Memoria selectiva

En medio de una tragedia con más de 60.000 muertos, el Gobierno ha decidido que una de las grandes prioridades ha de ser legislar sobre lo que denominan Memoria Democrática, anteriormente conocida como Memoria Histórica. Se trata de una revisión al revisionismo del período de la transición democrática que comenzó hace una década Zapatero, y que ahora quieren actualizar el presidente Sánchez y su copresidente Iglesias, por la «nueva situación sociopolítica», según reza el anteproyecto de ley. En la exposición de motivos del proyecto se dice que «la consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar la verdad y la justicia sobre nuestro pasado» y que «el olvido no es una opción en una democracia».
Esta pomposa redacción obvia dos realidades. Por un lado, los esfuerzos de la comunidad historiográfica, que nunca ha dejado de buscar la verdad. Y, por otro, la existencia de un poder judicial independiente, máximo garante de la justicia, con jurisdicción sobre los hechos presentes, pasados y futuros. Las intenciones expuestas en el párrafo citado chocan con las limitaciones de la Ley, pensada exclusivamente para los victimarios producido por la Guerra Civil y por la Dictadura, ignorando un drama más reciente de nuestra historia, como es la existencia de más de 1.000 muertos causados por el terrorismo de ETA y los gravísimos atentados yihadistas en Madrid y Barcelona. Más que democrática, parece que estamos ante una Ley de Memoria Selectiva, porque los impulsores del recuerdo de la Guerra Civil sostienen, de forma incoherente, el discurso de que para superar las secuelas del zarpazo de ETA son necesarios el olvido y que las víctimas pasen página de una vez.
Creo en la dignificación y reparación de las víctimas de cualquier injusticia, pero nunca con descarado sectarismo. No es de recibo que se juegue a deshojar la margarita de la memoria y de la amnesia, según convenga el debate, en función de los socios que tenga el Gobierno o de la estrategia de polarización de la sociedad que convenga a sus estrategas. El retrovisor de la memoria selectiva con el que el Gobierno ha redactado esta Ley solo tiene como intención dividir a los españoles. El territorio de la confrontación y la crispación le es grato al actual Gobierno de España, porque convertir en Ley su imaginario ideológico de un país en blanco y negro, con buenos y malos, les permite, eso creen ellos, seguir siendo los que reparten los carnés éticos y democráticos.
Es, en definitiva, una Ley que genera debates sobre el pasado, para no hablar del presente, esta realidad cotidiana y muy actual de un Gobierno radical que está fallando en todo frente a la peor pandemia en un siglo. El mismo Gobierno que no ha sido capaz de proyectar una ley de pandemias en nueve meses, quiere legislar para que los españoles reabran las heridas de algo que pasó hace más de 80 años. Estamos ante el gobierno de la desmemoria más que de la memoria, de la ignominia mas que de la dignidad, en definitiva ante un gobierno que desprecia a España y a los españoles.