Los huecos de la ley de bienestar animal

Hace una semana supimos que habían sido abandonadas en un centro de protección de animales dos cobayas. Llevaban un cartel que explicaba que los dejaban ahí porque la nueva Ley de Bienestar Animal les prohibía tenerlos. Hemos notado un incremento del abandono en varios centros». Quien habla es Sandra Vega, jurista del departamento legal de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA). No es la única organización que teme y está verificando un aumento de las tasas de abandono desde que se aprobara «la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales».

A solo una semana de su entrada en vigor, la prensa viene cargada de titulares sobre casos de abandono o sobre las primeras sanciones por dejar atado al perro a la puerta de un establecimiento. También son habituales los textos que tratan de aclarar las dudas de miles de propietarios de mascotas sobre el seguro o los cursos de formación y los que recogen el parecer de diferentes colectivos. Y es que la Ley ha tardado dos años en salir a la luz y ha protagonizado negociaciones bastante duras en puntos como el incluir o no a los perros de caza. Entre los que se han mostrado más críticos con el texto final está el partido animalista PACMA que ha llegado a considerar la ley como la más inútil de la historia. Para Nuria Almiron, co-directora del «Center for Animal Ethics» de la Universidad Pompeu Fabra, se trata de «una ley para justificar que se ha hecho una ley. Es el resultado de una lucha entre quienes presionaban por tener un texto coherente y los que querían simplemente hacer ver que les preocupan los animales. En muchos casos supone una mejora sí, pero esa visión es un poco utilitarista; decir que se ha mejorado en dos casos y empeorado en una... Soy consciente del trabajo que hay detrás, pero da la sensación de que la repercusión final será poca»

En general las organizaciones animalistas como FAADA o los colectivos veterinarios valoran positivamente que se haya establecido al menos una ley de mínimos y un marco normativo a nivel nacional, aunque todos señalan que quedan flecos sueltos. «Desde hace tres décadas cada autonomía contaba con su propia normativa, lo que suponía descoordinación y un trato desigual a los animales en función del territorio, además de dificultades a la hora de aplicar la ley y sancionar. Era una petición histórica tener una ley común, aunque en términos jurídicos no es íntegramente aplicable, porque muchos puntos necesitan el desarrollo de un reglamento específico. Además, nos obliga a trabajar en cada sitio con dos textos; esta ley no suple las ya existentes en las CC AA, pero habrá que ver cómo se ensamblan ambas legislaciones», considera María González Lacabex, abogada de INTERcids (operadores jurídicos por los animales).

En cuanto a los procedimientos, uno de los temas que quedan pendientes es el desarrollo de un reglamento que especifique cómo ha de ser el seguro de responsabilidad civil de daños frente a terceros o en qué consistirá el curso para la tenencia de mascotas. Dos de los puntos de la ley que más bulos y polémica han generado. Es poco lo que se conoce, aunque desde el gobierno han indicado que el curso será gratuito y preferiblemente online y solo para nuevos propietarios. En cuanto a los seguros, «ni siquiera se trata de protección animal como tal. Es una garantía contra la insolvencia y la responsabilidad económica de los dueños frente a posibles daños. Pero no es derecho animal», matiza la abogada de INTERcids.

También queda pendiente el listado de animales con los que se podrá convivir. Perros, gatos y hurones de momento no suponen un problema, pero son muchas las dudas que tienen los ciudadanos respecto a cobayas, tortugas, peces o reptiles. «Esas lista tendrán que ver con la protección medioambiental y con las llamadas especies invasoras. Solo si un animal está en la lista, el dueño lo tendrá que declarar, y no criar para que no salga a la naturaleza», continúa la abogada.

