Rigoberta en Vicálvaro

Un buen amigo, un tipo al que admiro, me afea mi sorpresa por la furiosa reacción podémica a la sentencia contra Isa Serra. Considera que los 19 meses de cárcel son una barbaridad, guau. 19 meses que por cierto no cumplirá porque no suman dos años y carece de antecedentes. Pero la diputada autonómica no ha sido condenada por tratar de paralizar un desahucio. Ni por manifestarse, gritar en la calle, expresar su opinión, silbar sesentayochistas tonadas o jugar a ser la Rigoberta Menchú de Vicálvaro. Tampoco por defender que el derecho a una vivienda, consagrado en la Constitución, sea un derecho fundamental y no una mera declaración programática, de intenciones, vamos, más ornamental que otra cosa y sin protección reforzada. Todo eso está muy bien, o no, puede hacerse, discutirse o plantearse. Pero resulta que la política profesional, antigua militante de Anticapitalistas, ha sido condenada por agredir e insultar a unos funcionarios públicos que trataban de cumplir con la orden de un juez. Un juez, mon Dieu, que sentenció de acuerdo al ordenamiento jurídico que nos damos los ciudadanos. A lo mejor mi amigo considera que los delitos de desacato, atentado contra la autoridad, agresión, etc., están excesivamente penados. Bien, pues que el PSOE y Podemos propongan su reforma. Que para eso gobiernan. Igual que ya tardan, por decirlo con el profesor de Constitucional, Josu de Miguel, en «aligerar algunos delitos de opinión que el TEDH ha puesto varias veces en entredicho». Poco más. Excepto que cabe recurso. Aunque el tribunal de rango superior, el Supremo, no puede meterse a revisar la valoración excepto si la sentencia del TSJ careciese de toda lógica y constituyera una evidente infracción de ley. Luces y sombras de los aforados, o sea. Carecen del parachoques de la segunda instancia pero a cambio se libran de un juez. Que no haya doble instancia para los aforados está avalado por el TEDH. Y sorprende la alarma de quienes ahora denuncian excesos punitivistas y hace meses aspiraban a mandar a galeras a los condenados por delitos sexuales. Ya de los delirios de diputados como Echenique, que plantea que los jueces habrían prevaricado, pues en fin, pues oye, pues a hágase Bolonia y que arda el mundo. Abruma, por siniestro, el runrún de una casta sacerdotal que trata de delincuentes a quienes condenaron, por agresora, a una de los suyas.