Teresa, víctima de okupas: «Se regodeaban ante mi marido enfermo de que nos iban a quitar el piso»

La historia de Teresa Mateos (82 años) es el reflejo de una realidad latente en nuestro país. La legislación actual no protege al propietario de la okupación y la denominada inquiokupación es otra de las modalidades de la que Teresa y su marido (ahora fallecido) fueron víctimas hace más de un año. «El último Real Decreto ha generado una inseguridad jurídica insoportable para el propietario de vivienda», lamentaba David, hijo de Teresa, minutos después del encuentro de ambos con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña les recibió en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. «Estoy muy agradecida por habernos concedido este tiempo. Ella está espantada por mi caso, le parece tan sangrante, como a nosotros», dijo a LA RAZÓN tras el encuentro. Entre las opciones que les sugirieron, tanto la propia Ayuso como Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda y Transporte de la Comunidad de Madrid, figuran la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo y apoyo en el caso de que Teresa tenga que recurrir a una residencia de mayores. Así, aunque las competencias autonómicas escapan de la regulación de la okupación, se comprometieron a ayudarles.

Teresa regentaba con su marido José, desde 1984, un bar en Fuenlabrada. Años más tarde, decidían comprar una segunda vivienda para destinarla al alquiler. En el año 2017, una familia de origen peruano firma un contrato de alquiler de 700 euros, que poco después sería rebajado hasta los 600 euros, de buena fe, por Teresa y su marido, tras la petición de esta familia. Fue en el año 2023 cuando, tras sucesivos retrasos en el pago y la intención de finalizar el contrato por parte de Teresa y José, dejaron de pagar la renta. Desde entonces, han vivido un infierno de ansiedad e impotencia constante, en el que Teresa también ha sufrido la muerte de su marido, víctima de la agonía y el malestar que suponen este tipo de procesos. De hecho, la media de tiempo que la Justicia tarda en dictar una sentencia es de dos años, aunque puede alargarse hasta seis.

Además, la familia de Teresa ha conseguido demostrar que los okupas ya no viven en su propiedad, lo que incrementa el riesgo de que vendieran las llaves a terceros, aunque esto no ha ocurrido, de momento. Por ello, critican que aun así, la Justicia no haya tomado medidas cautelares para agilizar el proceso. David insiste en que su madre, viuda de 82 años con una pensión de autónoma, pertenece aun perfil vulnerable, cuyo único complemento para su pensión eran los ingresos de ese alquiler,

Madre e hijo recuerdan como una auténtica pesadilla el día –el pasado mes de julio– que se reunieron presencialmente con sus okupas. «Por abandonar nuestro piso nos pedían perdonarles la deuda, pagarles por las supuestas mejoras hechas en el piso, más una contraprestación adicional por salir de la vivienda. Un chantaje a todas luces, pero que lamentablemente no tiene recorrido judicial. Ese día nos dimos cuenta de que lo único que querían era robarnos, sin escrúpulos, nuestro patrimonio. Incluso, la mujer se regodeó delante de mi marido de que nos quitaría el piso», añade Teresa con indignación y pena.

Ella misma recuerda los últimos días de su marido: «Incluso ya ingresado en el Hospital no paraba de preguntarnos por el piso. Nosotros le decíamos que ya estaba todo arreglado», ocultándole la verdad para intentar tranquilizarle. Por su parte, David también asegura que este proceso y la impotencia también han mermado la salud de su madre: «Ha perdido muchos kilos. A estas edades pasa mucha factura».

Ambos aseguran que han escrito al Ayuntamiento de Fuenlabrada (PSOE), pero nunca han obtenido respuesta. Además, aseguran haber perdido totalmente la confianza en el sistema actual de alquiler: «El día que recuperemos la casa, la venderemos, nos desharemos de ella. No estamos dispuestos a volver a pasar por todos estos riesgos. De hecho, el día que nos la devuelvan, ni siquiera lo sentiremos como una victoria, sino más bien como un alivio».

Teresa y su familia siguen a la espera de juicio, mientras ayer el Delegado del Gobierno en Madrid celebraba la reducción de las cifras oficiales de okupación en la región en el último año, que habrían caído de 2.500 hasta 1.300, prácticamente a la mitad. Sin embargo, desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación alertaban del «engaño» que hay detrás de esta estadística. Entre otros argumentos, aseguran que al tardar más de un año en concluir cada proceso judicial, denuncian que «es un error facilitar cifras de un solo año natural», criticando así «la lentitud de la Justicia» en estos procesos. Por si fuera poco, también advierten de que en estas cifras oficiales, no se tiene en cuenta la inquiokupación, al originarse a través de un contrato de alquiler, a pesar de ser ya la forma más extendida de okupación. Como el propio David, esta plataforma también comparte que el Gobierno central «oculta intencionadamente los verdaderos datos de la okupación en nuestro país»: «Las cifras que ofrece Delegación de Gobierno no reflejan el drama real de la okupación. El Delegado es conocedor de la situación de miles de afectados que no aparecen en sus estadísticas, como son los vecinos de Carabanchel, el Embalse del Vellón, Torrejón y otras comunidades perjudicadas, con las que el Delegado se ha reunido pero que no recogen sus datos». Al hilo de esta cuestión, la presidenta madrileña ayer abordaba también el problema de la vivienda y la intervención que pretende hacer el Gobierno de Pedro Sánchez. «Si alguien tiene un piso vacío y sabe que va a ser intervenida por el Gobierno o por la inquiokupación, evidentemente, no lo saca en alquiler, nadie se va a atrever si no hay seguridad jurídica y respeto por la propiedad…», aseguraba Ayuso.