El IMV no es la única solución

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que afectará a unas 850.000 familias que no disponen de ingresos suficientes para poder costearse las necesidades mínimas. La crisis del coronavirus ha provocado un cierre continuado de empresas y negocios que ha afectado, de manera más fuerte, a los trabajos más precarios. Según estimaciones de Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el 20% por ciento más pobre de la sociedad suma unos 600.000 hogares y con el IMV se sacaría de esta situación de penuria a un 75%, de los que 100.000 lo recibirán de oficio, sin solicitarlo. El ministro José Luis Escrivá calcula que este grupo que no dispone de ingresos suficientes alcanza a 2,3 millones de personas. Esta renta supondrá un coste de 3.000 millones y se asignará en función de las condiciones personales de cada solicitante –ingresos y número de hijos– durante un periodo ilimitado de tiempo. Percibir el IMV no es incompatible con tener trabajo y otras fuentes de ingreso, si éstas no son suficientes, ni recibir otro tipo de ayuda y, de manera especial, las que proceden de las comunidades autónomas.

De ahí que sea incomprensible que el Gobierno no se haya coordinado con estas administraciones en un afán desmedido de capitalizar esta medida que, de manera especial, para Pablo Iglesias supone dar un paso importante en la imposición de su línea dentro del Gobierno. Pero hay que partir del hecho de que en estos momentos hay 293.302 titulares de prestación por parte de las comunidades autónomas (datos de 2018 del anterior Ministerio de Sanidad y Bienestar Social). Se trata de cuantías que van de los 644,49 euros a los 915,47 del País Vasco, que, por cierto, es el territorio que más titulares tiene (72.341); de los 442,86 a los 730,88 de Asturias (con 22.305 perceptores); de los 604 euros a los 1.221,60 de Cataluña (con 28.572); o de los 400 a los 735,90 de Madrid (con 33.000), por citar los que más dependientes existen de estas ayudas. Es decir, la lógica indica que el IMV se debía haber coordinado con estas administraciones y no duplicar gasto cuando en muchos casos no sería necesario. Quedan al margen otras prestaciones, como becas de estudio o ayudas por vivienda. Sin embargo, con el único partido con el que el Gobierno ha negociado ha sido con el PNV con el objetivo de limar asperezas después del pacto con Bildu, pero nunca con el objetivo de mejorar o corregir la medida en cuestión –sea la reforma laboral o el Ingreso Mínimo–, sino por demostrar su influencia política y beneficiar en exclusiva al País Vasco. En este caso, esta comunidad será la única, junto a Navarra, que gestione el IMV, lo que le permitirá duplicar las ayudas en plena campaña electoral. Andoni Ortuzar, líder de los nacionalistas vascos, celebró esta concesión diciendo, como siempre, que se trataba de contrarrestar el proceso de «recentralización» que se estaba viviendo en plena pandemia.

El Ingreso Mínimo puede ser útil para frenar un situación dramática que afecta a miles de familias que tienen a su cargo niños y menores en edad escolar, pero no debería entenderse como la gran solución a la gran recesión económica a la que nos encaminamos. Lo importante este tener políticas activas que creen puestos de trabajo, desarrollo tecnológico y un mercado laboral adaptado a las nuevas condiciones, o ese debería ser el ejemplo que nos ha dejado el cierre de Nissan en Barcelona. La IMV no es una medida nueva y se aplica en otros países de nuestro entorno, con limitaciones condicionadas a que el beneficiario busque activamente un puesto de trabajo. En la medida de que es la Seguridad Social quien lo costea, la norma básica para su realización es que el total de las pensiones pagadas no supere el total de cotizaciones. Puede ser una medida necesaria, pero siendo conscientes de que incrementará el gasto público, lo que supondrá o más impuestos o mayor endeudamiento. Mientras, la Comisión para Reconstrucción sigue varada en un lodazal.