Sin el PP no hay acuerdos de Estado

Sesión de Control al Gobierno
Chema MoyaEFE

Ayer se produjo una escena que resume con claridad el desprecio con el que trata Pedro Sánchez a Pablo Casado. Primero, eufórico por el resultado de la cumbre europea y los beneficios que puede tener para España –aún sin explicar al detalle los contenidos–, le recriminó que el PP no hubiese ayudado en nada para conseguir 140.000 millones de euros. Después, también en el Congreso, fue el voto de los populares el que permitió aprobar el capítulo europeo de la Comisión de Reconstrucción. No sirvió que Casado le adelantara el sentido de su voto y que «para las propuestas responsables sí podrá contar» con el PP. Ese es el sectarismo que ha marcado desde el principio la Comisión por la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, una herramienta que era indispensable para acordar un propuesta común y que se ha convertido en una herramienta para reforzar aspectos del programa del Gobierno, incluso los más ideológicos como los referidos a la educación.

En definitiva, el pleno del Congreso ha rechazado el dictamen de medidas sociales por tres votos y ha aprobado por uno solo la reactivación económica gracias al apoyo de la oposición, Cs y PP. Los dictámenes de sanidad y política europea han salido adelante por la suma de socialistas y populares. La derrota ayer de la coalición de gobierno no fue más severa porque la oposición actuó responsablemente, y fue precisamente entre los socios de la moción de censura, sin duda, un variopinto grupo sin conexión programática , donde se produjeron las deserciones. Es decir, la única manera de sacar adelante acuerdos importantes en el tema sanitario, económico y europeo es siendo socorrido por el centroderecha. Es un buen síntoma si Sánchez mantuviese una actitud más constructiva con la oposición. Desgraciadamente, parece que no están en su horizonte, de momento. En el tema económico ha sido determinante el papel de Cs, que, por un solo voto, consiguió eliminar la denominada mochila austriaca, suprimir la regla de gasto hasta 2022 o el empleo del superávit de las comunidades y ayuntamientos en el pago de gastos derivados del coronavirus. Donde sí ha habido un amplio consenso es en la parte sanitaria, con un papel relevante de la popular Ana Pastor, que se empeñó hasta el último minuto en que saliera adelante, aún sin que los socialistas se hayan comprometido a elaborar el Plan Nacional por la Sanidad y que Casado ya le había presentado a Sánchez con el nombre de Plan Cajal. Por contra, se ha acordado la Agencia Nacional de Salud, un órgano de coordinación con las comunidades autónomas –una necesidad que esta pandemia ha evidenciado– y una renovación profunda de los centros sanitarios. Por contra, el apartado donde PSOE y Unidas Podemos pusieron toda su artillería ideológica fue en la educación, al no incluir a la concertada en las ayudas previstas por el fondo del coronavirus. Suponía un ataque directo a la libertad de educación y elección de centros de enseñanza, además de subestimar el papel de la concertada en el engranaje formativo de nuestro país, donde se concentra el 28,9% de alumnos.

Plantear en la Comisión de Reconstrucción el modelo educativo que quiere imponer la coalición PSOE-UP ha sido un error monumental, puede que cegados precisamente por la profusión de eslóganes ideológicos en los que se está apoyando en los últimos tiempos el izquierdismo, basado en criterios diferenciales. Ni sus propios votantes hubiesen entendido que a la concertada se la hubiese considerado poco menos que un sistema educativo privilegiado, cuando le guía un claro sentido público. Este apartado salió derrotado ampliamente gracias a que Vox participó en la votación, cuando había estado ausente de esta comisión. El resultado del pleno de Congreso de ayer deja claro que el Gobierno no podrá sacar adelante políticas serias como le exige ahora Europa si no es con el apoyo de la oposición.