Los cinco argumentos de Ayuso para recurrir el decretazo energético de Sánchez

El Tribunal Constitucional ya tiene sobre la mesa el recurso de la Comunidad de Madrid contra el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno central. Unas medidas –ajuste de termostatos en edificios administrativos, limitación de la iluminación de los comercios hasta las 22:00 horas...– con las cuales el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que se han invadido sus competencias.

Proceso administrativo

Así, el Gobierno regional señala cinco motivos para reclamar esta impugnación. El primero de ellos, lo que consideran una «abusiva e indebida» utilización del Real Decreto-Ley, ya que el mismo podría haberse aprobado por procedimiento administrativo por vía de urgencia.

Limitación de temperaturas

En segundo lugar, Madrid recurre la limitación de temperaturas y la obligación de colocar carteles informativos por considerar ambos artículos una «extralimitación de las bases estatales». Y es que, argumentan, la Comunidad de Madrid ostenta «la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional». Del mismo modo, afirman que «corresponde» al Ejecutivo regional «el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución del régimen minero y energético».

Cierre de puertas

En tercer lugar, la Comunidad de Madrid impugna también la «implantación del sistema de cierre de puertas». Una medida que «entraría en colisión directa con la competencia» del Gobierno autonómico en «materia de Sanidad e higiene», en su vertiente de protección de salud.

Comercio interior

El cuarto argumento versa sobre el «apagado de alumbrado de escaparates y edificios públicos». Aquí, la Comunidad de Madrid señala una «invasión de las competencias autonómicas en materia de comercio interior, promoción turística y vigilancia y protección de edificios». El Gobierno de Ayuso entiende que «la obligación del apagado de escaparates se extiende indiscriminadamente a todo tipo de escaparates». Algo que supone un «prejuicio evidente para aquellos establecimientos que, en ejercicio de la libertad de horarios establecida en el marco de su competencia por la Comunidad de Madrid», mantienen su actividad más allá de las 22:00 horas. Así, el Gobierno madrileño ostenta la «competencia exclusiva» en materia de «comercio interior». Y uno de los aspectos modulares en esta materia radica en la «libertad horaria de los establecimientos comerciales». Algo que se ve afectado con la medida gubernamental. Del mismo modo, consideran que se vulnera otra competencia madrileña: la relativa a la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial». Y en lo que respecta al apagado obligatorio de edificios públicos, la ordenanza «podría comprometer» el articulado del Estatuto de Autonomía referente a la «Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones».

Inspecciones

El último punto del argumentario trata el «adelanto puntual de las inspecciones de eficiencia energética». En este caso, la Comunidad de Madrid, como ocurre con las regiones con competencias en la materia, «puede dictar sus propias disposiciones sin sujeción a lo dispuesto en los prefectos no básicos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)». Así, este «adelanto» de las inspecciones invade la competencia autonómica sobre la materia, contraviniendo lo establecido en el RITE.