La basura va enterrando contenedores y aceras a un ritmo vertiginoso, con 1.500 toneladas sin recoger en tres días. En la pasada noche, los operarios retiraron 15.000 kilos, ni el cinco por ciento de lo que se hace habitualmente. Estas 72 horas también han servido para acrecentar las diferencias entre Lipasam y los trabajadores. La negociación simplemente no existe.

El Ayuntamiento lo confirmó ayer y mantuvo que mientras no cesen «el chantaje y el vandalismo» no reconsiderará su postura. El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, cifró el coste del «sabotaje» a vehículos municipales y quema de contenedores (ya van 18) en 7.000 euros. Pese a todo, sigue hablando de que las causas del conflicto –la aplicación de las 37,5 horas semanales y la reducción salarial del 5 por ciento–«son negociables». O lo serán, cuando se establezca la vía del diálogo.

Vílchez criticó que los trabajadores de la empresa municipal «no quieren que se les apliquen las medidas que se han aplicado al resto. Quieren estar al margen». No obstante, reiteró que «si vemos un compromiso de la plantilla y sus representantes sobre el cese de estas actuaciones, nos sentaremos a hablar inmediatamente» y estarían «24 horas negociando» si fuera necesario.

En cuanto a los servicios mínimos decretados por la Junta –fijados en un 30 por ciento la primera semana– , adelantó que el Gobierno local elevará un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reclamando que, al menos de manera cautelar, sean ampliados al permanecer sin recoger el 80 por ciento de los desechos producidos desde el lunes.

El comité de empresa, tras negar cualquier relación con los actos denunciados, aseguró que se encuentra a la espera de que el Gobierno local «mueva ficha». «No ha dado señales de vida», insistió Antonio Bazo, quien se jactó de que «ya se va notando la basura acumulada en las calles». Es algo que cualquier persona –sevillano o visitante– pudo comprobar con un simple paseo, especialmente en el casco histórico, donde las mínimas aceras desaparecían a los pies de los viandantes, obligados a transitar por la calzada.

Algunos establecimientos, cuyos ingresos dependen de la imagen de la ciudad, han tomado la iniciativa. En concreto, el hotel Inglaterra, en la Plaza Nueva, dispone de autorización para trasladar sus propios residuos hasta la planta de tratamiento –algo que de momento sólo ha sopesado hacer, según apuntó la AHS–. Un ejemplo que no ha cundido en el resto de establecimientos, pese a la «preocupación» por el devenir de la situación.

Quienes sí han tomado una determinación similar son vecinos y comerciantes de la asociación «Los jardines», que creará cuadrillas de «basureros voluntarios», para lo que elevarán una petición a la gerencia de la empresa municipal, con quien tiene previsto reunirse mañana. Su presidente, José Baena, anunció que si el lunes no se ha solucionado, comenzarán a actuar para evitar que «las ratas y la basura se apoderen de nuestro barrio».

«Tensión» en aumento

Desde la oposición, el portavoz socialista, Juan Espadas, afeó la «línea dura» impuesta por el delegado de Urbanismo, al que acusó de acrecentar la «tensión» en un conflicto ya de por sí complicado. Aunque descargó el mayor peso de la responsabilidad en el Ayuntamiento, Espadas solicitó al comité de empresa «cumplir escrupulosamente los servicios mínimos para que no se conviertan en un argumento del Gobierno municipal en su estrategia de demonización» de la plantilla. «El alcalde debe sentarse a negociar», concluyó el líder del PSOE, pese a que horas antes Juan Ignacio Zoido presidió la comisión de seguimiento de la huelga.

En una semana, la protesta afectará a toda la plantilla municipal

CC OO y UGT anunciaron ayer movilizaciones en la segunda semana de febrero en las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento y en el propio Consistorio. Con ello pretenden denunciar el «grave deterioro» del empleo público y los servicios municipales por la pérdida de más de 1.000 puestos de trabajo por vacantes sin cubrir y amortizaciones y por la aplicación «férrea y restrictiva» de una tasa de reposición cero, informa Efe.