Carbón, corrupción y silencio

El grupo terrorista Al-Shabaab, presente en Somalia y Kenia, se financia gracias al carbón vegetal, a pesar de que su comercio y exportación está prohibidos desde hace años. Además, de la deforestación que esto provoca, las sequías, inundaciones y conflictos entre clanes por el acceso a recursos naturales como este ha provocado que 5.4 millones de personas se encuentren en riesgo grave de inseguridad alimentaria

“Para entender las claves del terrorismo en Kenia y en Somalia

hay que observar el negocio del carbón -asegura Yussuf (nombre ficticio por motivos de

seguridad),

miembro de las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF)-. He obtenido más información

hablando con niños que venden el producto en los mercados que en

interrogatorios oficiales”.

Yussuf trabaja como analista

siguiendo los pasos de Al-Shabaab; el grupo terrorista con base en Somalia, con

fuerte presencia en el noreste de Kenia y responsable directo de la muerte de

miles de personas por ataques

terroristas en ambos países. Su poder destructivo tiene una

correlación directa con la desertificación y la degradación del suelo, al ser

la producción de carbón vegetal una de las bases de su financiación.

Los datos son devastadores:

según Naciones Unidas, dos millones de árboles son cortados al año en Somalia,

produciendo un beneficio de hasta 120 millones de dólares, de los cuales se

estima que 10 millones son destinados a la financiación de milicias y grupos

terroristas. En Kenia, según el Centro Mundial de

Agroforestería , las tierras forestales se han reducido a más de la mitad

desde 1963, lo que supone que las tierras boscosas conforman menos del 10% del

suelo, el mínimo recomendado por la ONU.

El negocio de la ignorancia, la necesidad y el miedo

Tanto en Kenia como en Somalia,

el comercio ilegal de carbón vegetal y su exportación fueron prohibidos por

ambos Gobiernos con el respaldo del Consejo de Seguridad de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las medidas

se tomaron con la intención de frenar la financiación del grupo terrorista

Al-Shabaab y reducir los efectos negativos del cambio climático. Las sequías,

inundaciones y conflictos entre clanes por el acceso a los recursos naturales

se han incrementado en los últimos años, provocando que 5.4

millones de personas se encuentren en riesgo grave

de inseguridad alimentaria.

Los esfuerzos existentes

carecen de efectividad ante la demanda incesante de carbón vegetal por parte de

los países del Golfo Pérsico. La corrupción, la falta de gobernabilidad y lo

lucrativo del negocio, colocan la degradación de Somalia y del noreste de Kenia

en el lugar de lo anecdótico o del “mal menor”.

Al-shabaab ha creado una

cadena de producción y venta basada en la ignorancia, en la necesidad y en el

miedo. “La mayoría de los productores no conocen el destino de los fajos de

carbón. No saben que las acacias que están cortando tardan cientos de años en

crecer, pero tampoco pueden imaginar que su trabajo se relaciona de algún modo

con los ataques terroristas perpetrados en nuestro país”, admite Yussuf.

Las provincias del noreste de

Kenia están especialmente afectadas por la hambruna y la desertificación;

dándose las condiciones necesarias para que florezcan negocios que aseguren

ganancias rápidas y seguras. Se estima que los hogares de Kenia usan 2.4

millones de toneladas al año de carbón vegetal como fuente energética; por lo

que los productores no pueden permitirse el lujo de aceptar la prohibición de

los gobiernos sin tener alternativa alguna para subsistir. Los líderes locales

se aprovechan de la situación gastando en otros fines las contribuciones

destinadas a la protección del medio ambiente. Al-Shabaab juega también esa

baza; y es que donde hay hambre la ley es subjetiva.

“En marzo de 2019 dos agentes locales detuvieron a una chica de

catorce años que estaba vendiendo carbón producido ilegalmente por su familia

-cuenta Yussuf-. El padre y la madre acabaron en la cárcel, la chica tuvo que

abandonar sus estudios para cuidar a sus hermanos menores, sobreviviendo de la

mendicidad hasta que Al-Shabaab les rescató. La comunidad se reafirmó en la

imagen que el grupo terrorista quiere mostrar: ellos son los héroes y el

Gobierno, el villano”.

Los habitantes de Garissa, en

el noreste de Kenia, coinciden en que el Gobierno ha tomado una medida que

afecta negativamente a los ciudadanos. “No se puede pensar en el bien común con

el estómago vacío”, dice Feisal Mohamed, líder de uno de los clanes

mayoritarios de Garissa. “El Gobierno debe dar antes de quitárnoslo todo para

cubrirse las espaldas de cara a la comunidad internacional”, continúa.

La necesidad repercute en el

aumento de la corrupción. Los agentes hacen la vista gorda a cambio de un

porcentaje de las ganancias. Camiones cargados de carbón siguen cruzando la

frontera de Somalia y Kenia, con total impunidad, a través del campo de

refugiados de Dadaab.

