Una de las ideas que ha sonado con más fuerza en la Convención Nacional del PP ha sido la defensa de los cheques educativos y sanitarios para nuestro país. El propio Pablo Casado, en su discurso de clausura, dijo querer aumentar la libertad de elección de los ciudadanos dentro de nuestros Estados de Bienestar. ¿En qué consisten exactamente estos cheques? La idea fue originalmente concebida por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman (a cuya escuela de pensamiento, la de Chicago, también se remitió Casado en su discurso) para incrementar la libertad de elección de los padres sobre la educación que reciben los hijos o, asimismo, la libertad de elección de los pacientes sobre los especialistas que tratan sus dolencias. En esencia, y bajo un sistema puro de cheques, la educación y la sanidad son completamente privatizadas, permitiendo una libre competencia entre los distintos operadores del mercado, y acto seguido, el Estado garantiza que cada ciudadano cuente con recursos suficientes como para poder pagar las matrículas de los centros educativos o las cuotas de un seguro sanitario. ¿De qué modo lo garantiza? Entregando un cheque escolar o sanitario por usuario. Si, por ejemplo, el coste de una plaza en la enseñanza pública asciende a 8.000 euros, sería factible otorgar a cada familia una asignación anual de 8.000 euros por estudiante para que éstas pudieran escoger alguno de los muchos centros privados existentes. Idéntica lógica cabe aplicar al caso de los hospitales. ¿Qué ventajas tendría este sistema frente al actual basado en la estatalización de la educación y de la sanidad? No sólo que cada persona podría escoger aquella escuela o aquel hospital que mejor se adaptara a sus necesidades, sino que cada escuela y hospital comenzarían a competir entre sí por ser los elegidos por los ciudadanos, lo que inevitablemente les llevaría a innovar y a abaratar sus costes. Los centros que no funcionaran correctamente serían clausurados (no como ahora, que son perpetuados a costa del presupuesto estatal) y aquellos otros que funcionaran mejor que el resto serían imitados y reproducidos por el resto de la sociedad. En suma: soberanía del usuario por el lado de la demanda y competencia hacia la excelencia por el lado de la oferta. Una combinación difícilmente batible que, no obstante, no será fácil de aplicar desde el Gobierno aun cuando Casado quiera (que está por ver si realmente quiere). Para modificar de raíz el sistema de provisión de servicios del (mal llamado) Estado de Bienestar, hace falta oponerse a aquellas estructuras burocráticas que viven a costa de ese Estado de Bienestar, es decir, los empleados públicos del sector educativo y sanitario. Exponer su posición privilegiada a la libre elección del ciudadano es algo que jamás tolerarán y cualquier paso que se dé en esa dirección a buen seguro se enfrentará a las ya famosas mareas blancas y verdes que con tanto poder cuentan dentro de nuestro país. Por tanto, si Casado quiere avanzar en esa liberalizadora dirección necesitará el coraje de plantarle cara al aparato mismo del Estado. ¿Se mostrará dispuesto a ello?