“El difícil dilema de Casado”

Hay que reconocer que Casado no lo tiene fácil. El Gobierno ha creado un escenario endiablado para obligarle a apoyar la nueva prorroga del Estado de Alarma. En diversas ocasiones me he expresado en contra de la utilización de este instrumento constitucional y, sobre todo, de la concepción expansiva y autoritaria en la limitación de derechos y libertades públicas. Y no me parece bien, por supuesto, este despropósito, que también utilizó el PP, de gobernar a golpe de real decreto ley.

No estuvo muy atinado en su día el Tribunal Constitucional a la hora de validar esta fórmula en base al pintoresco criterio de oportunidad política. Una técnica legislativa no puede estar basada únicamente en el juego de las mayorías que coyunturalmente existan en el Congreso de los Diputados. Lo que se dirimía es si se puede usar caprichosamente esta fórmula para hurtar el debate parlamentario y si realmente respondía a la previsión constitucional de extraordinaria y urgente necesidad. Espero que algún día el Alto Tribunal resuelva esta contradicción con un sentido estrictamente jurídico y no para complacer a los partidos en el gobierno.

Casado tiene que decidir ahora si apoya o no la prórroga y lo tiene que hacer con la presión que le ha sometido la coalición gubernamental. Esta claro que será responsabilizado si se produce un repunte en las cifras de la pandemia a lo que se une el chantaje de que no hay un Plan B. Por cierto, si apoya la prórroga y hay un repunte de quién será la responsabilidad, ya que los políticos y opinadores de izquierdas se han puesto muy chulos en su estigmatización del PP. Una reacción visceral, que por lo general es la menos aconsejable, podría conducir a negar el apoyo. Es muy arriesgado.

Otra cuestión es anunciar que es la última vez y que el Gobierno tiene la responsabilidad de negociar con la oposición, porque no se puede plantear este tema, como ha sucedido hasta ahora, como un trágala. Desde la izquierda hay la tentación de mantenerlo hasta que termine la pandemia. Esto llevaría al absurdo, ante el temor de un repunte en otoño y la ausencia en este momento de una vacuna y un tratamiento, de mantenerla sine die adaptándolo cada quince días a los intereses gubernamentales. Es inaceptable. Hay que fijar ya una fecha y unas condiciones que sean asumidas por las comunidades y la oposición.