El Fondo Social de Cartagena se destina a familias, cuidado domiciliario y asistencia en barrios

El Ayuntamiento de Cartagena destinará al cuidado domiciliario de personas dependientes y a garantizar los servicios básicos a las familias y los barrios más vulnerables, la mayor parte de los 707.000 euros del Fondo Social Extraordinario contra la crisis de la covid-19 que le ha asignado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según ha explicado la vicealcaldesa y responsable del Área Social, Noelia Arroyo.

La intención del Ayuntamiento es reforzar con estos fondos los servicios de teleasistencia, alimentación y atención domiciliarias a las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia para hacer frente a las nuevas necesidades provocadas por la situación de confinamiento.

También propone destinar el fondo al refuerzo de la atención en necesidades básicas a las familias en situación de mayor vulnerabilidad para dar servicio a las que se incorporen como demandantes de ayuda por las consecuencias económicas de la crisis sanitarias.

El Gobierno municipal también pretende que esta línea de ayudas, aprobada por Real Decreto el pasado 17 de marzo, sirva para atender barrios del municipio con problemas sociales propios impulsando acciones de carácter especial en coordinación con las entidades del Tercer Sector con las que ya trabajan en esos lugares.

La vicealcaldesa ha añadido que también espera poder reforzar el equipo humano de Servicios Sociales con cargo a esta partida de 707.000 euros, mientras el Gobierno central libera el superávit de 2019. "Esta partida extraordinaria no es ni la cuarta parte de los 3,3 millones de millones de euros de Cartagena que siguen retenidos por el Gobierno. Es dinero que queremos emplear en ayudas a las familias y a las empresas de Cartagena y lo necesitamos ya".

Arroyo recuerda que alcaldesa pidió la mediación de la Federación de Municipios para liberar los superávit y que la propia FEMP ha dicho al Gobierno que ese dinero pertenece a los municipios y que son los ayuntamientos los que han de decidir cómo aplicarlos para luchar contra el coronavirus, reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social