Eduardo Fungairiño, el azote implacable en los «años de plomo» de ETA

ETA intentó acabar con la vida del fiscal de la Audiencia Nacional en 1990 con un paquete bomba

Imagen de 2006 de Eduardo Fungairiño
Imagen de 2006 de Eduardo Fungairiño

ETA intentó acabar con la vida del fiscal de la Audiencia Nacional en 1990 con un paquete bomba.

Estuvo 26 años en activo como fiscal de la Audiencia Nacional, nueve como fiscal jefe, durante uno de los periodos judiciales más convulsos de la lucha contra ETA. Eduardo Fungairiño (Santander, 1946), también ex fiscal del Tribunal Supremo, falleció ayer a los 73 años por los problemas cardiacos que padecía, según fuentes de la Fiscalía General del Estado.

Nacido en Santander el 30 de mayo de 1946, estudió Derecho en el hospital de Tetrapléjicos de Toledo, donde ingresó cuando con 20 años tuvo un accidente de tráfico que le dejó en silla de ruedas. Seis años después ingresó en la Escuela Judicial.

Tras ocho años en su primer destino como fiscal en la Audiencia Provincial de Barcelona, llegó a la Audiencia Nacional en 1980, los «años de plomo» de ETA. En 1988 tomó posesión de teniente fiscal y en 1997 de fiscal jefe de la Audiencia. Este nombramiento no estuvo exento de polémica, al ser elegido frente al otro candidato
–Luis Poyatos– al que respaldaba el Consejo Fiscal, en tanto que Fungairiño contaba con el apoyo del fiscal general Jesús Cardenal. El acto de toma de posesión fue boicoteado y tuvo que ser el propio Cardenal quien actuara de padrino. La asociación de fiscales llevó a los tribunales el nombramiento pero en 1988 el Supremo lo avaló.

En la Audiencia participó en investigaciones de relevancia como el caso del aceite de colza, que derivó en el primer macrojuicio de esa sede judicial, durante el que ejerció como fiscal.

Ya como fiscal jefe se opuso a las investigaciones contra el dictador chileno Pinochet que promovía el juez Garzón, así como a la expansión de causas de jurisdicción universal. El enfrentamiento entre ambos se prolongó años.

Otro episodio sonado lo protagonizó en 2004 cuando en la comisión de investigación del 11-M en el Congreso manifestó que dos días después de la masacre creyó en la autoría de ETA. Tuvo que pedir disculpas. Dijo además no saber nada de una furgoneta de los terroristas y explicó que no seguía la prensa ni la televisión, salvo «reportajes de la BBC».

Desde la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño también siguió asuntos de narcotráfico y delitos económicos pero le distinguió especialmente una frenética actividad en relación con ETA, cuyas macabras andanzas conocía al detalle. Muchos casos fueron los que siguió directamente porque su larga carrera fiscal en la Audiencia fue de la mano de las decenas de sumarios y causas abiertas contra la banda. Desde el secuestro de Emiliano Revilla, el atentado de Hipercor, el de la República Dominicana en Madrid, el asesinato del comandante Ynestrillas o el atentado frustrado contra el presidente del Tribunal Supremo Antonio Hernández Gil.

Henri Parot, José Javier Arizcuren Ruíz, «Kantauri»; Francisco Múgica Garmendia, «Pakito»; Santiago Arróspide, «Santi Potros»; Ignacio Etxebarria, «Mortadelo», o Idoia Lopez Riaño, «La Tigresa», también saben bien quién es Fungairiño. Donde más empeño puso en avanzar fue en la cooperación judicial con Francia, que reportó grandes beneficios. Su enconada lucha contra ETA le costó en 1990 el envío de un paquete bomba que fue desactivado por la policía. El año anterior la banda asesinó en Madrid a su compañera y amiga Carmen Tagle.

Su vida profesional no estuvo exenta de polémicas, la mayoría derivadas de ese genio contestatario y rebelde que le sirvió para que fuera tildado junto con sus colegas Ignacio Gordillo, Pedro Rubira y María Dolores de Prado como «los rebeldes e indomables». Los cuatro fueron expedientados por «insubordinación» a su jefe José Aranda, que fue destituido por falta de autoridad. En otra ocasión, Fungairiño sacó la cara por Rubira a cuenta de mostrar su rechazo por la puesta en libertad del general Galindo, lo que abrió una discusión con el fiscal general del Estado Carlos Granados.

Con la llegada a la Fiscalía General de Cándido Conde-Pumpido, sus «desencuentros» fueron continuos y en 2006 presentó su renuncia como fiscal jefe. «No hace falta ser muy inteligente para saber que me cesaron por exigencias de los terroristas», diría. La banda hizo público un comunicado anunciando la declaración de una tregua al mes de su cese. Fungairiño pasó a la fiscalía del Tribunal Supremo, donde ejerció hasta que se jubiló hace ahora 13 meses.