Los Guardianes de la Naturaleza que combaten el ‘ecocrimen’

Los crímenes contra el medio ambiente son una de las principales amenazas para la conservación del territorio europeo. España, concretamente, es uno de los escenarios preferidos por los “ecodelincuentes”. Más de la mitad de los fuegos españoles (un 55%) son intencionados, según la organización ecologista WWF. Esto supone el doble que la media europea (26%). Los incendios ocasionados por el ser humano arrasan 500.000 hectáreas al año en la UE y el 95% se sitúa en la zona mediterránea (sobre todo en España y Portugal).

Pero este no es el único crimen ambiental que hace peligrar el entorno natural de la Península Ibérica. Cada año, casi tres millones de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos salen fuera de Europa de forma ilegal; cerca de 26 millones de aves mueren por la caza furtiva en el Mediterráneo, según un estudio publicado en la revista científica Bird Conservation International; y se estima que 9.000 animales han sido envenenados en ese mismo tiempo. Estos son algunos de los crímenes que encabezan la lista de delitos contra el medio ambiente. Los cometidos en España, además, se han cuadruplicado en una década, según apunta el último informe de SEO/BirdLife.

En 2007 se computaron 130 delitos contra el medio ambiente y en 2017, diez años después, la cifra se multiplicó por 4,6. Hace unos días España, junto a Portugal, dio un paso decisivo para detener la escalada de este tipo de actividades que, en muchas ocasiones, quedan impunes (sólo 60 casos de envenenamiento han acabado en condenas). Se trata de la Semana Internacional sobre Investigación de la Criminalidad Ambiental.

El acto en nuestro país estuvo presidido por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, junto con Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Entre las actividades celebradas, tuvo lugar el taller europeo sobre investigación de delitos ambientales, en el marco del proyecto “Guardianes de la Naturaleza”. Se trata de un programa Life financiado por la Unión Europea y capitaneado por la ONG SEO/BirdLife, en el que también participa la “Sociedade Portuguesa para o Estudio das Aves” y el Seprona de la Guardia Civil. El taller reunió a policías ambientales de 27 países y a diversos organismos y agencias. Cuenta además con el apoyo del Miteco y, por primera vez en Europa, con un Ministerio del Interior. El objetivo es diseñar una hoja de ruta para mejorar la efectividad de la investigación de delitos contra el medio ambiente en Europa y a nivel internacional.

“La protección ambiental no conoce fronteras porque el delito ecológico tampoco”, señaló Ribera, quien recordó la necesidad de “colaborar entre países”. El nuestro es un “lugar privilegiado en cuanto a biodiversidad y recursos naturales”, continuó, “cuenta con muchas zonas de especial protección medioambiental”. Es necesario, por ello, generar “conciencia y convicción de protección del patrimonio común”. España, recalcó, se convirtió con este programa en un país pionero Europa en la lucha contra este tipo de crímenes. “Pero debemos especializarnos más, imitarnos e intercambiar experiencias entre instituciones y países”, prosiguió. Este, dijo, es “el objetivo de estos días”. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) es “un motivo de orgullo a nivel internacional” y

una “herramienta casi única a nivel mundial en la protección del medio ambiente”. La Ley es “el marco obligatorio para proteger el medio ambiente y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son fundamentales para garantizar su cumplimiento”, expuso. La ministra consideró “esencial” el papel del Seprona en distintas operaciones llevadas a cabo durante el pasado 2019. Entre ellas destacó la conservación de acuíferos, ya que “en el último año ha detectado más de 1.400 pozos ilegales” y su contribución en la recuperación de “importantes recursos hídricos”.

También elogió el papel de este servicio en la investigación de incendios provocados, así como “su esfuerzo contra el comercio ilegal de especies amenazadas y contra el tráfico ilegal de madera”. La Unión Europea es, precisamente, el bloque comercial más grande del mundo y un blanco clave para la caza, venta y tráfico de especies en peligro de extinción y otros productos ilegales. Entre 2005 y 2014 los Estados miembros informaron sobre el decomiso de 40.000 productos de este tipo, según el informe Wildlife Crime del Parlamento Europeo. En España tuvieron lugar 1.043 decomisos entre 2007 y 2014. En junio del año pasado la responsable de un establecimiento de León puso a la venta una colección de piezas de marfil de elefante por valor 240.000 euros sin poder acreditar su posesión legal. El incidente acabará en los tribunales por su presunta implicación en un delito de contrabando y contra la flora y fauna. Al mismo final se enfrentarán las 71 personas que acabaron esposadas a finales de 2019, como resultado del primer operativo realizado en España contra el tráfico ilegal de maderas exóticas, llamado operación Quercus. Las actuaciones policiales se llevaron a cabo desde el Seprona, en colaboración con la Europol y la Interpol en el último caso.

