Más reformas y menos populismo para el campo

No jugar con las cosas de comer deja de ser una frase cuando hablamos del campo español. Porque el que juegue con los que proveen de alimentos a la población, con un sector que emplea directa e indirectamente a casi dos millones y medio de personas y que supone el 10% del valor añadido de la economía, es un irresponsable. Y la irresponsabilidad tiene efectos demoledores si se combinan adecuadamente el poder y la ignorancia.

Para saber que el campo está en una situación crítica no hacían falta manifestaciones en Extremadura, Castilla La Mancha o Madrid, pero las protestas –y su disolución violenta en algunos casos– sirven para poner en primer plano algunas verdades incómodas y muchas deficiencias que vienen de atrás. A los problemas estructurales se suman ahora las zancadillas impuestas por el Gobierno (más impuestos, más costes en energía y transporte, subidas no calculadas del salario mínimo…). Y todo ello siendo conscientes del gran reto de la despoblación de zonas rurales…

¿Está España abocada a tener su propio movimiento de chalecos amarillos? ¿Queremos ver en los próximos años, cuando negociemos la nueva Política Agraria Común (PAC), más protestas de agricultores y ganaderos, más gasolina que extienda el fuego en el campo? ¿Tenemos que soportar titulares y propuestas populistas –nada menos que del presidente del Gobierno, enfrentando al campo con los distribuidores y las grandes superficies, con un monumental alarde de desconocimiento– que solo sirven para empeorar los problemas?

No, esa no es la solución. En 2020 y en la UE, no tenemos por qué. Lo que sí hay que hacer es poner en marcha un proceso de modernización de la agricultura y la ganadería, una reconversión en la que se consigamos dar más poder de negociación a los agricultores a través de la promoción de asociaciones y cooperativas, de la fusión de explotaciones, reducción de los costes fijos e impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación. Solo así vamos a cuidar un sector productivo básico -y fundamentalmente estratégico-, proteger el empleo y aplicar el papel vertebrador de la agricultura y la ganadería a la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la despoblación.

Defender que el presupuesto de la PAC no se vea afectado por el efecto de la salida británica de la UE es vital; el Gobierno tiene que asegurar que esas cuentas no se recorten: estamos hablando de una columna principal en la arquitectura del sector agrario. Los productos, ya vengan de terceros países o Estados miembros de la UE tienen que competir en igualdad de condiciones y cumplir con la normativa europea. Es urgente la trasposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. Y hay que abordar sin demoras, a través de los incentivos correspondientes, una estrategia contra la atomización del sector cooperativo.

De cara al consumidor, necesitamos que la información que recibe sobre el origen y la composición de los productos que compra sea muy clara. Sin la obligatoriedad del etiquetado de origen para todos los productos frescos y manufacturados no hay garantías de confianza y trazabilidad.

Creemos también que hay que analizar con cuidado el impacto de las subidas del SMI y tomar medidas para reducir cargas fiscales e IRPF a los que vivan en municipios en peligro de despoblación; y que los autónomos en esos municipios deben beneficiarse de una tarifa muy reducida durante dos años, e incluso no pagar cuotas durante tres años si tienen hijos a su cargo. Es fundamental también un plan de choque contra la brecha digital rural (estamos hablando de casi el 20% de la población).

Hay que reforzar las competencias de la Agencia de Información y Control alimentarios, fomentar los canales cortos y las normas que facilitan las ventas directas y garantizar que se cumplen los plazos de pago entre los eslabones de la cadena alimentaria, y sin sobreprecios.

El sector agroalimentario es tan fundamental en el tejido social, cultural y económico de nuestro país que no nos podemos permitir un Gobierno que echa gasolina al fuego y que después se enfrenta al sector y lo confunde con malas explicaciones. Un gobierno que no sabe gestionar una situación como la que vivimos es el menos indicado para asumir estos retos y negociar la nueva PAC. La reivindicación de precios justos y rentabilidades suficientes solo se puede abordar con un plan ambicioso de reformas y modernización como el que proponemos, no con decisiones irresponsables ni subidas de impuestos, y mucho menos con medidas populistas con vocación de fracaso, como los controles de precios. Una gestión así no resuelve nada, empeora los problemas y, desde luego, es incapaz de resolver los desequilibrios en la cadena agroalimentaria.