Realidad equivalente

Hoy acabarán por constituirse las Salas de Gobierno de los tribunales, fruto de las pasadas elecciones del 26 de noviembre. Se preguntarán de qué hablo, pues muy sencillo: el gobierno de los tribunales de Justicia recae en esas Salas, única posibilidad –junto con los decanatos– que tenemos los jueces de elegir a nuestros gobernantes. Ejercen lo que se llama el gobierno interno, a diferencia del externo ejercido por el Consejo General del Poder Judicial y que, por breve tiempo –entre 1980 y 1985–, también era elegido democráticamente por los jueces hasta que el partido socialista entregó esa elección a los partidos políticos.

Estas elecciones las ha ganado una vez más la Asociación Profesional de la Magistratura, con el 52% de los votos, seguida de la asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente. Como se ve, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia –pese a que tanto suena– no parece ser la preferida por la Judicatura, pero es lo mismo: su fuerza no radica tanto en tener peso entre sus iguales como de vivir de la etiqueta mediática del progresismo, y de ser el brazo judicial de la izquierda política e ideológica, lo que no ocultan: vaya como último ejemplo su satisfacción por el pacto de gobierno socialcomunista, lo que dejó perplejos a los desinformados.

No sé si estas elecciones serán las últimas manifestaciones de democracia interna en la Judicatura. Si cuaja ese pacto y a la vista de lo que evidencia sobre el tejido de la Judicatura –apoliticidad y profesionalidad–, no sería descartable una operación como la que en 1985 llevó a la elección política del Consejo General del Poder Judicial: lo que la izquierda no controla o lo elimina o lo inutiliza o lo transforma a su medida o lo entrega a sus afines. Todo le vale para hacerse con algún resquicio de poder. Quizás esto explique –y es un ejemplo– el mensaje que en los últimos meses lanza la izquierda política y judicial y que anuncia golpes de mano: como la Judicatura tiene un marcado carácter conservador hay que eliminar el sistema de oposiciones porque favorece a los hijos de las clases acomodadas. Así, como lo oyen.

En esta táctica influirán los peajes que el futuro gobierno socialcomunista vaya a pagar por el apoyo de los partidos independentistas. Estos nunca han ocultado su apetencia por la Justicia: es el único elemento del Estado que no controlan las actuales Comunidades Autónomas lo que les ha supuesto no pocos disgustos. Esto explica que los autores del Estatuto catalán –texto con hechuras de verdadera Constitución– atribuyesen a la Cataluña que diseñaba el gobierno y control de jueces y crease nuevos órganos de gobierno judicial, por supuesto de elección política. Como ese Estatuto diseña un Estado catalán, de momento federado, se iba avanzando en crear esas «estructuras de Estado» tan anheladas.

Tal plan lo desbarató el Tribunal Constitucional que recordó que el Poder Judicial es único y que la Constitución no lo repartió territorialmente, a diferencia del Ejecutivo y Legislativo. Cambiar ese esquema exigiría una reforma constitucional, empresa hoy día bastante complicada, de ahí que sea vaticinable que se eche mano a una doble estrategia: hacer una relectura de la Constitución y propiciar así una «realidad equivalente» a la independencia mediante un nuevo Estatuto o «superestatuto» al que se refería La Razón el domingo.

Lo primero pasaría por una renovación del Tribunal Constitucional que reflejase la «sensibilidad» de la actual mayoría parlamentaria y la previsible gubernamental; y lo segundo consistiría en rechazar la independencia, orillar la autodeterminación, pero a cambio de dotar a los territorios independentistas de un estatus que les haga cuasindependientes, fórmula muy atractiva pues se servirían de España para estar en la Unión Europea y como garantía financiera. Fuera de eso, no existiría en esos territorios.

¿Y la Justicia?, formalmente no se trocearía pero se crearían órganos de gobierno nuevos, de extracción territorial y política. Creados –eso es lo importante– poco a poco irían asumiendo competencias que vaciasen al Consejo General del Poder Judicial y a las actuales Salas de Gobierno; tampoco tendrían formalmente sus propios jueces, pero se les seleccionaría por autonomías y así cada territorio acabaría diseñando y gobernando su propia Judicatura.