Y es que, uno de los principales “ecocrímenes” a escala global es el tráfico. Se trata, de hecho, del tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Esta actividad maneja hasta 258.000 millones de dólares anuales, un volumen enorme que aumenta cada año. ¿Cómo parar los delitos ecológicos? Para castigar cualquier delito, primero hay que saber detectarlos. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, destacó “la protección integral” de la naturaleza que el los cerca de 2.000 efectivos del Seprona lleva a cabo “desde hace más de 30 años”, con más de “100.000 actuaciones anuales”.

El pasado 2019 marcó el despegue del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (TIFIES) de lucha contra el tráfico internacional de especies silvestres, impulsado por el Miteco. Dentro del marco del TIFIES se han realizado, por ejemplo, las operaciones mencionadas contra el tráfico de maderas tropicales y de marfil (operación Celacanto), otras contra el envenenamiento de especies y la primera operación contra el tráfico ilícito de angulas. Esto no habría resultado posible si no se hubieran llevado a cabo talleres europeos sobre investigación policial organizados por “Guardianes de la Naturaleza”. Por ejemplo, se formó al cuerpo en la identificación con carbono-14 para el caso Celacanto. Asimismo, se les enseñó a manejar una herramienta revolucionaria que permitió a los agentes recoger muestras de la madera intervenida en la operación Quercus con características anatómicas específicas que pudieran compararse con la de las principales especies maderables protegidas. Este sistema permitió a los agentes realizar una inspección y detección del fraude sobre el terreno.

España, concienciada

Vivimos un momento de emergencia ambiental, en el que la ciudadanía “exige de una respuesta firme frente a aquellas agresiones más graves que sufre nuestra naturaleza”. La directora de SEO/BirdLife apoyó estas palabras en una investigación sociológica elaborada por la organización, en el marco del proyecto “Guardianes de la Naturaleza”. ¿El objetivo? Realizar un estudio para conocer la percepción que tiene la sociedad española frente a los delitos ambientales.

El dato más llamativo que se extrae del estudio es que el 64,33% de los españoles considera que los crímenes ecológicos son igual de importantes que el resto de delitos incluidos en el Código Penal. El porcentaje de las personas que los consideran más importantes se sitúa en el 24,17%. La sociedad “tiene claro” que el respeto y cuidado del patrimonio natural son “una necesidad pública”, asevera Ruiz. “Los españoles -prosigue- están diciendo alto y claro que debemos proteger la biodiversidad o hipotecaremos el futuro de las generaciones venideras”.

La investigación, que ha sido realizada por una empresa demoscópica mediante un muestreo telefónico aleatorio, reflejó que el 83,33% de los ciudadanos cree que no se le da suficiente importancia a los problemas medioambientales. Sobre el papel que juegan las diferentes entidades en la protección del medio ambiente frente a los delitos ecológicos, las tres mejor valoradas son los agentes forestales (con 7,56 puntos sobre diez); el Seprona (con 7,38) y las ONGs (7 puntos). Pero el conocimiento de estos crímenes contra la naturaleza es escaso por parte de los españoles. El resultado refleja un nivel de 5,37 puntos, lo cual indica que la población “considera que tiene un conocimiento escaso sobre los mismos”.

Este es “mayor” en delitos concretos, ya que los referidos a incendios son conocidos por el 97% de la población, así como el comercio y la caza ilegal de animales protegidos, que conoce el 88,17% de la población. La destrucción de nidos de esas especies o liberar animales exóticos invasores son menos conocidos, por un 64,17% y un 62,3% de las personas respectivamente. ¿Es efectiva la normativa ambiental para la protección del medio ambiente? Los ciudadanos opinan que aprueba por los pelos, con un 5,24 puntos. En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales, las más valoradas son las relacionadas con la sensibilización y la mejora del funcionamiento de la justicia, seguidas por el aumento de las penas.

La pena de cárcel debería aplicarse a aquellos delitos contra la fauna que suponen la muerte o captura de especies protegidas, según la opinión popular. También en aquellos crímenes que suponen la destrucción grave de hábitats protegidos, como los incendios intencionados. Por último, los españoles consideran que en las especies de menor tamaño, aunque con la misma categoría de protección, se considera que se debe aplicar esa pena en un menor porcentaje (es decir, el 45,83% para una mariposa y el 81,7% para el lince).