Un piso en el Paseo de los Jesuitas ubicado en el distrito de Latina en Madrid, quedó vacío después de que su propietaria Dolores, una pensionista, muriera en 2014 sin dejar herederos, lo que facilitó que en 2019 fuera okupado por un grupo que desencadenó una crisis comunitaria.

Los vecinos han experimentado desde entonces una situación límite. Según ha informado Telemadrid, Per Rydén, presidente de la comunidad, ha calificado la experiencia como "un caos sin precedentes", donde la tranquilidad residencial se ha transformado en un escenario de permanente zozobra.

El conflicto trasciende la mera ocupación ilegal. Los okupas no solo han invadido un espacio sin autorización, sino que han generado un ambiente de tensión permanente. Rydén los describe como un grupo vinculado al narcotráfico, cuya presencia ha multiplicado exponencialmente la sensación de inseguridad entre los residentes.

El lider de la banda está preso, pero el piso continúa okupado sin una pronta solución

Las consecuencias han sido devastadoras para el vecindario. Los residentes reportan noches intransitables, marcadas por ruidos ensordecedores y fiestas continuas. Un episodio particularmente intimidante ocurrió cuando los okupas quemaron los buzones del edificio, generando un clima de miedo y desprotección.

El grupo está supuestamente liderado por Cristian, un narcotraficante que podría estar actualmente en prisión tras un operativo policial. Sin embargo, el piso continúa okupado, manteniendo a la comunidad en un estado de constante zozobra. La situación ha llegado a tal punto que Rydén, con una mezcla de resignación e ironía, sentencia: "Aquí ya tenemos material para una película".

La complejidad legal agrava la situación ya que, al no existir un heredero que reclame la propiedad, los trámites legales se complican. La legislación española establece que únicamente el propietario puede iniciar acciones legales, dejando a los vecinos en un limbo jurídico absolutamente frustrante.

El caso ha expuesto un vacío normativo que permite la reproducción de situaciones similares puesto que la falta de denuncia oficial del fallecimiento paraliza el proceso de reclamación y adjudicación de la propiedad, convirtiendo a los vecinos en rehenes de un sistema que no los protege.