Test de resistencia al Estado

Las próximas horas, y muy especialmente los próximos días, van a ser testigos de una de las mayores pruebas a las que se someten los niveles de resistencia de un Estado democrático, europeo y de derecho como es el español. Todo un verdadero y autentico test que vendrá marcado, tanto por la sentencia del «proceso al proces» que, filtraciones aparte conoceremos oficialmente hoy mismo con toda probabilidad, como por sus consecuencias en la calle y en los aledaños de la relación política. Sobre lo primero, tanto la instrucción como el juicio ya merecen la calificación de impecables quedando la de ejemplar para el veredicto final dentro de esta prueba de fuego al Estado. La sentencia –con independencia de su contenido en cuanto a delitos y penas– pondrá la guinda a un proceso mirado con lupa desde sus inicios por no pocos observadores y prensa foránea no siempre ajenos al rodillo de la propaganda separatista. Con luz, taquígrafos y todas las garantías procesales, el Estado a través de una de sus principales instituciones como es el Tribunal Supremo pasará con nota ese primer test de resistencia, a pesar de algunos plomos fundidos en el camino a cuenta de quienes, desde determinadas posiciones políticas, no dudan en socavar la estabilidad institucional.

El segundo test se va a plantear a partir de esta misma semana, con la capacidad de reacción del estado para salir al paso de la respuesta en su mayor parte organizada tanto en la calle como en las instituciones autonómicas catalanas por parte de un secesionismo al que, diluida la ensoñación de una república independiente a partir del 1 de octubre de 2017, solo le queda ahora ir tejiendo una respuesta a la sentencia caso de ser condenatoria lo más global, sonora y dilatada en el tiempo que les sea posible y siempre bajo la máxima –esta es otra de las grandes incógnitas hoy– de que traspasar según qué líneas rojas equivale directamente a incurrir en los mismos errores que dieron con los huesos en la cárcel de quienes ahora aguardan veredicto. Para ser más claros, el independentismo que pisa moquetas sabe que su respuesta a la sentencia del Supremo podría incurrir en parecidos delitos a los que la sentencia marque. Ahora ya se le ha puesto cara al juez Marchena. Y es en este segundo test donde el actual Gobierno en funciones tiene más que decir, porque de él dependerá que, a efectos del mantenimiento del orden púbico y la seguridad o libre circulación ciudadana el Estado quede a la altura. La etapa electoral en que nos encontramos con repetición de comicios dentro de 28 días no quedará al margen y Pedro Sanchez sabe mejor que nadie –porque así se lo habrán hecho ver– que una actuación como elefante en cacharrería incurriendo en los errores del Gobierno de Rajoy puede llevarse a cualquiera por delante. No se trata de un conflicto Estado-Cataluña, ni de un proceso al pueblo catalán, enunciados que afortunadamente ya ha asimilado gran parte de la opinión pública extranjera. Se trata de evitar que nadie entorpezca la aplicación de la ley. Duro test de resistencia.