El alcalde de Colmenar absuelto de prevaricación: «El daño hecho es irreparable»

Casi ocho años con una acusación de prevaricación urbanística a las espaldas del actual alcalde, el ex regidor del municipio y otros tres concejales y siete ex ediles del PP para luego recibir una sentencia absolutoria, como ocurrió hace unos días, es un asunto difícil de digerir. Sobre todo porque, a pesar de que se trata de una buena noticia «el daño que se ha hecho ha sido irreparable», explica a LA RAZÓN el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García.

Para empezar, su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Santamaría, tuvo que dimitir «por la presión y tengo compañeros que lo han pasado muy mal. Aunque estés tranquilo porque pienses que no hayas hecho nada, cuando se da tanta publicidad a un caso desde los medios la gente empieza a tener dudas y he tenido que explicar mucho lo ocurrido a familiares y amigos», señala.

Lo indignante para García son los «juicios paralelos» y la «utilización política que se ha hecho del asunto. La oposición lo ha exprimido al máximo, se han aprovechado del impacto mediático de la noticia y lo han usado para despertar sospechas», dice. Por eso ahora que la Justicia le ha dado la razón, el regidor de Colmenar ha pedido a los portavoces del PSOE y de Ganar Colmenar, la marca blanca de Podemos, que dimitan. «Tengo toda la hemeroteca de las veces que nos han estado pidiendo la dimisión por el caso, forzaron la de mi antecesor en el cargo y lo han utilizado todos estos años», lamenta.

La sentencia, que se dio a conocer el pasado miércoles, absuelve a los doce acusados, que se enfrentaban a penas de entre dos y tres años y medio por la concesión de licencias urbanísticas de primera ocupación a unas viviendas después de que el juzgado de lo penal descartara que hubiera habido intención de actuar de manera ilegal. La situación empezó con una denuncia anónima de alguien que llevó al fiscal fotocopias de todos los expedientes que había en el Ayuntamiento, por lo que se presupone que la denuncia partió de alguna persona de dentro del Consistorio. Desde el Ayuntamiento relatan la secuencia de los hecho: la Junta de Gobierno dio una licencia de primera ocupación a unas viviendas, cuando el actual alcalde era concejal de cultura. El ingeniero emitió un informe desfavorable porque no había enganche de luz definitivo, un trámite que se consideró menor dada la amenaza que se cernía sobre los propietarios de no poder habitar sus casas. Y es que la cooperativa estaba en suspensión de pagos y podía publicarse en cualquier momento el concurso de acreedores. Si esto ocurría, las viviendas terminadas no podrían habitarse hasta tener unos propietarios acordes a lo que la resolución del concurso marcase. Es por esto, según relatan fuentes municipales, por lo que la Junta de Gobierno tomó la decisión de conceder esa licencia, pese a que ese enganche de luz no estaba, con el único objeto de favorecer a las 22 familias.

El actual alcalde estuvo investigado por prevaricación continuada por formar parte de esa Junta de Gobierno, aunque solo había una licencia investigada que se diese por la Junta de Gobierno en la que él participó.

Ahora, la sentencia concluye que en la actuación de la Junta de Gobierno «no se puede observar que cometieran el delito de prevaricación urbanística o el delito de prevaricación administrativa al no concurrir los presuntos legalmente establecidos para su comisión». Y añade: « No solo se ha probado que se trataron de deficiencias poco relevantes y que muchas de ellas estaban justificadas, sino también, porque la Junta de Gobierno, al acordar la concesión de las licencias, en ningún momento omitió el trámite preceptivo de que los técnicos emitieran sus informes (...)En ningún momento su decisión fue arbitraria ni injusta, sino muy al contrario, se concedieron esas licencias, dado que se trataba, en algunos casos, de deficiencias de muy escasa importancia, y en otras, porque era la única forma de poder solucionar el problema, buscando el bienestar de los vecinos del municipio». En la sentencia también se deja claro que «no ha habido intención de beneficiarse ilícitamente» más bien «se ha buscado la mejor solución».