Salud constata 34 positivos entre los inmigrantes llegados en pateras a Cartagena

El servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud de Murcia ha confirmado 34 positivos entre los inmigrantes llegados en pateras en los últimos días a las costas de la región, de los que 32 han sido ingresados en el hospital concertado Virgen de la Caridad de Cartagena y los dos restantes en el hospital Santa Lucía.

La Consejería de Salud ha informado este martes de que se realizan pruebas PCR a todas las personas que llegan en patera y todos los casos positivos, independientemente de su sintomatología, se ingresan en centros hospitalarios.

Desde la Comunidad Autónoma han solicitado ayuda al Ejército, a través de la Delegación del Gobierno, para que aporte infraestructuras para que pasen la cuarentena los contactos estrechos a estos enfermos, pero no se ha obtenido aún respuesta, según las fuentes.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha informado de que el juzgado de lo Contencioso no ha suspendido la obligación de la Delegación de Gobierno de dar alojamiento a los inmigrantes irregulares en cuarentena sin oír a la Comunidad al haber dado traslado a la dirección general de salud pública para que formule alegaciones antes de resolver de forma cautelar el recurso presentado por la abogacía del estado.

El juzgado de lo contencioso 4 de Murcia desestima la petición de la abogacía del estado de suspender de forma cautelarísima la obligación impuesta a la Delegación del Gobierno en Murcia de proporcionar alojamientos a los inmigrantes irregulares integrantes de las pateras que figuran como contacto estrecho de pacientes con PCR positiva y pasen la cuarentena obligatoria por un periodo de 14 días.

Esta medida cautelarísima, según el TSJ, ha sido instada por la abogacía del estado en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución ejecutiva del director general de Salud Pública de Medidas para personas inmigrantes irregulares, firmada el 25 de julio de 2020, y que se circunscribe únicamente a la obligación impuesta a la Delegación del Gobierno de proporcionar alojamiento a los inmigrantes.

Para denegar en este momento, el auto motiva que “resulta desproporcionado que en el estrecho margen de este incidente cautelarísimo se decida por el Juzgado sin dar audiencia a ambas partes implicadas cual es el título competencial preponderante que habilite a dar alojamiento si la materia de extranjería o la materia de salud pública: cuando en realidad se trata de competencias superpuestas entre sí, pues el ciudadano extranjero que se encuentra irregular en España está sometido con carácter general a la legislación estatal en materia de extranjería y de forma particular puede o no estar sometido a la legislación de salud pública que limite su movilidad por razón de riesgo a la misma si se encuentra contagiado por COVID-19”.

Tras conocerse esta decisión judicial, el senador del PP y exdelegado del Gobierno Francisco Bernabé ha pedido la dimisión inmediata del titular de la Delegación, José Vélez, porque “los tribunales han dado la razón al Gobierno de Fernando López Miras y ponen contra las cuerdas a un delegado del Gobierno que en su corto ejercicio ha demostrado una gran incapacidad e incompetencia”.