El problema autonómico

Hace unos días, el diario francés Le Monde publicó un artículo de su corresponsal en España, Sandrine Morel, en el que se aseguraba que «el modelo descentralizado de salud pública en España es un fracaso». Morel tomaba como ejemplo para reforzar su afirmación el indecoroso espectáculo que desde hace meses ofrecen los gobiernos central y autonómico madrileño sobre las medidas que conviene adoptar para frenar la expansión descontrolada del virus. Lo que pueda opinar un medio extranjero sobre las cosas que nos pasan en España es tan válido o interesante como lo que un medio español pueda opinar sobre las cosas que pasan en otro país. Ejemplo: Francia es un país centralista y el virus también avanza sin control. Pero esta vez, el artículo ha tenido predicamento porque no es un diario de derechas el que cuestiona nuestro sistema autonómico sino Le Monde, el periódico de referencia del progresismo europeo.

Cuentan que en cierta ocasión alguien preguntó a François Mitterrand por qué no descentralizaba Francia de la forma en que se había descentralizado España. Y el presidente francés respondió que «España es un país rico. Francia no se lo puede permitir». Sea cierto o apócrifo ese sarcasmo de Mitterrand, sea acertada o no la opinión de Le Monde, la realidad es que el virus no solo ha provocado enfermedad, muerte y pobreza, sino que ha desvestido nuestro sistema autonómico hasta mostrar sus fisuras. El último episodio resulta revelador y desalentador: todas las comunidades que han solicitado a Moncloa que se decrete el estado de alarma están gobernadas por el PSOE o por socios parlamentarios del PSOE, y ninguna comunidad del PP lo ha solicitado. No es gestión. Es política. Por ambos bandos.

Gestionar esta pandemia y acertar cada día con las medidas adecuadas es muy difícil. Pero la situación se complica si todo lo que se hace está trufado de partidismo. Porque se adoptan decisiones o se evita adoptarlas por ganar una batallita contra el adversario, o por exponerlo a la intemperie pública.

Por partidismo, PP y Vox hicieron creer a sus seguidores –de forma irresponsable– que el estado de alarma para enfrentarse a la pandemia era una especie de poder absoluto que permitía al Gobierno convertir España en un campo de concentración. Los excesos tienen mucho éxito en este tiempo en el que cualquier exageración se trompetea como si fuera un axioma incuestionable.

Por partidismo, el Gobierno dejó de pedir prórrogas del estado de alarma cuando comprobó que podía perder la siguiente votación. No iba a aceptar la imagen de un presidente derrotado. Los gestores monclovitas entendieron esa evidente impotencia parlamentaria como algo humillante porque exhibía ante los españoles su fragilidad política. Y, como represalia, tomó la decisión de no asumir por más tiempo responsabilidades en la gestión de la pandemia. Esa labor, y las consecuencias políticas que tuviera, sería de otros: de las autonomías. Apáñense.

Este fracaso no cuestiona el modelo de Estado autonómico, pero sí deja en evidencia sus lagunas. Con el nuevo estado de alarma decretado ayer hay otra oportunidad –tristemente tardía– de gestionar mejor la situación, y de hacerlo ahora dejando a un lado el partidismo.