Madrid: una ciudad sin presupuestos para 2023

A tenor de lo dicho y hecho en las últimas semanas, la posibilidad de obtener su aprobación era cercana a cero. El último precedente ocurrió hace apenas cuatro días, durante la comisión extraordinaria y urgente de Hacienda: el voto a favor del PP y Cs, la abstención de Vox y los votos en contra de PSOE, Más Madrid y Grupo Mixto fueron suficientes para que el trámite municipal para someter a votación los presupuestos para 2023 siguiera adelante. Sin embargo, los contactos y conversaciones –o la ausencia de los mismos– hacían pensar al equipo de Gobierno que, por primera vez desde que comenzó la legislatura, se verá obligado a prorrogar sus cuentas para el año que viene.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde, acompañado por la vicealcaldesa Begoña Villacis, confirmó que no se convocará el pleno extraordinario para someter las cuentas a votación. Un pleno que, de haber habido acuerdo, se habría celebrado la semana que viene. «No hay votos suficientes. Estamos trabajando ya en una prórroga presupuestaria», aseguró José Luis Martínez-Almeida. «Es una situación muy complicada, muy difícil, que no facilita la vida de los madrileños, pero que es obligada debido a la cerrazón de los grupos municipales».

Así, ahora se abre un escenario inédito en la legislatura. El Ayuntamiento deberá aprobar la prórroga antes de final de año. Previsiblemente, en la última Junta de Gobierno de 2022, que se celebrará el jueves 29 de diciembre. Las dos últimas ocasiones en las que fue necesaria una prórroga se produjeron en el mandato de Manuela Carmena: en 2016 y en 2018.

Entre las consecuencias más inmediatas, destaca la que más afecta a los bolsillos de los ciudadanos: las rebajas fiscales, incluidas en las ordenanzas, y que debían votarse conjuntamente con los presupuestos.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) iba a ser reducido al mínimo legal: un 0,4%. Se trataba de uno de los compromisos del Ayuntamiento en la actual legislatura. Con esta nueva bajada, el propietario de un inmueble valorado en 120.000 euros pasaría de pagar 619,51 a 485,89 en concepto de dicho impuesto. «Un total de 2,2 millones de recibos se van a beneficiar de la bajada», aseguró el pasado octubre Begoña Villacís.

En total, el nuevo ahorro impositivo de los madrileños en 2023 iba a ascender a 121 millones de euros. Sumando los otros tres ejercicios de la legislatura, la cantidad ahorrada habría superado los 730 millones. Y es que, además del IBI, se iban a suprimir otras diez tasas del Ayuntamiento, a la vez que continuarían bonificaciones importantes, como las de las familias numerosa, que tendrían cubierto hasta un 95%: del IBI. «Quien no quiera llegar a un acuerdo, ya sabe lo que hay: habrá 120 millones de euros menos que no acabarán en el bolsillo de los madrileños», avisó entonces Martínez-Almeida.

En la rueda de prensa de ayer, el alcalde avanzó que uno de los conceptos que también «decaen automáticamente» con la prórroga es el de las subvenciones nominativas. Entre ellas, las de Cáritas y Cruz Roja. «Son las que más preocupan: las que afectan a personas en situación de vulnerabilidad. Hay 200 familias en Madrid que tienen techo gracias a estas subvenciones. Y sin embargo, eso no ha movido a ningún grupo municipal a pensar antes en esas personas que en ellos», explicó. Por otro lado, dijo Almeida, la recepción de los fondos europeos de recuperación también se complica, así como algunas de las inversiones anunciadas en el proyecto de presupuestos.

La negativa de Vox, idéntica a la de hace un año, se suma a la del partido a nivel regional, con el «no» de Rocío Monasterio a dar su visto bueno a las cuentas de Isabel Díaz Ayuso. En el caso de la capital, la excusa ha sido la misma que en 2021: Vox exige la derogación de Madrid Central, el área de bajas emisiones de la capital, renombrada actualmente como Distrito Centro.

Precisamente, en el Pleno ordinario del pasado martes, Ortega Smith y Martínez-Almeida volvieron a enzarzarse por esta cuestión. Un Pleno en el que se aprobó una moratoria para que los vehículos de mercancías con etiqueta B puedan entrar un año más a la zona de bajas emisiones, y no solo hasta el próximo 31 de diciembre, como recogía la actual ordenanza. «Tenemos que mejorar la calidad del aire, pero no podemos ahogar al distrito Centro. Y sobre todo, no podemos arruinar a las 3.600 familias propietarias de los vehículos implicados», dijo el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El único grupo de la oposición que votó a favor de la moratoria fue Vox, lo que bastó para que saliera adelante. En todo caso, si se trataba de un «gesto» de Cibeles con vistas a buscar el visto bueno de los de Ortega Smith a las cuentas, lo cierto es que no dio resultado, por más que el alcalde recordara que la actual Ley de Cambio Climático no permite tomar medidas «regresivas» y, por tanto, tampoco eliminar Madrid Central.

Un correo sin responder de Ortega Smith