Proteger nuestra democracia

La democracia entendida como identidad entre gobernantes y gobernados, el autogobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, parece estar a salvo e inmune a revoluciones, y no lo está, en España debemos estar preocupados y mucho. Existe una concepción formal de la democracia, concebida como un método para la toma de decisiones en los asuntos de la sociedad, en la que no importa el contenido de tales decisiones; otra concepción, la material, atiende al contenido de las decisiones tomadas bajo el método democrático; si las decisiones no cuentan con unos principios básicos la democracia será un sistema vacío que podrá ser trastocado por movimientos con aspiraciones totalitarias y convertirse en algo muy distinto (Hitler, Venezuela, la Segunda República Española…), los ejemplos son muchos, sistemas inicialmente democráticos que por la radicalidad y falta de respeto de sus gobernantes al estado de derecho se convierten en sistemas repugnantes. Kelsen ya advertía del riesgo «El paradójico privilegio de la democracia: poder darse a sí misma su sentencia de muerte con sus propios métodos de elaboración de voluntad política, esto es, por medios legales». El gobierno actual, radical y radicalizado, está poniendo en serio riesgo el método democrático, las reglas del juego, y puede terminar corrompiendo nuestra democracia de forma muy peligrosa. El presidente Sánchez nos ha advertido que de no llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, reformará la ley orgánica del poder judicial para soslayar el consenso con la oposición en la elección de los miembros del órgano de gobierno, no cabe mayor desprecio a una ciudadanía sumida en este momento en el caos y la depresión. El presidente Sánchez sabe que no puede hacer lo que pretende, ya lo advirtió el Tribunal Constitucional en la STC 108/1986 «que la finalidad –de asegurar la pluralidad en el seno del CGPJ– se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero no puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 L.O.P.J.)». Ahora se pretende eliminar esta cautela legal que permitió al Tribunal salvar la constitucionalidad de atribuirle a las Cámaras el nombramiento de todos los vocales del CGPJ, y esto es un despropósito y una auténtica prevaricación legislativa insoportable. Decía Montesquieu que «No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia», y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa en nuestro país. Estamos ante un gobierno que comienza a poner en cuestión el método democrático, el estado de derecho, y todo ello, tan solo para mantenerse en el poder y colonizar todas las instituciones. Así se inician las degeneraciones democráticas.