La política, fuera de la Complutense: cuáles son sus efectos adversos

La Universidad Complutense acaba de celebrar sus elecciones a rector y ha vuelto a poner sobre la mesa una de las preocupaciones de la comunidad universitaria: la politización de las universidades y la necesaria neutralidad ideológica de los campus. La posibilidad de que la candidata afín a Podemos, Esther del Campo, pudiera ganar las elecciones, hizo que cundiera el temor a que la tercera universidad presencial más grande de Europa se «podemizase». Finalmente, Joaquín Goyache revalidó el cargo pero, ¿qué hubiera podido suceder si finalmente no hubiera sido así, como se pensó que pudiera ocurrir? ¿Qué nuevas posibilidades abre la Ley de Universidades recientemente aprobada? «El principal efecto podría ser estar en la carrera profesional. Imaginemos a un joven, o no tan joven, doctor, con o sin coleta, qué puede acreditarse por aquella Comunidad Autónoma dónde las exigencias sean más laxas o, simplemente, tenga más amigos en la comisión evaluadora. Recién acreditado, el sujeto en concreto debería concurrir a una plaza, cuyo concurso oposición se ha modificado sensiblemente. Los profesores que le evalúan no están seleccionados por una comisión internacional de prestigio, por el contrario los elige la propia universidad, en este caso la Complutense. Esto permitiría que la comisión pudiese estar compuesta, por ejemplo, por Juan Carlos Monedero, Esther del Campo y afines. ¿Creen que este posible opositor, con o sin coleta, tendría muchos problemas para conseguir su plaza?», explica Jorge Sainz, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y ex director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación.

A todo esto el experto añade otra cuestión. La huelga o el paro académico se convierte en un derecho y pudiera suceder que, por cuestiones políticas, «un grupo pequeño pudiera bloquear al resto. Esto es, precisamente, uno de los problemas de la LOSU», añade. A lo que suma que un rector con un perfil político muy marcado podría alimentar el debate sobre determinadas cuestiones con un grupo de estudiantes.

De ahí la importancia, a su juicio, de mantener la neutralidad ideológica de la universidad. Y es de vital importancia «por la autonomía universitaria, que permite que la universidad sea un foco de diversidad, donde todos tienen cabida y eso permite el debate y que se contrasten ideas».

La propia reforma, durante su tramitación, ya generó un fuerte rechazo entre una parte del profesorado. Un millar de docentes exigieron neutralidad ideológica en los campus al considerar que no estaba garantizada en la regulación que se estaba haciendo a petición e los grupos parlamentarios Republicano y Bildu. El Grupo Popular, incluso, introdujo una enmienda para que el rector estuviese obligado a mantener la neutralidad institucional para «servir con objetividad a los intereses generales». Entre esos profesores que protestaron se encuentra Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y cofundador de Universitaris per la Convivència, un colectivo de profesores de enseñanza superior que surgió con el objetivo de trabajar para que las universidades dejaran de pronunciarse políticamente en nombre de todos sus miembros. Defiende la necesidad de mantener la neutralidad ideológica y explica el porqué. «Es importante porque la comunidad universitaria está compuesta por una diversidad de personas, cada una con sus opiniones diferentes. Si las instituciones se pronuncian, opinan como un todo y no se respetan los derechos individuales, la sociedad va adquiriendo un carácter cada vez más totalitario, las opiniones individuales dejan de tener cabida y el individuo se diluye en la totalidad».

Las universidades afrontan un momento clave y uno de los retos es hacer el propio desarrollo normativo de la Ley de Universidades. Primero tendrán que hacerlo las propias comunidades autónomas y luego cada universidad tendrá que realizar su propio desarrollo normativo. De hecho, el recién elegido rector de la Complutense, Carlos Goyache, fija este como uno de sus retos principales de su mandato, la adaptación a la nueva normativa, que deja en manos de las universidades cuestiones muy diversas, como por ejemplo, los requisitos que se necesitarán para ser elegido rector. Así, dependiendo de la institución académica, las exigencias serán unas u otras.

«Ahora vamos a entrar en una vorágine de tener que adaptar nuestras normativas internas a esta nueva ley y vamos a estar las universidades bloqueadas durante unos años en los cuales no se sabe si se va a poder sacar plazas que tendrán que esperar a que se regule desde el punto de vista normativo y menos mal que en el Senado se incluyó esa disposición transitoria en la cual se permite que las plazas que se vayan aprobando en 2023 se puedan desarrollar con la normativa anterior», explica Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Se da la circunstancia, además, de que no va a ser posible que este año estén aprobadas las leyes autonómicas teniendo en cuenta que hay elecciones el 28 de mayo próximo y se necesita tiempo para constituir los diferentes parlamentos con lo que, por extensión, tampoco van a estar aprobados los estatus de cada universidad. «El problema de esta nueva ley es que deja abiertas demasiadas cosas y permite que en España vaya a haber 17 sistemas universitarios ya que deja en manos de las Comunidades autónomas tomar muchas medidas, por ejemplo, en los tipos de plaza de profesorado porque no los determina y luego elimina la unidad que había en los cuerpos funcionariales», explica.