Nace la figura del facilitador judicial para personas con discapacidad

—¿Sabes por qué has entrado en prisión?

—No lo entiendo. Por ir a casa de mi madre.

Sara Lendínez es la coordinadora de acceso a la justicia y ámbito penitenciario de la asociación Plena Inclusión Madrid: «En la entrevista, cuándo le preguntaba por qué había entrado en prisión, me dijo que no había comprendido, que por ir a casa de su madre, que si no iba casa de su madre dónde iba a ir», cuenta Lendínez por telefóno este caso con el que se encontró. Lo que no había comprendido esta persona es que tenía una orden de alejamiento del domicilio en el que no solo vivía su madre, sino otras personas con las que había tenido un conflicto y, por tanto, no podía pisar esa zona de exclusión. Ahí es donde Lendínez vio que esa persona no había comprendido el procedimiento por el que había pasado. Lendínez es facilitadora judicial: una nueva figura que ha sido creada en la Comunidad de Madrid –primera región que lo hace– que busca acompañar y ayudar a las personas con discapacidad (intelectual, del desarrollo) en todo el transcurso de los procesos judiciales. El pasado 30 de septiembre la Comunidad de Madrid presentó a los primeros 152 de profesionales expertos de España.

Desde el año 2003, Plena Inclusión Madrid lleva interviniendo en los siete centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid. «Y ahí fue donde se detectó que muchas de las personas que estaban llegando a prisión no habían comprendido por el procedimiento judicial que habían pasado», cuenta Lendínez, que tiene más de 15 años de experiencia como integradora social y que también se está formando complementariamente como educadora y ya lo hizo como facilitadora judicial.

Al notar esas carencias en los procedimientos, desde Plena Inclusión Madrid comenzaron a trabajar «en poder apoyar a las personas durante el procedimiento judicial, primero como personas de apoyo, hasta que con el trabajo y la experiencia que se fue teniendo se fue conformando la figura del facilitador».

La figura del facilitador apareció por primera vez en la Ley 8/2021, en su artículo 7 bis, que dice en su apartado 2. c: «Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida». Además, esta figura ha sido desarrollada en el Decreto 52/2024 de 8 de mayo.

Uno de los principales cambios es que esta función va a poder también ser solicitada por acusados o testigos, pues las víctimas ya estaban siendo protegidas por las Oficinas de Asistencias de Víctimas de Delitos (OAVD). Ruth Otero, psicóloga sanitaria y forense y que trabaja en una de las tres OAVD en la capital, explica por teléfono: «desde las OAVD hacemos el asesoramiento, informamos sobre los procesos judiciales y hacemos una valoración de las necesidades de la persona para enfrentarse al proceso. Y luego nosotros informamos a los organismos judiciales, a todos los operadores jurídicos –al juez, al fiscal, al abogado de la defensa– y recomendamos una serie de ajustes de procedimientos». Las OAVD se crearon en 2018.

Con el decreto, ahora se amplía el alcance. «¿Qué va a hacer el facilitador? Pues va a hacer lo que nosotros hacemos en las oficinas de asistencia a víctimas, pero está dirigido para personas que tienen una discapacidad intelectual, una discapacidad del desarrollo o una discapacidad sensorial», dice Otero. Es el experto que va a acompañar y aportar a estas personas en los procesos judiciales desde el principio: desde la denuncia hasta el final.

La idea es que todas las personas tengan el mismo acceso a la justicia. Según Otero, «si normalmente un proceso judicial para cualquier persona que no tiene ninguna discapacidad o alguna limitación ya es un proceso que cuesta muchísimo porque es una situación muy estresante, muy compleja, para una persona con una discapacidad intelectual o sensorial del desarrollo pues la afecta muchísimo más».

Algunas de estas dificultades son: no comprender las preguntas que le están haciendo, la fase del proceso en la que se encuentran. Muchas veces se ha juzgado a una persona con discapacidad y su abogado desconocía que la tenía porque a veces pasa desapercibida, según cuenta Otero.

