Las recientes críticas del vicepresidente Pablo Iglesias al Poder Judicial, no serían más que eso, sino fuera por el contenido y las circunstancias en las que se han producido. Mal está que un vicepresidente de un gobierno produzca una descalificación tan grosera del Poder Judicial, prácticamente acusando de prevaricación a los miembros de una sala de justicia, y ello porque no admite que una compañera de partido haya podido cometer un delito; más en mi opinión no considero muy afortunado que la portavoz de su gobierno enmarque este desatino en un normal ejercicio de la libertad de expresión, y tampoco que el presidente de gobierno realice una suerte de escindibilidad de las manifestaciones del vicepresidente en su condición de líder de un partido, y como tal pueda emplearse con semejante tono. Esto quiere decir que un miembro de un Ejecutivo, por ejemplo, el presidente, que a su vez es secretario general de su partido, pueda en esta condición deslegitimar a otro poder del Estado cuando le venga en gana, desprendiéndose en ese momento de la condición de presidente, no creo que esto sea correcto. Un presidente de un gobierno, y en este caso un vicepresidente, lo es de forma inseparable en su discurso cuando se refiere a otro poder del Estado y a sus integrantes, no se puede entender de otro modo. El respeto entre instituciones y entre poderes es básico en una democracia; nadie puede oponerse a que un miembro de un gobierno pueda mostrar su discrepancia con un resolución judicial, faltaría más, expresar que no se comparte una resolución judicial es totalmente legítimo, decir que un juez ha podido haber errado en su decisión también, ofrecer alternativas a la resolución judicial sin lugar a dudas, pero llevar a cabo una general deslegitimación de los jueces en su actividad sobre la base de atribuirles prejuicios tales como que amparan a los ricos y poderosos, además de no ser cierto, es sencillamente insultar a los miembros del Poder Judicial atribuyéndoles una actuación inmoral, injusta y cuasidelictiva. En el marco de una sociedad democrática es legítima la crítica válida y constructiva a las resoluciones judiciales, pero nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto, porque a quien descalifica de verdad es al que lo profiere colocándose en un lugar nada acorde a un mínimo espíritu democrático.