El Gobierno regional revocará la orden que regulaba la adquisición de viviendas para albergar a menores inmigrantes con fondos del Plan Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia. La confirmación de esta decisión la comunicó la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, a través de un la red social «X». La medida se enmarca dentro del acuerdo cerrado entre PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2025, que incluye en su segundo punto el compromiso de dar un nuevo uso sociosanitario al centro de menores de Santa Cruz antes de septiembre. Como consecuencia, el Gobierno de López Miras debe buscar un techo para los 60 niños y adolescentes que alberga.

La compra de estas viviendas implicaba dar un paso adelante en un modelo de atención a la infancia. Con todo, desde el Gobierno regional apuntan a que la orden se ha revocado para dar mayor amplitud a esta iniciativa de tal manera que puedan beneficiarse otros colectivos vulnerables.

Sin embargo, la oposición interpretó esta cuestión como una muestra de fuerza de Vox sobre el PP pues Santiago Abascal había amenazado con no apoyar los presupuestos si no se retiraba la orden.

Este nuevo punto de fricción entre ambos partidos ha sido resuelto y el Gobierno de López Miras siguió ayer con la hoja de ruta prevista para seguir la tramitación presupuestaria, cuestión que es prioritaria.

Por la mañana compareció la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. Arropar a los agricultores murcianos, que viven momentos de incertidumbre, debido a la amenaza de recorte al trasvase Tajo-Segura, el fantasma de la sequía y el cambio climático, y las cada vez más exigentes políticas europeas son algunos de los objetivos que se ha marcado estas Consejería. Los presupuestos ascienden a 250 millones de euros, -un 10,1% más que en 2024-, pero se sitúan en una cifra total de casi 341 millones de euros, si se tienen en cuenta las aportaciones de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (Esamur).

Rubira explicó que, en términos globales, casi 6.000 agricultores murcianos van a percibir incentivos económicos para poder seguir ejerciendo su actividad que, además, en algunos casos, han sufrido pérdidas importantes esta campaña, a consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos como el pedrisco. Así, la Consejería contempla ayudas de hasta 20 millones para el fomento de la agricultura ecológica, de las que se van a beneficiar casi 3.350 agricultores. Para aquellos trabajadores del campo que tienen cultivos en zonas de montaña o que presentan limitaciones naturales, Agricultura destinará partidas que ascienden a los 5,6 millones. También se invertirán 113,1 millones para el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras hidráulicas.

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras del Gobierno, Jorge García Montoro, presentó los números de su departamento, que ascienden a un montante total de 208,3 millones de euros para este 2025.

Explicó que se trata de «unas cuentas diseñadas para responder a los retos sociales más urgentes, como es el acceso a la vivienda, que es el eje estratégico de este ejercicio. Prueba de ello es que Fomento ha incrementado la partida destinada a esta cuestión un 36,5 % respecto del año pasado. Destacó el denominado «Plan de Vivienda Asequible», una ambiciosa iniciativa que persigue promover «vivienda protegida en suelos públicos y privados, que contará con una tramitación ágil, con precios tasados y con ayudas, tanto para los compradores como para los promotores».

Las ayudas para acceder a esas casas protegidas ascienden este ejercicio hasta los 500.000 euros y, según explicó García Montoro, el objetivo es aprobar lo antes posible el nuevo decreto ley, que sentará las bases de un modelo pionero de vivienda asequible, para estimular la oferta de vivienda protegida limitando los precios máximos de venta y estableciendo requisitos de renta para los compradores.

Se refirió también a la inversión que quiere realizar su departamento a lo que denominan «proyectos estratégicos», como el desdoblamiento del acceso a la Bahía de Mazarrón, el de la carretera Yecla a Villena hasta la A-33, la mejora de la carretera del Carche (Jumilla), o el acondicionamiento de la carretera de acceso a las urbanizaciones de la zona norte de Murcia y Molina de Segura.