Ataque al orden constitucional

Con su mesa para «el reencuentro» y el diálogo bilateral entre los Gobiernos de España y de Cataluña, Pedro Sánchez está a punto de romper el consenso constitucional de 1978. A pesar de la incorporación del término «nacionalidades», ni los constituyentes ni el texto abren la posibilidad de una negociación entre iguales entre España y Cataluña. Se puede y se debe dialogar con las fuerzas políticas, pero sabiendo lo que representa cada uno. La Generalidad, pese a quien le pese, no representa ningún pueblo catalán, ni una nación equiparable a la nación española. Lo que representa la Generalidad es al Estado en Cataluña, por lo que tratarla como una institución estatal de la misma entidad que el Estado español es mentir a los ciudadanos, engañarse a uno mismo y sobrepasar con mucho el propio mandato.

Nada bueno va a salir de esta farsa en la que, así como Torra va a jugar a representar algo que no representa, Sánchez va a hacer como que tiene una autoridad que no puede tomarse. El presidente del Gobierno no habla en nombre de una España sin Cataluña, como Torra no puede hablar en nombre de una Cataluña sin España.

Varias décadas de hacer como que el gobierno y la gestión de los asuntos catalanes corresponden sólo a los nacionalistas quedaron superadas cuando, a raíz del proceso de independencia y el levantamiento nacionalista, los catalanes no nacionalistas, tan catalanes como estos, abandonaron el segundo plano y el olvido al que se les había condenado. Sánchez y el PSC creen que pueden restablecer la situación primera obviando lo ocurrido después del 1 de octubre. Y para eso no sólo necesitan devolver al olvido a los catalanes no nacionalistas. También les hace falta una refundación del edificio constitucional que quiebre el consenso del 78 y abra un nuevo pacto protagonizado por las fuerzas que componen el gobierno progresista y sus aliados nacionalistas e independentistas.

Con tal de apuntalar el principal argumento de su acceso al poder, que es cerrar la puerta a «la derecha», Sánchez se dispone a hacer como que la Constitución y el consenso del 78 le permiten fundar una nueva nacionalidad española de la que quedarán excluidos todos quienes piensan que españoles, lo somos todos. El daño que se dispone a infligir al Estado, a la nación y a la ciudadanía es imposible de calcular.