La prohibición ha convertido

el negocio del carbón en una actividad lucrativa de la que se benefician

actores locales e internacionales, y las leyes se siguen dictando sin poner

solución a los efectos de la corrupción; el factor causante de que la mayoría

de las iniciativas que aspiran a proteger el medio ambiente fracasen. “Si paras

a un camión cargado de carbón en la frontera y lo denuncias, inmediatamente

recibes una llamada de tus superiores y tienes que dejar que pase”, afirma

Abdifatah, agente de policía en Garissa.

La deforestación avanza,

incrementando las emisiones de dióxido de carbono responsables de la

aceleración de la sequía, o el riesgo de inundaciones. Y los que lo saben,

callan. El miedo gana terreno de forma exponencial entre activistas,

científicos y políticos comprometidos con la lucha contra el cambio climático.

Cuando se discuten las causas

de la inacción generalizada en cuanto a las medidas medioambientales, se habla

de corrupción, se habla de ignorancia, se habla de política exterior. Pero el

miedo no forma parte de la estadística, a pesar de que se trata de un factor

central. “Es tanto dinero el que se mueve que las buenas intenciones no valen

nada. La moral, la ética, no pueden luchar contra la falta de gobernanza, o

contra el hecho de que matar por encargo cueste treinta dólares. ¿Quieres saber

quién financia Al-Shabaab? Todos nosotros. Los niños que venden carbón en

Nairobi, la cocinera del puesto de samosas, el agente cuyo mandato es el silencio.

Es un círculo vicioso”, afirma Yussuf.

Al-Shabaab reina en un

desierto desde el que, irónicamente, dicta sus propias leyes de protección del

medio ambiente: En Julio

de 2018 anunciaron la prohibición del uso de bolsas de

plástico, ya que este material “supone un peligro para el bienestar de las

personas y de los animales.” Una medida que roza la burla teniendo en cuenta la

impunidad con la que han sacrificado y violado a miles de víctimas en los

últimos diez años.

La solución que no llega

Eastleigh, el barrio somalí

de Nairobi, se ha convertido en el objetivo de activistas y trabajadores

sociales que buscan concienciar sobre cambio climático y la importancia de

cuidar el medio ambiente.

Los niños venden sacos de

carbón mientras juegan y charlan. Los policías pasan de largo, pero si alguien

pregunta por el responsable de la venta la respuesta es clara: “no está aquí”.

“Siempre recauda el dinero una persona distinta, nunca se sabe cuándo va a

aparecer. A veces tardan días o semanas en venir, lo que hace que la vigilancia

sea muy complicada, porque antes de que localices al responsable alguien habrá

dado la voz de alarma sobre tu presencia”, cuenta Yussuf.

La comunidad somalí de

Eastleigh está unida contra del control policial, consideran que la narrativa

del medio ambiente pertenece a los “wazungu”, a los blancos, y que forma parte

de una nueva ideología colonial. Palabras como “cambio climático” o “capa de

ozono” hacen que la gente desconecte del discurso, que lo consideren como algo

ajeno. “Nuestra gente sufre de hambre, no pueden luchar contra fenómenos que no

llegan a comprender cuando la prioridad es el alimento”, explica Umulkheir

Harun Mohamed, directora de la ONG “Kesho Alliance”, con base en Garissa. “La

educación es el único modo de enfrentar este problema, pero es complicado

trabajar con una mayoría analfabeta cuya filosofía de vida se basa en la

ganancia inmediata”.

Pero la ignorancia no debe

eximir de la responsabilidad moral, por eso Umulkheir

trabaja implementando programas que incluyen pequeñas medidas que impactan

en la protección del medio ambiente. “No puedes empezar por prohibir el carbón,

porque dejas a miles de personas desamparadas. El cambio ha de ser progresivo e

inteligente, ha de ir de la mano de la educación y tiene que ir acompañado de

alternativas realistas y adecuadas a nuestro entorno”, afirma Umulkheir.

La necesidad de implementar

soluciones que se ajusten a la realidad es también la propuesta

de Abdifatah Hassan Ali, analista de Witness Somalia: “El problema es que

las autoridades locales son parte del negocio, por lo tanto es muy difícil

exigir que la sociedad civil se involucre en medidas sostenibles. De hecho, la

administración local de Jubbaland no permite siquiera criticar el negocio del

carbón y existen casos de periodistas que han sido arrestados por investigar

sobre el tema”, afirma Abdifatah Hassan.

Las dinámicas existentes son

concebidas para contentar y acallar a la comunidad internacional. Los expertos

reconocen que la lucha sólo será posible si se da un cambio de paradigma. Los

cargamentos de carbón vegetal continúan cruzando fronteras, en silencio,

pasando por encima de estadísticas. La deforestación avanza. El terrorismo y la

sequía siguen cobrándose vidas.

Mientras tanto, los políticos

firman documentos-placebo y prometen: “Todo irá bien. Todo irá bien.” Sabiendo

que la corrupción está de su lado y que la alianza entre hambre y miedo

conforma el mejor mecanismo para mantener el poder.