Atropello constitucional

Hace una semana titulaba esta columna «Proteger nuestra democracia» alertando sobre los riesgos que para la misma entraña el actual gobierno, y no podía ser más premonitorio. Hemos presenciado como se ha sometido a la ciudadanía de Madrid a un chantaje sin precedentes, o el gobierno autonómico decretaba una orden sobre la base de la ley de medidas especiales en materia de salud pública con el mismo tenor que la fallida y chapucera orden comunicada del ministro IIla, o se decretaba el estado de alarma, y todo ello, como consecuencia de una resolución de un tribunal de justicia que constataba la chapuza legal del referido ministro. Voy a soslayar, no por importante, la artera invasión en una competencia de una comunidad autónoma y la alteración de su autogobierno, sino que quiero destacar la extrema gravedad del atropello constitucional que supone utilizar el estado de alarma, no para proteger la salud pública frente a un riesgo excepcional, sino para imponer un criterio de actuación diametralmente opuesto al que el equipo de sanidad de la Comunidad sostiene. Recordemos que el estado de alarma, como régimen de excepción, es un mecanismo contemplado en la legislación de un país para afrontar situaciones extraordinarias y graves (catástrofes, calamidades, epidemias…) que incluye mayores poderes para el gobierno así como la restricción de algunos derechos fundamentales. El estado de alarma solo se puede desplegar cuando como reza el art 1 de su ley reguladora, «circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes», y no es el caso. Aquí solo estamos ante un conflicto sobre dos formas diferentes de proteger la salud pública, actuar sobre las zonas con mayor incidencia del virus (como por ejemplo lo está haciendo Nueva York en los populares barrios de Brooklyn y Queens) o ir a una restricción indeterminada en todo el territorio de un municipio (que tratándose de Madrid hablamos de una población de 3.266.126 habitantes y una superficie de 604 Km2). No pretendo ahora establecer una comparación entre ambos tipos de medidas, aunque tengo muy claro que las aprobadas por nuestro Consejero de Sanidad, no solo son técnicamente mejores, sino acreditadamente eficaces. Pero ahora no es está la cuestión, sino como un presidente de gobierno obsesionado con el gobierno de la Comunidad de Madrid, para imponer un criterio de salud pública en contra del defendido por las autoridades regionales, abusa de la figura del estado de alarma de una forma tan grosera como contraria al texto de la norma que lo regula. No estamos ante circunstancias extraordinarias que «hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes», todo lo contrario, la situación epidemiológica en Madrid está controlada y mejorando ostensiblemente, estamos ante un auténtico delirio de prepotencia inadmisible en un estado compuesto como el nuestro. La actuación del gobierno central no solo es un atropello constitucional, es una torpeza propia de un gobierno pueril y radical. Los ciudadanos de Madrid no olvidarán como han sido utilizados en un contexto de soberbia y engreimiento.