Una Fiscalía al servicio del Gobierno

No creo que nadie fuera tan ingenuo como para pensar que la actual Fiscalía General del Estado no actuaría conforme al criterio de oportunidad política al servicio del Gobierno en cuestiones como las querellas interpuestas por la gestión de la covid-19. Es llamativo que se pida la inadmisión de todas. Ninguna merece otro tramite que la indiferencia más absoluta. El teniente fiscal del Tribunal Supremo ha dirigido la operación y junto a un equipo escogido las ha tratado de forma individualizada en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos. Es sorprendente que un conjunto de abogados haya presentado estas iniciativas con acusaciones tan graves como delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro sin que ninguno merezca su admisión. Estaríamos ante un caso de impericia profesional, dicho irónicamente, espectacular. ¿Pueden tantos abogados estar equivocados de lleno en la formulación de sus querellas hasta el punto de que no merezcan ser admitidos a trámite, aunque luego se archiven? La contundencia de este grupo de fiscales resulta impresionante.

Está claro que no se hizo nada mal según el criterio del ministerio público, que, por cierto, no debería estar al servicio del Gobierno, sino que tiene la misión constitucional de promover «la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley». No he encontrado ningún artículo en la Constitución que diga que está al servicio del Gobierno. Es más, forma parte del Título VI Del Poder Judicial y no del V referido al Gobierno y la Administración. El problema de fondo es que no se ha dotado de bastante independencia a la Fiscalía y en lugar de admitir a trámite, algo que parece razonable, aunque luego se desestime, se opta por una acción clara y contundente para que no exista ninguna duda de cuál es la visión de la izquierda sobre el papel de los fiscales.

La responsabilidad penal es difícil de acreditar, pero hay diversidad de opiniones y soy de los que considero que es mejor cerrar este tema bien que optar por un cierre en falso que dejará a mucha gente insatisfecha extendiendo la sombra de la duda. En cualquier caso, lo que vivimos me reafirma en la convicción de que no se puede permitir que la Fiscalía instruya los procesos. Es mejor que sean los jueces.