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Los ahorradores podrán rescatar 68.000 millones en 2025

El Gobierno aprueba la recuperación de los planes de pensiones con diez años de antigüedad. La rebaja de las comisiones de gestión mejorará la rentabilidad de los fondos, según el Gobierno

  • El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros/Efe
    El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros/Efe / EFE

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10 de febrero de 2018. 04:34h

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Roberto L. Vargas 9/2/2018

Más de 68.000 millones de euros. Esa es la cantidad que podrán rescatar los españoles que tengan un fondo de pensiones a partir de 2025. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto de Modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en Materia de Liquidez y Reducción de Comisiones. Detrás de tan grandilocuente encabezado está la normativa anunciada en septiembre por el ministro de Economía, Luis de Guindos, que permitirá a partir de ese año liquidar, sin limitaciones, las aportaciones a los planes de pensiones con al menos diez años de antigüedad, así como los rendimientos generados. Eso significa que en 2025 los titulares de esos fondos podrán recuperar el dinero que tenían depositado en 2015, que ascendía a 68.011 millones de euros, según datos de Inverco. En la actualidad, los españoles tienen depositados en estos vehículos 111.000 millones de euros.

Gastos

El decreto, del que podrán beneficiarse unas ocho millones de personas, contiene también una rebaja de las comisiones a pagar por este producto. El texto las diferencia según tres tipos de fondos de pensiones. Se aplicará un máximo del 0,85% para los de renta fija, lo que supone una disminución de 65 puntos básicos frente al límite actual; un tope del 1,30% para los mixtos, 20 puntos básicos menos; y del 1,50% para fondos de renta variable, igual que ahora. Con los nuevos porcentajes, el Ministerio de Economía calcula que la comisión media según la distribución del patrimonio entre los diferentes tipos de fondos baja del 1,50% al 1,25%. A su vez, se reduce la comisión máxima de depósito de 0,25% al 0,20%. Esta bajada de comisiones máximas se suma a la ya realizada en 2014, que supuso entonces una caída del 30%. Aunque el Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la aplicación de los nuevos límites de las comisiones de gestión y depósito se hará efectiva dos meses después. La rebaja de las comisiones tendrá un impacto positivo en la rentabilidad neta que obtienen los partícipes ya que, según declaró el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hasta ahora eran demasiado «elevadas».

El decreto aprobado ayer actualiza también la regulación de las inversiones de los fondos de pensiones con el objeto de poner al día las referencias que el reglamento de planes y fondos de pensiones hace a otra normativa financiera nacional y comunitaria en vigor. Asimismo, se incluyen expresamente como activos aptos para los fondos de pensiones las participaciones en los Fondos de Capital Riesgo Europeos y los Fondos de Emprendimiento Social Europeo.

Méndez de Vigo defendió la reforma porque, según dijo, servirá de «estímulo» para que, especialmente los más jóvenes, contraten más planes y fondos de pensiones. El Gobierno considera que es buen momento para lanzar una medida así dado que la mejora de la situación económica permitirá a muchos ser previsores. En cualquier caso, Méndez de Vigo negó que se trate de una iniciativa tendente a sustituir el sistema público de pensiones que, según aseguró el ministro, es «un derecho» cuya protección es una de las prioridades del Gobierno. «Que quede claro y que haya tranquilidad y seguridad», manifestó.

Reacciones críticas

La oposición y los sindicatos no acogieron precisamente con algarabía la medida. La secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Carmen Calvo, criticó que el Gobierno quiera impulsar el ahorro «privatizando derechos» que son fundamentales y están recogidos en la Constitución y lamentó que «este sea el mantra constante del PP». «¿Quién puede ahorrar? Sólo los que cobran sobresueldos porque los normales no podemos. Unos vivimos mejor, otros peor y otros muy mal y sin ninguna prestación de solidaridad», afirmó Calvo.

CC OO cree que la modificación del reglamento de pensiones es «incoherente». «En un momento en el que la prioridad es garantizar el sistema público de pensiones, aparece un discurso oportunista que parece promover la previsión social complementaria como alternativa, cuando no lo es, y además, se fundamenta en la aprobación de medidas contradictorias», según dijo.

UGT denunció que el Gobierno beneficie los planes privados mientras «castiga» las pensiones públicas, que a su juicio deberían ser la «prioridad» del Ejecutivo, al que culpa del «altísimo déficit» de la Seguridad Social. Asimismo, avisó de que la posibilidad de rescatar los fondos a los diez años provocará que cuando la gente atraviese una crisis recurra a ellos, por lo que cuando llegue a la jubilación carecerá de ese capital. Según UGT, la «precariedad laboral y los salarios de miseria» que «imperan en España» imposibilita que la mayoría de los trabajadores pueda tener un plan de pensiones.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron que esta medida sólo beneficie a las «personas con mayores rentas», que son las que recurren a este tipo de inversiones. Además, aseguró que no es nueva y se limita a desarrollar la ley de reforma fiscal de 2014, que introdujo también de forma temporal la opción de que las personas incursas en un proceso de ejecución sobre su vivienda habitual pudieran recuperar sus planes.

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