Los agricultores avisan: de seguir así peligra el suministro

El mundo rural ha decidido echarse a la calle. Lo hará este domingo en Madrid. Varias organizaciones, muchas de ellas agrarias, se han unido para retomar las manifestaciones que dejaran hace dos años obligados por la pandemia. Ya entonces reivindicaban precios más justos; ahora piden medidas urgentes porque los problemas en el campo, dicen, se amontonan.

El último en llegar es el derivado del conflicto en Ucrania. La guerra trae consigo una alerta de desabastecimiento de cereales que puede poner en peligro la continuidad de las explotaciones ganaderas. En menos de un mes podrían quedarse sin pienso para los animales en varias regiones. «Las reservas de grano (trigo, maíz y leguminosas) almacenadas en los puertos españoles y destinadas a la alimentación ganadera pueden durar unos 25 días» señalaba el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la Región de Murcia a la agencia Europa Press.

Quizá no llegue a producirse tal desabastecimiento si se importa grano de otros países, pero el conflicto se está dejando sentir ya en los precios de las materias primas. «Una tonelada de cebada hace un año estaba en 145 euros. A día de hoy cuesta 261. El trigo en 2021 estaba a 170 euros la tonelada y a día de hoy a 304; el trigo duro para alimentación humana costaba 350 euros la tonelada y ahora está en 520, y el girasol que estaba en 300 euros la tonelada, ahora está en 597. También el maíz que estaba a 140 euros ha subido hasta los 280. Prácticamente todos los precios se han duplicado», recuerdan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.

No hay que olvidar que Ucrania es el mayor exportador de grano para Europa y el quinto mayor del mundo de trigo duro. Solo por hacerse una idea, el país exporta 20 millones de toneladas sólo de trigo al año, mientras que en España la producción media anual suma entre 15 y 16 millones de toneladas de todos los cereales juntos. España es además, el país de Europa que más cereales importa, unos dos millones y medio de toneladas. De ellos, la mayoría es maíz que se utiliza en la fabricación de piensos.

Esta falta de cereal se suma a unos precios de los combustibles fósiles, tanto petróleo como gas, de la energía y las materias primas que llevan meses disparados. El depósito de un tractor que «hace un año se llenaba con 400 euros, ahora necesita unos 810. Hay quien está trabajando a pérdida sin cubrir costes», dice Miguel Padilla, secretario general de la organización COAG.

Como consecuencia del coste del gas natural no solo la luz sale más cara, también el abono. Si hace un año la tonelada de abono nitrogenado costaba 380 euros, ahora cuesta 900 euros. «Todo ha subido. Tenemos una tabla que refleja el incremento de los costes a final de enero y que dice que los fertilizantes han aumentado de precio entre un 198 y un 250%; los fitosanitarios un 200%, las semillas más de un 20%; el gasóleo un 182%; el abono según cuál sea un 140%; la energía un 210%; los costes salariales un 30%; el plástico un 59%; la maquinaria un 25% y el agua un 33% debido a la sequía. Los costes de producción están empezando a hacer inviables muchas explotaciones. En el sector lácteo, la situación es dramática y cierran una o dos explotaciones a diario. En este sector, hemos pasado en pocos años de 33.000 explotaciones a solo 9.000», afirma Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja).

Además, no hay que olvidar la huelga de transportistas que está ahogando literalmente al sector lácteo y la falta de lluvia que ya ha provocado que el 80% de la cosecha de cereal en Andalucía se dé por perdida, así como un tercio de la hortícola para la industria.

Las asociaciones agrarias llegan a la manifestación con un paquete de medidas urgentes bajo el brazo, aunque desde el gobierno y la Comisión Europea ya se estén adoptando las primeras soluciones. En España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Lluis Planas, se ha mostrado convencido estos días de que el suministro agroalimentario está garantizado, y esta semana, por ejemplo, aprobaba un Real Decreto para hacer frente a la situación de sequía, que prevé actuaciones en el ámbito fiscal, social y de liquidez (una de ellas supone una bajada del precio del agua desalada). Y es que la situación en las cuencas hidrográficas del Guadiana y la del Guadalquivir es alarmante ya que están poco por encima del 20% de agua embalsada.

También, la Comisión Europea desde hace unos días autoriza a los Estados miembros a levantar algunas restricciones técnicas ligadas a la adquisición de productos y materias primas de terceros países como el maíz. Y el próximo lunes deberían aprobarse nuevas resoluciones en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca tras las varias reuniones que se han llevado a cabo en Bruselas estas últimas semanas.

Sin embargo, para los agricultores y ganaderos se debe hacer más. Por eso toman la calle y piden, por ejemplo, bajadas de impuestos, y que se asegure el abastecimiento con la compra de cereal proveniente de mercados como Argentina, Brasil o EE UU de forma urgente. Eso a corto plazo, porque a medio plazo quieren que se permita aumentar la superficie cultivable en España para cereales, reduciendo, por ejemplo, las exigencias de tierras en barbecho. Una solución que el ministro de Agricultura contempla también dentro de la hoja de ruta de ayuda al sector.

Algunas estrategias pertenecen a la nueva PAC que debería entrar en vigor en 2023. Una PAC que lleva años de retraso y ha dejado un rastro de duras negociaciones entre organizaciones conservacionistas y productores. Y ahora nuevamente desde el sector primario piden que se aplace o al menos que se flexibilicen las medidas más «verdes». Una de las solicitudes del sector agrario es que se permita el uso de fertilizantes y que se revisen los acuerdos con terceros países, porque la importación está ligada a limitaciones en el empleo de productos fitosanitarios o de Organismos Genéticamente Modificados. En Europa también se están planteando reevaluar las estrategias de biodiversidad y la llamada «De la granja a la mesa» y, por tanto, revisar todas las medidas que tienen que ver con una agricultura más compatible con la biodiversidad. «Si la situación de conflicto con Ucrania y el alza de precios continúa habrá que retrasarla», afirma el presidente de Asaja.

Vaya como vaya, no hay que olvidar la importancia del sector primario en la economía. El conjunto del sector primario, la agroindustria, los insumos y la distribución y el transporte alimentarios supone casi el 11% del PIB. Somos, el 4º exportador de productos agroalimentarios de la UE y el 8º del mundo, con unas cifras que en 2021 alcanzaron los 60.000 millones de euros. Y de las exportaciones agroalimentarias, el sector cárnico supone un 18%.

Los pesqueros se quedan en tierra por el precio de los combustibles

La Confederación Española de Pesca (Cepesca), solicitaban hace unos días del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, medidas urgentes para paliar la situación del alto precio de los combustibles fósiles. A día de hoy, muchos barcos permanecen en puerto porque les sale demasiado caro salir a faenar. Entre las propuestas figuran medidas como la bonificación de las cotizaciones a la seguridad social o reducciones del IVA de los pescados y mariscos.

Por otro lado, el paro indefinido iniciado esta semana por la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera está poniendo en jaque al sector lácteo que ha decidido detener su actividad debido a la huelga. Hasta las asociaciones españolas de gran consumo, han solicitado la asistencia del gobierno para garantizar que no se detenga la cadena de suministro y poder contar con existencias suficientes en los lineales de las superficies comerciales.