PP, PSOE y Cs aprueban la ley de protección del Mar Menor

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por la ley de Protección Integral del Mar Menor con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) y los votos en contra de VOX y Podemos. La normativa, que amplía de los 500 hasta los 1.500 metros la prohibición de usar fertilizantes químicos, ha recibido las críticas de VOX y Podemos que consideran que las medidas de la ley no atienden a criterios técnicos solo a acuerdos políticos.

La ley ha salido adelante gracias al acuerdo alcanzado por los tres grupos parlamentarios que consensuaron la mayor parte de las enmiendas que habían presentado a la norma. Así, la ley incluye que en la franja comprendida entre los 500 y los 1.500 metros solo se puede desarrollar agricultura ecológica, sostenible y de precisión, que evite escorrentías que puedan desembocar en el Mar Menor. En ese sentido, la agricultura que se desarrolle en dicho límite solo podrá ser de regadío si dispone de derechos consolidados, para ello habrá que comunicarlo previamente a Consejería y presentar una memoria técnica que justifique que se cumplen las condiciones.

Por otro lado, también se creará el denominado Consejo del Mar Menor, con representación de las administraciones públicas, técnicos y organizaciones sociales; surge la figura del Operador Agroambiental para asesorar a los agricultores y asegurarse de que cumplan la ley, entre otras.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha advertido durante su intervención en el Pleno que el acuerdo al que llegó su grupo con PP y Ciudadanos se debe a la “responsabilidad y lealtad” que tiene el PSOE con la Región. Ha recordado que el decreto ley de Protección Integral del Mar Menor llegó a la Asamblea Regional en diciembre de 2019, “era una ley que adolecía de ambición suficiente y no tenía el amplio consenso político”.

El socialista considera que esta norma sí mejora a la anterior, ya que se ha consensuado aunque “por sí sola no resolverá el problema”. Entre las medidas que se incorporan a la ley y que ha detallado destacan la creación del Consejo del Mar Menor, la ampliación de la moratoria urbanística o el incremento hasta los 1500 metros de la prohibición de usar fertilizantes químicos, se han endurecido las sanciones a las desalobradoras ilegales incluyendo también una evaluación inmediata de los Puertos del Mar Menor.

Además, ha indicado que su grupo presentará una moción para que en el programa de actuación se incorporen las recomendaciones que se hace a la Confederación Hidrográfica del Segura. “El consenso no tendrá el valor que le damos si no se ponen los medios para que se cumpla”, ha apostillado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, considera que “no es el momento de los reproches”, ya que el Mar Menor tiene un “valor incalculable” y su deterioro “ha afectado a todos”. “Con esta ley histórica damos un paso definitivo para su recuperación y preservación alcanzando un gran acuerdo político”, ha afirmado detallando que se han logrado consensuar cerca del 90% de las enmiendas presentadas por PP, PSOE y Ciudadanos.

No obstante sí que ha pedido al Gobierno nacional que “se implique”, ya que de no hacerlo “la ley quedará en papel mojado”. En ese sentido ha advertido que hasta ahora solo se han recibido “amenazas e intimidaciones” por parte del Gobierno central, al que exigen poner en marcha el plan Vertido Cero.

Desde Ciudadanos, su portavoz Juan José Molina ha afirmado que esta ley busca la protección y la compatibilidad de la economía con la salvaguarda del Mar Menor, “una ley tan importante solo se podía gestar desde la unidad política”.

Según ha asegurado “todos los cambios tienen al principio resistencias, pero no es el momento de ir de víctimas, sino de liderar los cambios, los agricultores y empresarios quieren trabajar y salvar al Mar Menor”. El diputado de Ciudadanos ha dicho que es “el momento de sentirnos orgullosos del gran acuerdo, dentro de unos años tendremos un Mar Menor sano”, ha añadido.

Voces críticas

Uno de los críticos a la ley de Protección Integral del Mar Menor ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, que ha advertido que la norma es fruto de un “pacto político, no responde a sólidos fundamentos técnicos ni científicos”. El parlamentario considera que “la única solución posible para el Mar Menor pasa por que los políticos dejemos de hacer política con él”.

El diputado ha afirmado que las medidas que contempla la ley “perjudican a muchas personas” añadiendo que ni siquiera los partidos que firmaron el acuerdo para sacar adelante la norma saben si es buena, “simplemente confían en que sea así”.

Por parte de VOX también ha intervenido Pascual Salvador que considera que se "engaña a la ciudadanía diciendo que con esta ley se soluciona el problema del Mar Menor". A su juicio, la solución pasa por la construcción de las infraestructuras necesarias. "Es una ley inútil, que solo se basa en el sector agrario y lo criminaliza", ha apuntado.

Durante su alocución ha expuesto que PP, PSOE y Ciudadanos “firmaron el pacto de la vergüenza sin haber hecho nada estos años por salvar al Mar Menor. Esto al único al que beneficia es al PSOE, que quiere llevar la zona a la ruina”. Salvador ha indicado que su partido ha presentado 7 enmiendas en el Pleno que están basadas en estudios científicos y técnicos y que provienen de iniciativas legislativas ciudadanas.

Tampoco se ha mostrado satisfecha con la ley la portavoz de Podemos, María Marín, que ha recordado cómo en 2017 salía adelante el decreto ley de Medidas Urgentes para proteger el Mar Menor con “medidas insuficientes” como una “ridícula” franja de 100 metros para prohibir el uso de fertilizantes químicos “cuando hoy ya se está hablando de 1500 metros”. Ha denunciado que desde la aprobación de dicho decreto no se ha realizado “ni una sola acción para instalar las barreras vegetales ni para orientar los cultivos para evitar que las escorrentías llegaran al Mar Menor. No tenían voluntad de aplicar las medidas urgentes”.

Se ha dirigido también al PSOE para recordarle que “pasó de anunciar una moción de censura a pactar a puerta cerrada unas enmiendas con este Gobierno. No sabemos si ha sido fruto de las presiones de la agroindustria o la obsesión que tiene de querer contentar a todos”. La parlamentaria ha señalado, a su vez, que “la trampa de la ley se llama agricultura sostenible de precisión, es un invento más para seguir blanqueando las prácticas agroindustriales”.