Por qué no hay que eliminar las sicav

Pedro Sánchez necesita aprobar los Presupuestos Generales de 2019 para maximizar sus opciones de reelección. Y, para conseguirlo, parece estar dispuesto a ceder a cuantas irracionales peticiones le efectúe Podemos: una de las últimas, eliminar las sicav. A la postre, esta formación de extrema izquierda siempre ha denunciado a esta institución de inversión colectiva como uno de los privilegios fiscales más escandalosos de los que ha gozado la casta económica de nuestro país: «¿Cómo es posible que los trabajadores paguen impuestos de hasta el 45% y, en cambio, las sicav apenas tributen al 1%?».

Empecemos clarificando los hechos: toda institución de inversión colectiva paga un Impuesto sobre Sociedades del 1%. No se trata de un régimen tributario exclusivo de las sicav: al contrario, las sicav disfrutan de él por ser una institución de inversión colectiva más. ¿Qué otras modalidades de instituciones de inversión colectiva existen? Los fondos de inversión libre, los fondos de inversión inmobiliaria o los fondos cotizados. Las ganancias de todos ellos tributan al 1%, no sólo las de las sicav. Por consiguiente, si usted se quiere beneficiar del mismo régimen «ultraprivilegiado» de las sicav, basta con que se convierta en partícipe de un fondo de inversión: algo que puede hacer acudiendo a cualquier oficina de una entidad financiera.

Pero cualquier inversor particular en un fondo sabe que ha de seguir pagando una ingente cantidad de impuestos. ¿Dónde está el truco? Pues en que el gravamen del 1% sólo se aplica para las ganancias que logren las sicav (o los fondos de inversión) y no hayan sido distribuidas a sus partícipes. O dicho de otro modo, si usted compra participaciones en un fondo de inversión y, tras venderlas, obtiene unas plusvalías de 5.000 euros, no pagará el 1% de esos 5.000 euros, sino el tipo impositivo correspondiente a las ganancias patrimoniales dentro del IRPF (el 19% hasta 6.000 euros, pero el 23% a partir de 50.000 euros). Esos mismos tipos también son de aplicación a los partícipes de una sicav: esto es, cuando un «rico ultraprivilegiado» quiere disfrutar personalmente de los beneficios devengados dentro de su sicav, ha de pagar no el 1% sino hasta el 23% de los mismos.

En realidad, tiene todo el sentido del mundo que, mientras un ahorrador se limite a rotar su cartera de inversiones (es decir, a vender unos activos y comprar otros), no se le haga tributar enormemente por las plusvalías logradas y que, en cambio, sólo haya de pasar por la ventanilla del erario cuando pretenda apropiarse personalmente de las mismas. En caso contrario, si se exprimiera tributariamente a cada ahorrador por cada ganancia que realizara, estaríamos penalizando que los inversores enajenaran sus activos sobrevalorados para adquirir activos infravalorados: pocos querrían vender lo caro para comprar lo barato con tal de evitar pagar una ingente mordida fiscal. Siendo así, en lugar de eliminar las sicav, deberíamos flexibilizar sus requisitos para que todo ahorrador (no sólo los grandes capitales, como sucede en la actualidad) puedan canalizar sus inversiones a través de ellas: es decir, permitir una sicav para todos.

Por desgracia, PSOE y Podemos parecen muy alejados de este más que razonable horizonte impositivo. Al contrario, lo que plantean no es universalizar las sicav a todos los españoles, sino erradicarlas por entero. Desde la formación de Pablo Iglesias dicen estar dispuestos a asestar tal golpe mortal contra el ahorro nacional por los ingresos extra que le reportará al Estado. Pero ellos mismos, en sus propias estimaciones, reconocen que alterar el régimen tributario de las sicav apenas permitiría recaudar 350 millones de euros: es decir, el 0,029% del PIB. Una absoluta nadería que, en realidad, sólo constituye una excusa para justificar su propia ceguera ideológica.