Las discrepancias en materia económica entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional son más que evidentes. El anuncio que hizo este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en que comunicaba que el Estado liberaba las partidas económicas que corresponden a las comunidades en concepto de pago adelantado para la sufragación de servicios básicos, como la Educación, la Sanidad o Política Social llegan, en opinión del Gobierno autonómico, "tarde" y mal. Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el último antes del parón estival, que ha dicho que "no son un gesto de generosidad de la ministra Montero. Las entregas a cuenta es el dinero que, por ley, nos corresponde a los murcianos". Además, el consejero de Presidencia ha apuntado que el incremento de ese 6,7 % respecto del ejercicio anterior -la Región de Murcia recibirá un montante total que asciende a 4.880 millones de euros- se debe a las continuas subidas de impuestos que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en concreto, 90, tal y como ha puntualizado el portavoz autonómico.

Esto le sirve de munición al Gobierno de López Miras para volver a reclamar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (el foro en el que se reúnen los consejeros de Economía de los diferentes territorios), así como una reforma urgente del sistema de financiación autonómica que, en palabras de Ortuño, lleva "11 años caducado" y eso, en su opinión, está perjudicando a la Región de Murcia. "El Gobierno de España nos ha querido asfixiar retrasando esas entregas a cuenta hasta prácticamente el mes de agosto", ha criticado el consejero regional, quien ha lamentado también que ese dinero no soluciona el problema estructural de financiación que sufre la comunidad. Además, desde el Ejecutivo regional vuelven a poner a poner de manifiesto el trato de favor que está recibiendo Cataluña en esta cuestión, lo que genera un perjuicio al resto de autonomías porque rompe, dicen, con los principios de "igualdad" y de solidaridad". Ortuño ha señalado que el denominado cupo catalán "crea españoles de primera y de segunda y, además, perjudica especialmente a la Región de Murcia".

3 millones para la violencia de género

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a una importante partida económica de 3 millones de euros destinada a ayudar a las víctimas de violencia de género en la Región. Una inyección financiera, a propuesta de la consejería de Política Social, Familias e Igualdad, que va a servir para dotar de más recursos a los Centros de Atención Especializada a las Víctimas de esta lacra, los llamados CAVI, además de reforzar los puntos de atención especializada (PAE), o los centros de acogida. Con esta medida, el Ejecutivo regional pretende garantizar una atención integral a estas mujeres, algunas de las cuales también tienen hijos a su cargo. 29 ayuntamientos de la Región de Murcia se van a beneficiar de estos fondos.

Trata y explotación sexual

No es la única iniciativa en materia de Política Social que ha aprobado el Ejecutivo autonómico, antes de irse de vacaciones. El Gobierno de López Miras también ha destinado una partida económica que asciende a los 60.000 euros para el Colegio de Abogados de la Región, con el objetivo de ofrecer asistencia jurídica gratuita a las víctimas de trata y de explotación sexual en la comunidad autónoma. Según apuntan fuentes gubernamentales, esta medida dirigida a las víctimas de la prostitución pone a disposición de estas personas puntos de información y ofrece formación reglada en materia laboral, a la vez que orientación, ayuda para la búsqueda de empleo y vivienda, cuidados básicos, gestión de documentos y la adquisición de permisos de residencia o de la tarjeta sanitaria. Un tercio de ese presupuesto se lo llevarán las grandes ciudades, como Murcia, Lorca y Cartagena, que servirá para costear la minuta de esos letrados, que proporcionarán atención y asesoramiento jurídico a las víctimas y cubrirá todo el proceso, incluyendo cuantas acciones sean necesarias para garantizar la protección y la defensa de la víctimas de la violencia machista.