En esta idea ahonda también Eva Ruiz facilitadora judicial y trabajadora en la OAVD de San Lorenzo de El Escorial: «La participación es una experiencia difícil: supone un estrés, un desconocimiento, tener que declarar, contar lo que ha sucedido, estar en un entorno envuelto de rigor y tecnicismos».

Es también un objetivo de los facilitadores hacer de «traductores» de esa jerga y lenguaje jurídico que en muchas ocasiones no es comprensible para la mayoría. «En lo que consiste también esta figura, como explica Lendínez, es en buscar las estrategias y las herramientas para ayudar a la persona en la comprensión. «Si estoy apoyando a una persona en una entrevista con su letrado y lo que le está trasladando el letrado, yo todavía no le he comprendido, pues tengo que preguntarle al letrado para que yo poder entenderlo bien y así transmitírselo a la persona».

Es por eso además que las facilitadoras consultadas le dan mucha importancia a la neutralidad. «Nuestra posición en el sistema judicial es neutral, es decir, no hablamos en nombre de las personas con discapacidad, ni del sistema de justicia», afirma Rosa Valiente Pascual, psicóloga y facilitadora de las OAVD. Lendínez habla de que es «imprescindible». Por eso la función de facilitador no puede caer en el mismo abogado, porque perdería esa neutralidad.

A las personas que son víctimas de delito se les asignará su facilitador procesal a través de las OAVD, pero si estas personas no son víctimas entonces se hará a través de un sistema de asignación de peritos judiciales (DPER) que se van nombrando como los peritos profesionales.

La figura del facilitador es muy «necesaria», dice Lendínez, «porque hasta ahora las oficinas de asistente a víctimas estábamos asumiendo a las personas que tienen la condición de víctimas, pero no a todas las demás. Con esta figura ya se dará este apoyo y se hace que la justicia pueda ser accesible a cualquier persona con discapacidad intelectual, del desarrollo sensorial». Necesaria también porque el 70% de las personas con discapacidad intelectual que entran en prisión no la tienen detectada ni se tiene en cuenta durante el procedimiento judicial, según datos que aporta Lendínez.

Los facilitadores tienen que tener una formación especializada (de 100 horas), que es del doble si se va a realizar para apoyar a menores de edad. Pueden acceder personas con formación en psicología, derecho, logopedia, criminología, trabajo social, educación social o terapia ocupacional.

Otero cree que la medida tiene un doble beneficio de esta medida. «Por un lado el facilitador sirve a la persona discapacidad: apoyándole, ayudándole, traduciéndole todo a un lenguaje comprensible para él. Y, al mismo tiempo, también trabaja beneficiando al sistema judicial, al organismo judicial: dándole una serie de recomendaciones de cómo hablar a esta persona, de qué cosas tener en cuenta, de cómo es su nivel, sus capacidades cognitivas, cómo le puede preguntar, qué preguntas no le va a entender, y servimos ahí también un poco de recomendación para el sistema judicial, y así conseguimos que sus actuaciones puedan ser válidas».

Además, en todo este proceso sigue existiendo el estigma. Cuenta Lendínez: «Yo les digo: es muy muy importante que ante una detención les digan a la policía que tienen una discapacidad intelectual, para que se pongan los ajustes. Y la respuesta es: “no porque entonces me van a tratar como un tonto”. Al final todo esto [la figura del facilitador] es el resultado de las situaciones en las que se han encontrado en muchas ocasiones las personas con discapacidad intelectual».

Madrid, primera región de España

“Hoy damos un paso más para que los madrileños con algún tipo de discapacidad puedan acceder y participar en estos procesos en condiciones de plena igualdad, por lo que desde el Gobierno regional nos sentimos profundamente orgullos de ello y de todos vosotros”, ha dijo el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín en la presentación el pasado 30 de septiembre ante una representación de estos expertos. De momento, son 152 profesionales los que prestarán esta asistencia en la región. La Comunidad de Madrid se convierte así en la primera de España en formalizar legalmente este recurso “avanzando hacia una Administración de Justicia cada día más cercana y accesible para todos los ciudadanos, sobre todo, para los más vulnerables”, subrayó el consejero.