Piden 7 años de cárcel para árbitro de golf británico acusado de narcotráfico

El fiscal ha pedido siete años de prisión para un ciudadano británico, que es juez-árbitro de campeonatos de golf, que va a ser juzgado este jueves en la Audiencia Provincial de Murcia acusado de un delito de tráfico de drogas que habría cometido, presuntamente, con la recepción de sustancias sometidas a fiscalización enviadas desde Perú.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que los hechos fueron descubiertos en septiembre de 2014 cuando se procedió a la entrega controlada de un paquete sospechoso recibido en el aeropuerto de Barajas de Madrid procedente de una población peruana.

La obtención de una muestra de su contenido permitió conocer que se trataba de “mescalina”, un producto que figura en la lista de sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional.

Tras la autorización concedida por un juzgado de instrucción de Madrid, agentes de la Guardia Civil procedieron a su entrega controlada en el domicilio que se indicaba en el mismo, ubicado en una urbanización de Sucina (Murcia).

Sus propietarios eran un matrimonio -ella, de nacionalidad británica- que fueron detenidos al firmar el recibí, aunque, tras las primeras investigaciones, quedaron en libertad al comprobarse que nada tenían que ver en el asunto y que el verdadero destinatario era el acusado, D.J.A.

Según la fiscalía, los receptores del paquete lo hacían por encargo de este y sin tener conocimiento del contenido del mismo, aprovechándose el acusado, presuntamente, de la vinculación profesional que les unía, al participar como juez-árbitro en campeonatos de golf organizados por la empresa del esposo del matrimonio.

Además, la pareja hizo entrega a los agentes de un paquete recibido días antes y que todavía no había sido retirado por el verdadero destinatario.

Las conclusiones provisionales del ministerio público reflejan que el contenido de ambos envíos, previa mezcla, "estaba preordenado a su distribución a terceras personas".

Según la Benemérita, debido a la escasa incidencia en España de las sustancias que contenían se carece de un precio de referencia en el mercado ilícito, lo que habría sido preciso conocer para fijar la multa junto con la petición de prisión, aunque recalca que se trata de productos sometidos a fiscalización.