El viejo cuento

Cuando en 2012 el Partido Popular tiró de mayoría para cambiar la ley y devolver a RTVE al redil del gobierno, el PSOE apenas alzó la voz porque ya había empezado a hacer el trabajo. En realidad, el proyecto de una RTVE plural y rentable comenzó su agonía cuando tres años antes Rodríguez Zapatero –que había impulsado y defendido un modelo de radiotelevisión pública que lo fuera de verdad, como había hecho Ruiz Gallardón en Telemadrid– cedió finalmente a las presiones del partido y la firme obstinación de su vicepresidenta Fernández de la Vega y parió una televisión sin publicidad, pero también sin alternativa. Privada de ingresos, se debilitó su independencia, y de paso se dejó libre un considerable pedazo del pastel publicitario que acaso pudieran aprovechar algunos medios afines. O al menos más cercanos al gobierno de lo que estaban siendo la tele y la radio públicas.

Cuando el PP ganó las elecciones de 2011 sólo tuvo que darle una vuelta más de tuerca regresando al marco legal anterior para volver a someter a RTVE y acabar con una fructífera etapa de insólito pluralismo y creciente prestigio de los medios públicos. En el verano del 2012 se consumó la fechoría.

Seis años antes, el Partido Popular y el PSOE habían pactado una modificación legal según la cual el Consejo de Radiotelevisión Española habría de ser elegido por el Congreso y el Senado en una mayoría de dos tercios, lo que exigía acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Nos va sonando, ¿verdad? Se ponía fin, con la Ley 17/2006 de cinco de junio, a la práctica tan perversa como habitual de nombrar un Consejo favorable al partido de gobierno que permitiera a éste mantener el control de los medios públicos. Rubalcaba y Zaplana acordaron que el primer Presidente de la nueva Corporación Radiotelevisión Española fuera Luis Fernández, un profesional independiente y poco dado a agachar la cabeza, a cuyo frente, los medios públicos lo fueron más que nunca. El rigor en la información y la independencia real del poder político, unida a una desactivación del poder sindical sobre la organización del trabajo y los contenidos, alumbraron la mejor época de la radiotelevisión pública. La obstinación de Zapatero en mantener la pluralidad – «ante la duda, haced periodismo», repetía Luis Fernández; «neutralidad, neutralidad», exigía su sucesor Alberto Oliart– no era compartida por parte del gobierno ni el aparato del PSOE. Eran tiempos de crisis económica negada como tal por el ejecutivo – «si a esto le llamamos crisis, cómo le llamaremos a lo que va a venir después», me confesó el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, a micrófono cerrado a mediados de 2008– en una estrategia de ocultación en la que no participaba RTVE, fuera del dominio del poder político. Y eso no se podía tolerar. Pero Fernández y su sucesor Oliart aguantaron las presiones y mantuvieron el prestigio y la audiencia creciente de los medios públicos entre los años 2007 y 2012 a pesar del brutal recorte económico tras la desaparición de la publicidad en Televisión Española. El Partido Popular, en la oposición, no dejaba de reconocer su sorpresa por el papel de exquisita neutralidad jugado por el nuevo Ente Público. Con tanto entusiasmo como para comprometerse, en público y en privado, a mantener aquel modelo de servicio plural, independiente, y, desde el punto de vista de la audiencia, incuestionablemente eficaz, a pesar de los recortes.

Pero del mismo modo que el PSOE no mantuvo el compromiso de Zapatero, en el Partido Popular se olvidaron del pluralismo en cuanto volvieron a tocar poder. Unos meses después de la victoria de Rajoy, la ley estaba cambiada y la radio y la tele se habían vuelto a asegurar al gobierno de turno. El PSOE bloquea, argumentaron.

Y así estamos ahora. Desde hace ocho años, Radiotelevisión Española sigue siendo lo que, salvo aquel lustro, que sirvió además para comprobar cómo el talento en libertad se expande entre los profesionales tanto como se retrae en un ecosistema adverso, siempre ha sido: la tele y la radio del gobierno.

Viene esto a cuento de la operación de derribo de la independencia judicial que ha puesto en marcha el bigobierno del PSOE y Podemos. No es comparable la dimensión de la infamia: una cosa es cambiar el sistema de elección de consejeros para mantener los medios públicos como aparato de propaganda , y otra, infinitamente más grave, hacerlo para rendir al único poder del Estado que no está sometido a la aritmética perversa de las mayorías trufadas de enemigos de ese Estado. Pero aunque el baile y su letra sean más feroces y hasta violentos, la música es la misma: cuando un poder recorta libertades es muy difícil volver atrás. Si un gobierno lima garantías para arañar poder, es altamente improbable que el que le suceda acepte perderlo.

Alguien debiera recordarle a Sánchez que la rueda se mueve, y lo que hoy mutilas difícilmente volverá a crecer, de modo que si algún día regresa el PSOE a la oposición, acaso se encuentre frente a un poder judicial controlado por su adversario. Es la lógica de la política patria.

Salvo, naturalmente, que el plan de Sánchez e Iglesias no contemple esa posibilidad, y el ataque al Poder Judicial forme parte de una voluntad de desmontaje institucional para perpetuarse en el Poder. Que tampoco es mala hipótesis.