Voracidad de poder

Decía el ex primer ministro británico John Major a propósito de la cuestionable gestión de su sucesor Tony Blair en la guerra de Irak que ante situaciones de grave emergencia nacional no sirve que los gobiernos se escuden en que la crisis no tiene precedentes para acaparar más poder o justificar errores, sino que su trabajo consiste precisamente en eso, en gestionar «crisis sin precedentes». Y en estas nos encontramos, ante un nuevo «¿que hay de lo mío?» hoy en el Congreso por parte del Gobierno en lo relativo a la petición de un enésimo y más dilatado estado de alarma. Tal vez por ello este mucho más sobre la mesa del debate la pregunta a propósito de la compatibilidad entre seguridad sanitaria y libertades públicas. Dos conceptos bien ganados por la democracia y el estado de bienestar pero sobre los que da la sensación de que pretende establecerse una dicotomía derivada de la excepcionalidad de la crisis humanitaria que vivimos en España.

Convendría por lo tanto dejar muy claro de inicio el factor nada nuevo y especialmente arraigado en España –donde paradójicamente disponemos de una de las constituciones más garantistas del mundo– de la voracidad de poder por parte de la clase gobernante, máxime cuando los fundamentos ideológicos de esta se fundamentan en el intervencionismo estatal. Ergo, una cosa es que durante esa emergencia nacional convengamos en borrar algunas líneas rojas que se le marcan al Estado y otra bien distinta es que los políticos que ejercen la responsabilidad de gestionar la crisis se aprovechen de la tragedia para ampliar a discreción su poder, incluso colando resoluciones que en nada se corresponden con una lucha real contra la pandemia, como ha sido el caso de cegar el portal de transparencia, algo que sin ir más lejos convierte en opacos datos relativos a personas que trabajan a las órdenes del Gobierno desde estamentos científicos a empresas contratadas o subcontratadas para la compra de material sanitario.

Sumidos como estamos en una crisis sin precedentes que se cobra decenas de miles de fallecidos y con una economía noqueada a la espera de levantarse de la lona, el Ejecutivo ha conseguido activar todo tipo de resortes para ampliar su propio ámbito de poder. Es la obsesión secular de nuestra izquierda, más control sobre los ciudadanos, más control sobre los organismos del Estado incluso saltándose a la torera la división de poderes cuestionando a la Justicia y con el Parlamento cerrado, más control sobre las empresas, «más Estado» en definitiva acorde con esa no disimulada máxima del líder de podemos y vicepresidente Pablo Iglesias de recurrir a «sacrificios particulares» de todos los españoles en aras de un «interés general». Que nadie se engañe, puede que no existan planes «B» o «C» pero desde luego si el plan «A» solo pasa por hibernar hasta que escampe, entonces tenemos el padre de todos los problemas.