Denuncia al equipo de Almeida al completo por delito de odio al no colocar la bandera LGTBI en Cibeles

Marta Higueras, concejala del Grupo Mixto Recupera Madrid, ha interpuesto ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia contra todo el equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Sobre el papel, cuatro delitos: delito de prevaricación administrativa, delito de dejación de funciones, delito de odio y delito de asociación ilícita para promover o incitar a la discriminación. El motivo, la no colocación de la bandera del arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, coincidiendo con las festividades del Orgullo. Una decisión para la cual el Ayuntamiento se ampara en la resolución dictada por el Tribunal Supremo, que impide la colocación de insignias o emblemas no oficiales.

En su denuncia, interpuesta a título personal por Marta Higueras como activista del colectivo LGTBI, se argumenta que, de acuerdo a la resolución adoptada en su día en el Pleno municipal, el Ayuntamiento se comprometió al «despliegue de la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles como muestra del apoyo de la ciudad de Madrid a las reivindicaciones de igualdad y derechos para las personas LGTBI+ durante la celebración del Orgullo 2022».

«Resultando que los acuerdos de adopción de bandera y enseña no son competencia del alcalde ni de la Junta de Gobierno, sino que son un asunto de competencia del Pleno, y por lo tanto de obligado cumplimiento para el equipo de gobierno, se ha constatado a fecha de presentación de la presente el incumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno en fecha 31 de mayo de 2022 para la colocación de la bandera LGTBI+ en la fachada principal del Ayuntamiento de Madrid durante las fechas de celebración del Orgullo», argumenta Higueras en su denuncia. «Así las cosas y a resultas de las declaraciones públicas y notorias durante las últimas semanas por los propios miembros del equipo de Gobierno en contra de la colocación de la referida bandera, la inacción municipal en el cumplimiento del acuerdo de Pleno, aparece como deliberada y manifiesta», añade.

En opinión de Higueras, «el Ministerio Fiscal no puede permanecer ajeno a esta realidad de intolerancia excluyente contra los derechos y la dignidad de personas LGTBI desde la propia administración pública, amén del gran perjuicio que supone para la convivencia democrática de la ciudadanía en su conjunto».