Grande-Marlaska debe dimitir

SESIÓN DE CONTROL DEL SENADO
Kiko HuescaEFE

Las últimas decisiones del Gobierno sobre la Guardia Civil han dejado al Instituto Armado en una situación insostenible, porque afecta a la credibilidad de un cuerpo con absoluta lealtad al orden constitucional y defensa de las instituciones democráticas. Es difícil de entender que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya actuado con tanta torpeza e irresponsabilidad, si es que descartamos, de momento, que haya habido intención de envenenar una relación que hasta ahora ha sido de colaboración, como no podía ser de otra manera. Es necesario, por lo tanto, que se asuman responsabilidades cuanto antes y se reconduzca una situación que afecta a una parte fundamental de nuestras Fuerzas de Seguridad en un momento especialmente difícil. Los hechos se han impuesto y han destapado un engaño que debería tener consecuencias, si en este Gobierno queda algo de decencia institucional.

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha admitido por escrito que el coronel al mando de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por no comunicar a sus superiores las diligencias judiciales sobre el 8-M, tal y como la magistrada que abrió el caso exigió. Así se revela en un documento de carácter reservado firmado por Gámez y dirigido al secretario de Estado de Seguridad: por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento». Es decir, el coronel Pérez de los Cobos cumplió con su obligación, aunque la investigación reclamada por la titular del Juzgado número 51 de Madrid considerase impropio realizar actos masivos, como la manifestación del 8-M, autorizados por la Delegación del Gobierno. Es decir, el Poder Judicial no puede supeditarse a los intereses de un Gobierno ofuscado por su debilidad política y dispuesto a sacrificar las instituciones del Estado para asegurar su supervivencia. Es más, la Ley General del Poder Judicial establece en su artículo 550 que «en las funciones de investigación penal, la Policía Judicial actuará bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal». Aun conocedor de esta norma, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó a Pérez de los Cobos por «pérdida de confianza», aunque ocultó que el coronel de la Guardia Civil había cumplido con su obligación. Que su fulminante destitución se produjera inmediatamente después de que Gámez conociese el informe judicial y ordenase su cese, invalida los argumentos del ministro y de la directora general. La supuesta «reestructuración» de su «equipo» y de su «proyecto», tal y como anunció Grande-Marlaska, no coincide con los hechos de-sencadenados. Mintió en sede parlamentaria, en el Congreso y en el Senado, incluso Sánchez salió en su defensa el pasado domingo. La situación es especialmente grave, porque el ministro del Interior mintió, y mintió la directora general de la Benemérita. Al frente de este cuerpo no puede estar alguien que antepone los intereses partidistas de un Gobierno a la lealtad constitucional, que es lo que rige a esta institución.

No hay más salida: Grande-Marlaska debe presentar su dimisión y debe ser aceptada por un Sánchez que ha causado una crisis innecesaria en la Guardia Civil. No todo vale. Las instituciones del Estado no pueden estar al servicio del Gobierno, ni ser manejadas como meros apéndices de un poder político sostenido, además, por partidos declaradamente contrarios a la Constitución. Bastante destrozo ha hecho el coronavirus en nuestra sociedad, como para que el Gobierno maltrate de esta manera a un cuerpo ejemplar con el apoyo necesario de las fuerzas independentistas, ERC y Bildu, y la maquinaria demagógica de Podemos, conjurados en una campaña indigna contra la Guardia Civil. España no se puede permitir un deterioro institucional de este calibre.