Resulta muy curioso, por calificarlo de forma muy suave, que los responsables de Hacienda hayan publicado la orden de corrección de módulos justo después de las elecciones. La explicación es clara: las correcciones son mínimas, especialmente si se relacionan con las peticiones de las organizaciones agrarias, y se mantiene la discriminación denunciada cuando apareció la orden primitiva. Vamos, que en este asunto, como en otros muchos, el todavía ministro de Agricultura, Luis Planas, ha seguido su línea habitual de mirar para otro lado, poniéndose de perfil. Algunas de las reivindicaciones del sector hacían referencia a la reducción de módulos en el olivar en ciertas provincias.

Tampoco se han atendido. La situación actual se caracteriza por los bajos precios en origen que, en teoría, son consecuencia de una producción que ha alcanzado en España un récord histórico. Sin embargo, a nivel mundial será corta mientras el consumo aumenta de forma sostenida y el único país capaz de abastecer el mercado es justamente España. Con este enfoque, los precios deberían haber bajado mucho menos. Pero es lo que hay.

El sector del aceite de oliva ha registrado un vuelco espectacular en los últimos 30 años. Entonces, 600.000 toneladas se consideraba una producción buena; ahora, la muy buena alcanza 1.800.000 toneladas. En el último decenio, muchas tierras de otros cultivos se han dedicado a olivar con plantaciones intensivas y súper intensivas, que tienen unos costes de producción más bajos que el olivar tradicional, debido a sus mayores rendimientos y menores gastos de recolección. Cuando los precios bajan, estas plantaciones nuevas aguantan, pero el olivar tradicional no cubre costes. Es necesario buscar una solución al problema, que va a ir a más. ¿Podría ser una ayuda específica justificada por los beneficios medioambientales y de lucha contra el cambio climático?