La Asamblea emplaza a la Comunidad y al Estado a implantar medidas de reactivación

La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles cuatro mociones en las que se emplaza a los gobiernos central y regional a implantar medidas económicas, sociales, de conciliación y educativas para lograr la reactivación socioeconómica de la región de Murcia.

Así, el PSOE ha presentado una iniciativa, apoyada por Podemos y Vox, en la que reclama a la Comunidad el pago pendiente a colectivos sociales y proveedores, así como las subvenciones a las asociaciones y federaciones de comerciantes y organizaciones representativas de los sectores económicos.

El abono de las ayudas al alquiler correspondientes a las convocatorias de los años 2018 y 2019 y convocatoria urgente de las ayudas 2020, la licitación urgente de todos los proyectos incluidos en los presupuestos regionales de este año y la resolución urgente de todos los trámites en curso para la ampliación o puesta en marcha de actividades empresariales y económicas, de la economía social y autónomos, son otras de las medidas aprobadas.

PP y Cs han decidido abstenerse tras no aceptar el PSOE una enmienda de los populares en la que introducía la consideración de que el Gobierno regional ya está aplicando estas medidas, al tiempo que exigen un reparto "justo y equitativo" en el reparto de fondos estatales a las comunidades autónomas.

El hemiciclo también ha sacado adelante por unanimidad una moción de Cs en la que solicita a la consejería de Educación y Cultura la modificación del Programa de Apoyo y Refuerzo Educativo con el fin de reducir la brecha digital formativa entre los alumnos procedentes de contextos socioculturales y económicos desfavorecidos, dando un mes de plazo para implantarlo tras introducir una enmienda del PSOE

La iniciativa detalla que el Gobierno regional debe dotar a los centros educativos y a los estudiantes que lo requieran de la tecnología y la formación necesaria para desarrollar educación a distancia y la competencia digital, así como llevar a cabo refuerzo extraescolar por docentes voluntarios, de la bolsa de trabajo o personal cualificado.

El defensor de la moción y portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, ha alertado de que 35.000 alumnos murcianos tienen dificultades o no pueden acceder a las clases virtuales provocadas por el cierre de los centros educativos debido a las deficiencias de acceso a internet o falta de material electrónico.

Para Molina, los anteriores ejecutivos no han previsto la situación generada por la pandemia de coronavirus, lo que ha generado "escasez" de medios materiales, un deficiente acceso a la plataforma virtual de enseñanza y una mejorable preparación de los profesores, que "no ha estado a la altura".

Sin embargo, la diputada del PP Inmaculada Lardín ha reducido el número de estudiantes afectados por la brecha digital a 8.500 alumnos, para los que la consejería ha destinado 3.400 líneas móviles, además de destinar 100.000 euros al servicio Tele Educa y un teléfono gratuito de atención.

También ha salido adelante la iniciativa del PP, respaldada por Cs y Vox, en la que reclama al Gobierno central la elaboración de un Plan de Conciliación Familiar Nacional vinculado a la ejecución de las fases de desescalada del estado de alarma.

Desde la oposición, PSOE, que se ha abstenido, y Podemos, que ha votado en contra, han censurado a populares y naranjas que "lancen la pelota" en esta materia al ejecutivo central cuando es competencia de las comunidades autónomas.

La última moción validada también estaba destinada al Gobierno central, al que el PP, respaldado por Cs y Vox, ha pedido que realice un reparto "equitativo, justo y objetivo" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas atendiendo a criterios poblacionales.

Los populares no han aceptado una enmienda del PSOE, que se ha abstenido, en la que concretaba incluir entre los criterios el esfuerzo realizado en la Atención Primaria y las inversiones destinadas al control de contagios sin disminuir el criterio de población, mientras que Podemos ha votado en contra.

Finalmente, el PSOE ha retirado su petición de creación de una comisión de investigación sobre el contrato de servicio de transporte sanitario terrestre en la comunidad, que los socialistas consideran que está basado en un proceso “plagado de denuncias, revisiones y muchas dudas”.