Abandonados por todos

Cualquier adulto enfrentado a la sentencia del Tribunal Supremo reconoce la cercanía del fiasco. El derivado de un Código Penal insuficiente. Ante cuyo vacío los jueces parecen tentados de ponerse circenses. ¡La ensoñación! Sus dudas, las únicas que suscitan 500 páginas de

diamante, están relacionadas con las abdicaciones de sucesivos gobiernos centrales. Incluidos, y destacados, los presididos por Mariano Rajoy. Negligencias todavía más dolorosas porque habíamos asumido que sólo en el centro derecha restaban políticos comprometidos con la salvaguarda de la nación. Rajoy aplicó el 155, que parecía la bomba atómica, pero sus paracaidistas dejaron intacta la leonera de TV3. ¡Si ni siquiera limpiaron los lazos de las fachadas! Ay, la oficina de la vicepresidente Soraya Saénz de Santamaría, coronada de mano de Junqueras y rematada con el ridículo de los colegios okupados y Puigdemont en fuga tras irse de chatos. O las declaraciones del ministro de Hacienda, que entrevistado por Jorge Bustos afirmó que el 1-0 no salió de nuestro bolsillo. «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público». Niquelado, oigan. ¡Qué decir de los responsables de educación¡ Un día le pregunté a Francisco Oya, profesor de Historia del instituto Joan Boscà de Barcelona, miembro de la asociación de Profesores por el Bilingüismo, suspendido de empleo y sueldo por la Generalidad por discutir sus mandatos totalitarios, si se había sentido desprotegido. «No es sólo que me sienta desprotegido yo a nivel personal», respondió, «es que objetivamente todos los funcionarios constitucionalistas estamos desprotegidos y abandonados por el Gobierno de la Nación ante estas situaciones de acoso. Y no sólo en la enseñanza». El ministerio, dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, no hizo público el informe de la Alta Inspección del Estado. Tampoco archivó los expedientes contra los funcionarios represaliados. Y hay que ver lo bien que lo pasaba aquel ministro de Exteriores cuando peroraba sobre el mágico proyecto de Constitución sanadora

y todopoderosa y reparadora que guardaba en una caja fuerte. Pero nada subraya mejor el abandono, la colosal pereza, la criminal desidia, y hasta qué punto Rajoy y los suyos se desentendieron, que aquella propuesta de UPyD, año 2012, cuando Rosa Díez propuso restituir el artículo 214 del Código Penal, liquidado en 1995, con la reforma de Belloch.

El 214 castigaba como delito de rebelión el intento de desmochar el territorio o declarar la independencia de una parte sin necesidad de recurrir al violeta subterfugio de la violencia. Lo he recordado gracias a uno de mis analistas y politólogos favoritos, Mikel Arteta, que ayer recuperó un artículo de Carlos Berbell en el Confilegal de 2018. ¿Saben ustedes quién gobernaba entonces, en 2012, o sea, durante la décima legislatura de la democracia? El PP. Con mayoría absoluta en las dos cámaras. 186 diputados. 153 senadores. Rajoy entonces peleaba para salvar a España de los hombres de negro y de acabar con la economía pilotada por Bruselas. Pero no sólo había números. Existe la política. Los derechos políticos. Y gobernantes de la catadura de un Artur Mas, que acorralado por los recortes y en brazos del hormiguero supremacista se proclama Gandhi en la tierra, Moisés o MLK, tres en uno, al tiempo que planta la radioactiva semilla del intento de secesión. Fue entonces, con la bancada bipartidista diciendo jojojó, jajajá, jejejé, que Rosa Díez, la magnífica Rosa Díez, pidió recuperar el 214. «Es verdad que se nos ha planteado un problema», dijo, «es verdad que hay un gobernante en España que dice que está por encima de la ley y la Constitución. ¿Y ante eso no hay que reaccionar políticamente? Porque, insisto, la reforma del Código Penal es una reacción política, no penal. La penal la toman los jueces en su momento. Son decisiones que no le corresponden a esta cámara. Pero ante una afrenta, que lo es, de un gobernante que dice que está por encima de las leyes, y que va a vulnerar la ley. Un gobernante que tiene la obligación de cumplirla

sino de hacerla cumplir... Quienes tenemos la de proteger a las instituciones a través de la acción política, y de proteger a la democracia y de proteger a los ciudadanos de aquellos gobernantes que estén dispuestos a vulnerar las leyes tenemos que reaccionar, y tenemos que reaccionar a tiempo, para que tenga ese efecto preventivo, y para que el gobernante que dice que se va a saltar las leyes sepa que tiene consecuencias. De todo tipo. Que no es gratis saltarse las leyes. Que va a haber una reprobación penal. Cómo es posible... en fin, a cualquiera que le expliques que en España tiene más castigo, no sé, convocar una concentración delante del Congreso que no esté autorizada que convocar un referéndum al margen de la ley te diría, no es posible. No es posible que en ese país el reproche penal para alguien que se concentra delante del Congreso de los Diputados sea mayor que para un gobernante que incumple las leyes, y que además avisa que las va a incumplir, o sea, que lo hace con conocimiento de causa. No es que se despiste sino que dice, no, yo estoy por encima de la Constitución». Finalmente preguntó si «vamos a esperar a que estén las urnas en la calle para reformar el Código Penal. ¿Vamos a esperar a que se produzca el drama?». A la vista de sus palabras, de lo que hizo el gobierno, de lo que votaron esa tarde, algunos tendrían que meterse bajo la alfombra. La gallofa golpista paseaba sus intenciones sin recato, a la vista de todos, mientras recibía tratamiento VIP de quienes, como Rajoy y quienes lo antecedieron en Moncloa, estaban obligados a proteger la soberanía popular. No digo que fuera fácil. Sostengo que fue un cachondeo.