En tiempos de descrédito político, hay palabras que deben pronunciarse con claridad, sin ambigüedades ni titubeos. «Gracias, Guardia Civil» no es solo una expresión de gratitud, es una afirmación de principios, un acto de justicia y un recordatorio de que la libertad y la seguridad no son conquistas permanentes, sino logros que se defienden cada día.

Y Chamartín es un distrito que se siente libre y sin muros. Un distrito seguro. Un distrito que hunde sus raíces en la Guardia Civil.

No solo acoge instalaciones clave como la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, la Residencia Infanta María Teresa o el Parque Automovilístico. Desgraciadamente, también guarda en su memoria heridas profundas, cicatrices del terrorismo que marcaron a generaciones.

Desde su fundación en 1844, la Benemérita ha sido sinónimo de servicio público, especialmente en zonas rurales y en contextos de alta conflictividad. Pero fue durante los años más oscuros del terrorismo etarra cuando su compromiso se convirtió en heroísmo cotidiano. Han patrullado caminos, protegido pueblos, salvado vidas en catástrofes, y sí, también han enterrado a sus compañeros asesinados por el odio y le sectarismo.

ETA asesinó a 243 miembros del Cuerpo. Doscientos cuarenta y tres. No son cifras. Son nombres, familias, sueños truncados. Son niños que no volvieron del colegio, esposas que recibieron la peor llamada, padres que enterraron a sus hijos con uniforme. ¿Cómo se mide ese dolor? ¿Cómo se agradece ese sacrificio?

Chamartín conoce bien ese dolor. Lo sabe. Lo vivió. El 14 de julio de 1986, una mañana cualquiera, 12 jóvenes agentes –algunos apenas mayores de edad– fueron asesinados por un coche bomba en la plaza de la República Dominicana. Iban camino a su centro de formación. Iban a aprender a servir. Nunca llegaron. La metralla no solo destrozó sus cuerpos: desgarró el alma de un distrito entero. Tenían entre 18 y 25 años. Doce vidas truncadas. Doce familias rotas. Un distrito herido. 60 más fueron heridos.

En 1979, una bomba en la estación de Chamartín mató a una turista alemana e hirió a medio centenar de personas. Uno de los heridos, también guardia civil, falleció días después a consecuencia de sus heridas.

Ese mismo año, otro artefacto explotó en el antiguo cuartel de la plaza Duque de Pastrana, hiriendo a un guardia civil y a un niño de dos años.

Por eso, resulta especialmente doloroso y alarmante que hoy, desde el Gobierno de España, se cuestione, se ataque y se intente desprestigiar a quienes han hecho de la ley su vocación. A quienes resistieron con profesionalidad, silencio y disciplina.

Las recientes informaciones sobre maniobras del Gobierno para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por investigar casos de corrupción que salpican al presidente del Gobierno de España, su familia, al PSOE y a sus personas de máxima confianza, son más que una polémica y un escándalo político: son una amenaza y un ataque a la columna vertebral del Estado de Derecho.

Manipular unos mensajes de un ex capitán de la UCO para que varios ministros y diputados socialistas salgan, cual manada, a afirmar con rotundidad que este señor «soñaba» con colocar una bomba lapa a Sánchez, es cuanto menos indecente; sobre todo cuando tal barbaridad se mantiene en el tiempo tras conocer la exactitud de esos mensajes manipulados.

¡Qué felonía «sanchista» a quienes persiguen a delincuentes!

Pero es que hoy sabemos bien qué oculta ese ataque a una de las instituciones mejor valoradas por los españoles. Ya lo sabemos. Y esto solo es el principio.

El ataque del Gobierno a la UCO y a los jueces pretendía tapar una presunta organización criminal en el PSOE de Pedro Sánchez. Cuestionar el escandaloso informe de investigación judicial, que iba a ser público, y que apunta a una red criminal de corrupción socialista sistémica y que afecta a todas las personas más allegadas al número UNO, Sánchez.

Así que, hoy más que nunca, debemos agradecer el servicio de la Guardia Civil a nuestra democracia.

No se trata de ideología, sino de decencia. No se trata de partidos, sino de principios. Cuando se persigue a quienes investigan, cuando se intenta convertir a los defensores de la ley en sospechosos, se está socavando la base misma de la democracia. Y lo más grave es que esto no ocurre en los márgenes del sistema, sino desde los despachos donde debería habitar la ética pública.

Frente a esta deriva, la proposición que presenté al Pleno de Chamartín no es un gesto vacío. Es un acto de justicia contra la indecencia. Es un acto de memoria hacia los que cayeron, de respeto hacia los que siguen firmes, y de compromiso con una España más segura, más justa y más libre.

Lamentablemente, el PSOE y Más Madrid votaron en contra de la Guardia Civil, siguiendo así o bien su propia convicción o bien los dictados de dos partidos políticos achicharrados por la corrupción y su complicidad, pocas horas después entendimos por qué. ¡Qué indecencia! ¡Cuánta complicidad! ¡Cuánta degeneración!

Basta de ataques, basta de desprestigio, basta de impunidad. No aceptamos que se persiga a quienes nos protegen.

Porque sin Guardia Civil, España sería menos segura. Porque sin memoria, no hay justicia. Y porque sin justicia, no hay democracia.

Por eso, esta proposición no era un gesto simbólico. Es un grito de memoria. Es un acto de reparación. Es un mensaje claro: no olvidamos. No nos callamos. No nos rendimos.

Por ellos. Por los que cayeron. Por los que siguen firmes. Por los que vendrán.

Gracias, Guardia Civil.

Yolanda Estrada es concejala presidenta del distrito de Chamartín