Animales fuera de la ley

Otro de los puntos controvertidos del texto son los animales que quedado excluidos: perros de caza, pastores, de trabajo, perros policía, toros… Para los animales de compañía se establecen normas sobre cuáles deben ser sus cuidados, como que tenga agua a disposición, comida apropiada, y para el resto se remite a las legislaciones específicas, en el caso de los perros de caza a la Estrategia nacional de gestión Cinegética. «Desde el punto de vista de la ética animal se aplica a algunos animales pero a otros no. Cuando nos ponemos a discutir sobre bienestar, parece que depende de quien utilice al animal se valora como peor o mejor el trato que le demos. Parece no tener el mismo derecho al bienestar un perro de laboratorio o uno que vigila un rebaño, que el perro que convive con una familia. Esta ley evidencia esa hipocresía, esa doble moral, pero está bien que se genere discusión y que haya gente que se de cuenta de estas diferencias y de que no tienen sentido», opina la codirectora del Centro de Ética Animal.

Algunos de los animales que se guían por otras normativas son los productivos y los que se usan para experimentación. En ambos casos dependen mucho de directivas europeas porque tienen implicaciones en la salud pública. En el caso de los animales de laboratorio, la Comisión Europea se comprometió hace unos meses a presentar una hoja de ruta para acelerar la búsqueda de métodos alternativos que permitan el fin de la experimentación con animales. Europa, de hecho, ya vetó el testado de cosméticos en animales en 2013 y «en las dos últimas décadas han destinado 1.000 millones de euros al desarrollo de alternativas», dice en un reportaje de El Periódico. Sin embargo, los escándalos sobre el trato vejatorio que se les da a los animales en algunos laboratorios siguen saltando a la actualidad. Famoso es el caso de los laboratorios Vivotecnia en Madrid que denunció la ONG Cruelty Free International, donde se veían perros o cerdos de pocas semanas sometidos a maltrato y humillación. «La normativa europea sobre animales para experimentación es peculiar en cuanto que su primer objetivo es desaparecer. Sin embargo, no vemos tanto el problema en las normativas como en la aplicación. La experimentación es una actividad muy opaca. Cuando hay algún escándalo saltan a la palestra pero faltan controles y mecanismos que garanticen la transparencia y que ayuden a identificar irregularidades», comenta la abogada de INTERcids. Nuria Almirón puntualiza: «La misma ley ya no se cumple, porque obliga a los países a invertir en investigación de alternativas al uso de animales de laboratorio y en casos como el de España ni siquiera se sabe cuánto se invierte. Por otro lado, en temas de animales para alimentación, en Europa se priman los fines medioambientales y de contaminación, cuando habla por ejemplo de animales de granja, pero en términos de ética animal es desacertado. Lo único que preocupa es el medio ambiente y lo primero que debería preocuparnos es el sufrimiento animal».

Aspectos positivos

Uno de los aspectos que más positivamente se ha valorado se refiere al control de las colonias felinas. El Colegio Oficial de veterinarios de Madrid (Colvema) explica que «esta Ley dedica un amplio apartado a los programas CER (captura, esterilización y retorno) los cuales se han mostrado como una buena iniciativa en la gestión las colonias urbanas felinas, siempre y cuando estén bien diseñados y cuenten con la dotación económica y de personal adecuadas».

También se considera positivo la prohibición de vender perros, gatos y hurones en las tiendas (se da una moratoria de 12 meses para adaptarse) que solo podrán adquirirse directamente de criadores registrados. También se prohibe la venta de animales a través de internet y se re regula la eutanasia. «Hay muchos centros que sacrifican animales sanos solo por un tema de saturación e las instalaciones. La ley establece sacrificio cero incluso para animales que tengan enfermedades crónicas o problemas de comportamiento. Otro punto positivo es el registro único de identificación que permite la trazabilidad de los animales por todo el territorio. Importante también la prohibición del uso de animales salvajes para circos. Cada CC AA tenía su propia ordenanza. Esta ley estatal establece un periodo de seis meses para que los propietarios pongan en conocimiento el número de animales que tienen y que les trasladen a algún santuario o centro que se haga cargo de ellos», matiza Sandra Vega de FAADA.